La Cumbre que mañana comienza en La Habana será nuevamente el crisol de la diversidad política, cultural, social y económica que caracteriza a los países de Iberoamérica, proyectada tanto hacia el exterior como hacia el interior. Para España será también el foro en el que podrá concretar sus criterios de actuación sobre un área fundamental de nuestra política exterior, compatible con su condición de miembros de la Unión Europea. La mayor presencia de nuestro país en el concierto internacional y, especialmente, en la Unión Europea, es un motivo especial para asumir un protagonismo comprometido con el desarrollo económico de la zona. Apoyar sus organizaciones comerciales subregionales, promover programas de reconstrucción de infraestructuras, impulsar la condonación de deudas asfixiantes, como acaba de hacer con Honduras, son tareas que deben estar en la agenda prioritaria de la política exterior española. Para España no hay nada distante en Iberoamérica y este principio también está presente en la condición de España como Estado miembro de la UE, en relación con aspectos tan delicados como el asilo y la inmigración, tributaria de su comunidad histórica, cultural y lingüística.
Los antecedentes inmediatos de esta Cumbre no le han puesto fáciles a España sus tareas. Los sumarios abiertos en la Audiencia Nacional se han convertido en pesados gravámenes para las relaciones de España con Chile y, en menor medida, por ahora, con Argentina. Sin negar nunca la legitimidad de las actuaciones jurisdiccionales, estos sumarios, que algunos han convertido en controles de calidad democrática de las transiciones de estos países, han obligado a la diplomacia española a defender ante el Ejecutivo chileno el debido equilibrio entre el respeto del Gobierno a las decisiones judiciales y su deber de preservar las relaciones con países a los que nos unen vínculos especialmente fuertes. A pesar de las críticas recibidas desde la oposición, ese equilibrio se ha mantenido con firmeza y coherencia.
No menos inconveniente ha sido la tímida reactivación de la Ley Helms-Burton por las autoridades americanas contra la cadena hotelera Sol-Meliá. Las advertencias no formales contra esta empresa actuaron como recordatorio de que Estados Unidos sigue atentamente los acontecimientos y de que su criterio es absolutamente hostil al régimen de Castro. Cuba será protagonista de esta Cumbre, no sólo por el hecho -en absoluto anecdótico- de ser la anfitriona, sino también porque existe la confianza de un advenimiento democrático, que se producirá a corto o a medio plazo, que España no deberá abandonar a su suerte. Por el contrario, esta expectativa de democratización ha de ser cuidada por España, como ya lo está siendo, con una evidente dosis de pragmatismo aprendida de su propia y reciente historia.
Nuestro país, huyendo de cualquier gesto paternalista, puede aportar su transición democrática -con sus luces y sombras- como ejemplo de sucesión pacífica de un régimen dictatorial a otro democrático, y que fue respetada y aplaudida por la comunidad internacional. Pero ni el pragmatismo ni el afecto histórico y cultural con Cuba pueden relegar a un segundo plano la reivindicación de las libertades públicas y de los derechos humanos de todos los cubanos, de los exiliados y, especialmente, de aquellos disidentes que, presos o no, permanecen en la Isla, y a los que Castro ha amenazado para evitar que aprovechen la Cumbre con finalidades propagandísticas.
En su más noble sentido, la Hispanidad debe ser entendida como cooperación entre pueblos de raíces comunes en la búsqueda de libertades, aceleración del progreso material, y reforzamiento de los valores morales. Y a esos objetivos contribuirá, sin duda, la presencia del Rey Don Juan Carlos que será, a la vez, una prueba más de la voluntad integradora de la Corona española y el mejor mensaje de libertad para los pueblos que aún la anhelan