Francisco Vivancos C.
Existen errores de mayor o menor significación. Su gradación depende, por una parte, de la desviación propia respecto a la medida óptima. Por otro lado, de la permanencia temporal de sus consecuencias. A mayor desviación y longitud, naturalmente más grave será el error. Este es el caso de los derechos sociales en la nueva Constitución.
Garantizar el derecho a la nada
En el texto recientemente aprobado para los artículos referidos a los derechos sociales se contempla, entre otros excesos voluntaristas que prueban sólo la irresponsabilidad y debilidad política de sus proponentes, el '...derecho a la seguridad social como servicio público de carácter público que garantice la salud, asegure protección en circunstancias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquiera otra circunstancia de previsión social'. Si esto fuera poco, se asegura la intransferibilidad de esta obligación creando un sistema único de seguridad social, de financiamiento solidario y de extensión ilimitada, por preverse un acceso independiente de la contribución individual que pueda hacerse.
Como está expresado, este diseño impediría la Constitución, a la escala necesaria para que de él se deriven los retornos prometidos, del sistema de fondos de pensiones por capitalización individual. Este mecanismo, nacido de los acuerdos tripartitos sobre seguridad social en 1997, introducía en Venezuela una de las innovaciones progresivas más relevantes de la experiencia intenacional en materia previsional y daba alguna esperanza de cerrar ese capítulo de horrores económicos y financieros que para sus afiliados y para el país significó el esquema de pensiones bajo el régimen de reparto. Este es un error fatal, con descomunales y cuantificables consecuencias sobre las obligaciones fiscales a largo plazo, la tasa de crecimiento del producto y el empleo, el costo de la mano de obra, la equidad intergeneracional y el bienestar permanente de la población, sólo por señalar algunos de los principales canales a través de los cuales se va a transmitir miseria y destruir riqueza potencial.
¿Quién se beneficia de este
derecho?
Impedir un sistema de pensiones basado en la capitalización individual, con un complemento solidario financiado fiscalmente y no con cargo en el empleo, vía contribuciones de empresas y trabajadores, tiene casi exclusivamente perdedores. Es un juego suma-negativa. Son pocos los que se van a beneficiar de este diseño previsional arcaico y disparatado. En lo fundamental se concentran en los agentes políticos que pretenden obtener rentas electorales de los votantes genéricos con fuertes preferencias colectivistas y, sobre todo, de las derivadas de los sectores que mantienen intereses en que se mantenga el diseño de reparto (gremios con privilegios derivados del Seguro Social). Sin embargo, si se aprueba este articulado pero simultáneamente en su reglamentación se colocan dispositivos duros que impidan, como en el pasado, el uso de las contribuciones de los afiliados para financiar el componente de salud, a los gremios y burocracias que lo administraron o para construir un portafolio de inversiones repleto de papeles públicos basura; ni siquiera estos sectores gremiales y políticos lograrán beneficiarse. Ningún otro sector saldrá favorecido y sí se perjudicará masivamente a la población.
De manera directa e inmediata, el mismo Gobierno, al deber asumir unos pasivos contingentes descomunales, perderá la poca flexibilidad que aún disfruta en el destino del gasto y, por tanto, se elevará la fragilidad de la política fiscal. Salvo que, como en el pasado, desconozca abiertamente esas obligaciones y las pulverice con inflación. Los trabajadores y las empresas, al tener que contribuir con un porcentaje superior al necesario para financiar el flujo equivalente al valor presente de los servicios de salud y las primas por los restantes riesgos (entre otros el de vejez), se les impondrá una transferencia forzosa que terminará, como ya se ha visto, elevando la informalidad, debilitando el empleo moderno y castigando la competitividad e ingresos reales. De manera indirecta, pero no menos importante, todos los venezolanos nos perjudicaremos con este exceso demagógico de los derechos sociales: menos ahorro, menos inversión, menos crecimiento y menos riqueza a distribuir. Aquellos ciudadanos, entre los que nos contamos usted y yo, sin duda preferiríamos que se hiciera demagogia con cosas menos sensibles que nuestro bienestar y el de nuestras próximas generaciones.
Francisco Vivancos C. es economista, profesor UCV y UCAB