PDVSA: Notas Constitucionales

Desde su constitución, Petróleos de Venezuela ha sido una empresa de propiedad exclusiva del Estado venezolano. Esa condición es la única fórmula viable y garantía que tenemos todos y cada uno de los venezolanos de ser propietarios de nuestra principal industria.

La propiedad estatal sobre Petróleos de Venezuela no ha sido ni será nunca impedimento para la realización de negocios, convenios, asociaciones y contratos con el sector privado nacional y extranjero.
Venezuela es uno de los países con mayores reservas de crudos livianos, medianos y pesados, las cuales durarán por varias décadas. Además, sus recursos de hidrocarburos extrapesados, que apenas están comenzando a ser producidos y mejorados, durarán mucho más. La única garantía de que nuestros hijos y nietos tengan alguna potestad sobre esa riqueza futura es que PDVSA siga siendo propiedad colectiva, controlada por el Estado.
Petróleos de Venezuela es la segunda empresa petrolera del mundo y la número 18 entre las más grandes corporaciones industriales. Constituye por ello un instrumento estratégico fundamental para garantizarle a Venezuela una posición protagónica en el mundo actual y en el del futuro.
Petróleos de Venezuela es una de las más importantes empresas petroleras del mundo. Por esa privilegiada condición, poderosos intereses internacionales mueven todos sus recursos para obtener participación en ella y realizan toda clase de maniobras para convencer a los venezolanos de que deben vender parte de ella o repartir su capital accionario para que el mismo pueda ser negociado en el mercado de capitales. Los venezolanos de hoy tenemos el deber de resistir esas presiones y tratar de impedir que en el futuro esas presiones antinacionales tengan éxito. La única manera de hacerlo ahora es otorgándole rango constitucional a la propiedad del Estado sobre la totalidad de las acciones de PDVSA. Ello evitará además, el que se apele a otras vías para obtener el mismo fin privatizador, como sería el de proponerlo en un referendum, en el cual los grandes capitales invertirían todos los recursos a su alcance para ofrecer villas y castillos a los venezolanos a cambio de la entrega de PDVSA.
Si existen poderosos capitales internacionales que quieren comprar a PDVSA, también existen grupos poderosos de venezolanos que quieren venderla y recibir por ello una buena ganancia personal. Tal fue el caso del gobierno anterior, donde se dieron todos los pasos necesarios en ese sentido, desde el envilecimiento de todos los instrumentos de percepción fiscal y la suscripción de convenios lesivos para el interés nacional, hasta el boicot a la OPEP mediante una masiva sobreproducción, lo cual propició la caída de los precios y con ellos, el del propio valor de PDVSA, faltando sólo el escalón final: la venta masiva de acciones. Por eso, para que no puedan reeditarse esas tentaciones antinacionales, es necesario blindar constitucionalmente a PDVSA.
Vender partes del capital accionario de PDVSA significa entregar parte de sus potestades, hasta ahora exclusivas y soberanas, de planificar y decidir las magnitudes y el sentido de sus operaciones de exploración, producción, manufactura y comercialización.
Repartir el capital accionario de PDVSA entre los venezolanos actuales equivale a desheredar a los venezolanos del futuro de un inmenso patrimonio, pues esas acciones serán negociadas para convertirlas en consumos inmediatos y terminarán inevitablemente en manos de los únicos que, además del Estado venezolano, tienen la capacidad financiera y técnica para manejar esa industria: el capital petrolero internacional.
Repartir el capital accionario de PDVSA equivale a repartir los ladrillos de una casa: se destruye la casa y nadie puede hacer algo productivo con un solo ladrillo, como no sea venderlo.
Petróleos de Venezuela es una unidad operativa que debe responder a un mando y una orientación estratégica acordes con el interés de sus propietarios colectivos. Se pueden establecer empresas mixtas y asociaciones estratégicas, para negociaciones específicas, tipo Orimulsión, petroquímica, mercadeo interno, etc., algunas de las cuales ya existen, como SINCOR y PetroZuata, pero no es necesario, ni conveniente al interés nacional, compartir las propiedad sobre el ente ejecutor por excelencia de la política petrolera pública.
Petróleos de Venezuela es una sociedad anónima con un único accionista, el Estado venezolano. Esa figura del dominio mercantil se le otorgó para permitir que fijara sueldos a los niveles vigentes entonces en la industria petrolera privada, que multiplicaban por diez a los determinados por la Ley de la Administración centralizada. Esto se hizo para evitar una "fuga de cerebros" con la que amenazaban los hombres de confianza de Creole y Shell que luego asumieron el comando de las operadoras nacionalizadas. Esa figura de sociedad anónima le otorga flexibilidad en sus actividades dentro del negocio petrolero, pero no niega su condición de empresa estatal.
En los gobiernos anteriores se liquidó la capacidad fiscalizadora del Estado sobre las actividades petroleras, convirtiendo al Ministerio de Energía y Minas en un cascarón vacío sin capacidad técnica que renunció a sus atribuciones de fijación de la política petrolera. Se envilecieron todos los instrumentos legales y reglamentarios que garantizaban la participación del Estado en el negocio petrolero, eliminando el Valor Fiscal de Exportación, disminuyendo en 33 puntos (de 67,5% a 34%) el Impuesto Sobre la Renta aplicable a los contratos operativos, asociaciones estratégicas y otros convenios con el capital petrolero internacional, en los cuales también se hizo casi desaparecer la Regalía, llevándola desde 16,66% hasta un 1%. Luego de cumplir estas "tareas", los anteriores dirigentes petroleros convocaron al capital internacional a una "apertura" en condiciones peores a las existentes en el período concesionario entre 1920 y 1975 y se suscribieron contratos operativos, asociaciones estratégicas y convenios de asociación bajo el esquema de ganancias compartidas, que garantizarán a las compañías extranjeras una parte sustancial de la producción petrolera venezolana futura, pues se estima que en esas asociaciones y contratos se producirá, en pocos años, más de dos millones de barriles diarios. Esto, mas la entrega a empresas privadas de actividades "no medulares", (como la generación de electricidad, las comunicaciones y la informática) bajo la figura del "outsourcing", conforman pasos decisivos hacia la privatización de PDVSA. La venta de acciones hubiera sido la santificación de un proceso en el cual ya llevábamos un largo trecho recorrido. Hasta la reestructuración interna de PDVSA, mediante la cual se eliminaron las tres operadoras Lagoven, Maraven y Corpoven, facilitaba las cosas: porque se redujeron los niveles de toma de decisiones y porque siempre será más fácil cortar una sola cabeza que cuatro. Todo estaba listo y, de haber triunfado la vieja política el 6 de diciembre, a estas alturas ya una parte de PDVSA habría sido vendida, los precios estarían todavía en el foso y el país en peores condiciones que las actuales. Eso no debe volver a suceder y para impedirlo es necesario blindar constitucionalmente la propiedad estatal sobre la empresa operadora y principal ejecutora de política petrolera venezolana.A: temas constitucionales

