Julio César Centeno
La Gobernación de Mérida y la Alcaldía del Municipio Rangel violan las leyes e incitan a la anarquía. Atentan contra los parques nacionales Sierra Nevada y Sierra de la Culata, patrimonio natural de Venezuela, en defensa de oscuros intereses
El parque nacional Sierra Nevada es uno de los patrimonios naturales más valiosos de los venezolanos. Su peculiar belleza y su riqueza escénica lo han convertido en uno de los atractivos más importantes del país.
Es además fuente de servicios ambientales de incalculable valor. Suministra agua a una gran cantidad de poblados andinos, rurales y urbanos. Controla el clima y la precipitación en sus zonas de influencia. Ofrece una impresionante variedad de áreas de esparcimiento. Abarca un territorio rico en minerales y diversidad genética, con el potencial de convertirse en importante fuente de progreso para generaciones futuras de venezolanos.
Pero el parque es también objeto de la codicia. En este caso con el apoyo de autoridades regionales, con el objeto de aprovechar sus riquezas naturales para el beneficio propio. Se persigue la desafectación de partes del parque nacional y la posesión de la tierra, para el desarrollo de actividades agroindustriales y turísticas, de carácter privado.
Así, en el Parque Nacional Sierra Nevada se han venido construyendo tres carreteras y otras obras de infraestructura, en abierta violación de la legislación vigente. En contra de disposiciones y recomendaciones expresas del Instituto Nacional de Parques y del Ministerio del Ambiente, y en violación del plan de ordenamiento y del reglamento de uso del parque.
Algo similar ocurre en el parque Sierra de la Culata, donde se ha venido construyendo ilegalmente otra carretera, de Mifafi a Mucumpis, atravesando el parque, sin autorización alguna por parte de las autoridades competentes. El Instituto Nacional de Parques (Inparques) ha señalado que los cortes de talud se realizan con dinamita, maquinaria pesada suministrada por IAAGRO (dependencia de la gobernación) y un D8 de la constructora ROCAL. Los intereses colectivos y la autoridad del Ministerio del Ambiente han sido ignorados.
En Octubre de 1999, una coalición de grupos ambientalistas de Mérida, el Frente Ecológico Andino, introdujo una denuncia ante la Fiscalía Superior del estado, solicitando la paralización de la construcción de la carretera en el parque nacional Sierra de la Culata, y que se determinen las responsabilidades correspondientes.
Un informe de la superintendencia del parque nacional Sierra de la Culata, de fecha 2 de Noviembre de 1999, señala: "No se justifica desde ningún punto de vista la incompetencia del MARNR en este caso, ya que a pesar de las múltiples denuncias sobre la apertura de la carretera Mucumpis - Mifafí, y sobre los problemas de aporte de sedimentos rocosos y material vegetal generados a esta importante cuenca, no se tomaron acciones contundentes para la paralización definitiva de esta obra".
El informe de la superintendencia del parque Sierra de la Culata se refiere a daños a la cuenca alta del río Torondoy, afectando negativamente una serie de poblaciones a lo largo de la carretera panamericana. Tambien se ve amenazada la seguridad del acueducto triestadal de Torondoy, el cual sirve a los estados Mérida, Trujillo y Zulia.
En ambos parques, las carreteras son promovidas por el alcalde del municipio Rangel (Mucuchíes), José Avelino Villareal, con el apoyo del gobernador del estado Mérida, William Dávila Barrios. Villareal está también involucrado en el insólito caso de la matanza de los cóndores.
El Procurador General de la República ha señalado que las municipalidades no tienen competencia sobre los Parques Nacionales, y por lo tanto los alcaldes carecen de autoridad para otorgar permisos para la construcción de carreteras dentro de un parque nacional.
Por su parte, el Ministro del Ambiente, en comunicación dirigida a la Comisión de Ambiente y Ordenación Territorial del Senado, establece que las autorizaciones para la construcción de estas carreteras: "... han sido otorgadas por el ciudadano alcalde sin tener ningún tipo de competencia para ello, en violación de la normativa ambiental y de ordenamiento territorial, generando situaciones de antijuricidad e ilegalidad ambiental, y propiciando la anarquía y el irrespeto a las normas legales vigentes..."
Las carreteras se construyen en violación del Artículo 3 del reglamento de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, relacionado con la administración y el manejo de parques nacionales. Violan los artículos 4, 6, 10, 30, 32, 33, 86 y 88 del Plan de Ordenamiento del Parque Nacional Sierra Nevada, los artículos 7,8,12,17,18,19 y 34 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, y los artículos 2, 45, 47 y 57 de su Reglamento. Son delitos tipificados en los artículos 11, 13, 34, 43, 53, 58 y 59 de la Ley Penal del Ambiente.
La Comisión Permanente de Ambiente y Ordenación Territorial del Senado presentó un informe en donde se establece la ilegalidad que envuelve la construcción de estas carreteras y la violación de la legislación vigente. El informe destada la necesidad de aplicar las sanciones que establece la ley a los responsables.
El alcalde del Municipio Mucuchíes fue así multado por el Instituto Nacional de Parques. La multa fue por quinientos mil bolívares. Parte insignificante de la inversión que se realiza en la construcción de las carreteras.
En declaraciones a la prensa, la presidente de la Comisión de Ambiente del Senado se mostró sorprendida por lo irrisorio de la multa. Esperaba que al menos fuera pagada "...con dinero de su propio bolsillo, y no con el de los terrófagos a quienes pretendía favorecer con la carretera que diligentemente construía, con la incomprensible complicidad del gobernador de Mérida, Willian Dávila. La historia de desmanes que el alcalde y sus asesores han cometido contra los parques nacionales y contra las fuentes de agua del río Chama son de vieja data".
La alcaldía del Municipio Rangel y la Gobernación de Mérida pretenden justificar su comportamiento argumentando que estas carreteras mejoran la calidad de vida de los campesinos de la zona. Procederán con sus atropellos, independientemente de lo que establezcan las leyes o los reglamentos. Promueven así la anarquía, cuyas consecuencias pueden ser devastadoras. Especialmente en una sociedad hastiada de los excesos y corruptelas de los gobernantes de turno. Cuando cada ciudadano actúa de la manera que le parece más conveniente, ya sea argumentando el beneficio propio o el de su grupo social, cercena su propia libertad, ya que otros tendrán también el mismo poder.
Los parques nacionales son recursos de utilidad pública. No deben convertirse, ni total ni parcialmente, en propiedad privada. Su aprovechamiento está dirigido exclusivamente al beneficio colectivo de todos los venezolanos.
La Constitución Nacional establece en su artículo 106: "El estado atenderá la defensa y conservación de los recursos naturales de su territorio y la explotación de los mismos estará dirigida primordialmente al beneficio colectivo de los venezolanos". La Ley Orgánica de Ordenación del Territorio establece que los parques nacionales "... están sujetos a un régimen especial, en beneficio del equilibrio ecológico y el bienestar colectivo"
La construcción de las carreteras continúa.
Julio Cesar Centeno, PhD
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