Jeff Jacoby
Boston (AIPE)- Nada que el presidente Clinton puede hacer llena el vacío de la pérdida de seres queridos. Pero, al menos, los familiares de las víctimas del terrorismo internacional deberían tener el derecho a demandar a las naciones que enviaron a los asesinos. Tal principio fue defendido enérgicamente por Clinton ante las cámaras de televisión el 26 de febrero de 1996, dos días después de que la fuerza aérea cubana asesinó a cuatro pilotos cubano-americanos desarmados.
"Estoy pidiendo al Congreso la promulgación de una ley que permita compensación inmediata a las familias, a lo cual tienen derecho bajo el derecho internacional, tomado de las propiedades cubanas congeladas en Estados Unidos. Si el Congreso promulga esa ley, podemos proveer de inmediato la compensación".
En pocas semanas, el Congreso aprobó la ley que Clinton pedía, la Ley Antiterrorista de 1996. El presidente la firmó con bombo y platillos. Por primera vez se le otorgaba el derecho a ciudadanos estadounidenses a demandar en los tribunales federales a los gobiernos extranjeros que patrocinan terrorismo y cobrar lo determinado por la sentencia de las propiedades de esos gobiernos, congeladas en Estados Unidos.
Uno de los invitados a la firma de la ley en la Casa Blanca fue Stephen Flatow, cuya hija -Alisia- había sido asesinada. Ella era una estudiante de la Universidad de Brandeis y estaba pasando un semestre en el exterior, cuando terroristas islámicos volaron el autobús donde viajaba. Flatow decidió hacer uso de la nueva ley y demandar a Irán. Cuando Clinton se enteró, le dijo "sabemos lo que está haciendo y lo respaldamos 100%". Cuando los abogados de Flatow pidieron información sobre las propiedades de Irán en este país, el gobierno se las dio.
En días pasados, Flatow declaró a la prensa, diciendo que si no hubiera contado con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, no hubiera demandado. Los familiares de los pilotos cubanoamericanos, Armando Alejandre, Carlos Costa, Pablo Morales y Mario de la Peña, también demandaron, motivados por el apoyo oficial.
En diciembre de 1997, a las familias de la Florida el tribunal federal de Miami les adjudicó 187 millones de dólares en daños. Tres meses más tarde, a los padres de Alisa Flatow, otro tribunal federal les adjudicó 247,5 millones de dólares contra el gobierno de Irán.
Pero, de la noche a la mañana, todo cambió. La administración Clinton comenzó a hacer todo lo posible para evitar que las familias cobraran un centavo. El Departamento del Tesoro rehusó entregar parte de las propiedades congeladas a Cuba y a Irán. Sorprendido, el Congreso promulgó una enmienda impidiendo que el Departamento del Tesoro obstruyera la entrega del dinero a las familias de las víctimas. Clinton firmó la enmienda con una mano y con la otra firmó un reglamento suspendiéndola por razones de "seguridad nacional".
La hermana de uno de los pilotos muertos preguntó, "¿cómo le decimos a una madre que ha perdido a su hijo, a la esposa que ha perdido a su marido, que su propio gobierno está tomando el bando de los asesinos?"
La administración Clinton argumenta que las propiedades congeladas le sirven de palanca a los diplomáticos que negocian con las naciones terroristas y que permitirle a las familias cubanas de los pilotos cobrar sería injusto con los demás que han perdido sus propiedades confiscadas por Castro.
La traición de Clinton ha enfurecido a los congresistas que apoyaban a las familias de las víctimas. El propio senador Connie Mack de la Florida se pregunta, "¿qué mensaje estamos dando cuando el gobierno de Estados Unidos decide defender a los terroristas de las leyes de Estados Unidos y negarle la justicia a ciudadanos norteamericanos?"
El presidente Clinton ha aumentado la agonía de los familiares de las víctimas, tomando el lado de los terroristas, pero en La Habana y en Teherán los victimarios están felices. ©
Columnista del Boston Globe.