Rosario Orellana Yépez
Para que una empresa pueda hacer oferta pública de sus acciones o emisión de obligaciones, ha de satisfacer una serie de requisitos, uno de los cuales significa un riguroso con trol de sus estados financieros. Es preciso, por ejemplo, que éstos sean auditados y públicos. En la presente reformulación total de nuestro ordenamiento jurídico convendría prever exigencias similares a entidades tanto del sector público como del sector privado que tienen el favor de percibir fondos, bien sea de la colectividad o del Estado.
Numerosas y con propósitos diversos, incuestionablemente legítimos, son las organizaciones que se nutren de contribuciones estatales y las que periódicamente celebran eventos para recabar recursos, cuyas cuentas se desconocen o se divulgan en forma insuficiente o restringida.
Aun en el caso de los organismos públicos sometidos a la supervisión de la Contraloría General de la República y, como los Ministerios, obligados a presentar Memoria y Cuenta ante el Parlamento, procede evaluar la forma de elaboración de éstas con miras a hacerlas más transparentes por lo que respecta al manejo de los recursos.
La situación de los sindicatos amerita particular atención. El Estado hasta hace de agente recaudador de los sindicatos, al efectuar descuentos en nómina a las personas afiliadas a éstos. En el Ministerio de Educación se daba la irregular situación, que ojalá haya sido corregida, de descuentos en nómina de cuotas sindicales a trabajadores ni siquiera afiliados al respectivo sindicato beneficiario. Parece elemental que el Estado otorgue a los sindicatos un plazo perentorio para la presentación de estados financieros auditados, so pena de suspender esa labor de cobrador a favor de aquellos.
En nuestro país existen múltiples instituciones meritorias dedicadas a intervenir activamente en la multiplicación de respuestas espontáneas dirigidas a hacer frente a los ingentes retos sociales. ¿Qué proporción de las que reciben fondos del público, tiene la costumbre de exponer sus cuentas?
El hábito de rendir cuentas es tan escaso en nuestra cultura que en algunas de esas honorables instituciones creadas para asumir voluntariamente la cuota de responsabilidad en la solución de problemas cuya atención y solución no corresponde sólo al Estado, la mera mención al tema se percibe como un injusto cuestionamiento a su tarea.
Quizás la Iglesia Católica, que despliega una actividad social de signo indubitablemente positivo por conducto de variedad de instituciones del género receptoras de fondos del Estado y de un sinfín de particulares y cuya pulcritud en el manejo de los mismos es evidente, quiera dar el ejemplo al imponerlo en las que todavía no lo practican, sin esperar el condicionamiento o imposición de la Ley para que sea rutina en todas las organizaciones bajo su amparo.
Soñar no cuesta nada.
(*) Abogado/ royven@telcel.net.ve [11/9/99]