La propiedad estatal sobre Petróleos de Venezuela no ha sido ni será nunca impedimento para la realización de negocios, convenios, asociaciones y contratos con el sector privado nacional y extranjero.
Venezuela es uno de los países con mayores reservas de crudos livianos, medianos y pesados, las cuales durarán por varias décadas. Además, sus recursos de hidrocarburos extrapesados, que apenas están comenzando a ser producidos y mejorados, durarán mucho más. La única garantía de que nuestros hijos y nietos tengan alguna potestad sobre esa riqueza futura es que PDVSA siga siendo propiedad colectiva, controlada por el Estado.
Petróleos de Venezuela es la segunda empresa petrolera del mundo y la número 18 entre las más grandes corporaciones industriales. Constituye por ello un instrumento estratégico fundamental para garantizarle a Venezuela una posición protagónica en el mundo actual y en el del futuro.
Petróleos de Venezuela es una de las más importantes empresas petroleras del mundo. Por esa privilegiada condición, poderosos intereses internacionales mueven todos sus recursos para obtener participación en ella y realizan toda clase de maniobras para convencer a los venezolanos de que deben vender parte de ella o repartir su capital accionario para que el mismo pueda ser negociado en el mercado de capitales. Los venezolanos de hoy tenemos el deber de resistir esas presiones y tratar de impedir que en el futuro esas presiones antinacionales tengan éxito. La única manera de hacerlo ahora es otorgándole rango constitucional a la propiedad del Estado sobre la totalidad de las acciones de PDVSA. Ello evitará además, el que se apele a otras vías para obtener el mismo fin privatizador, como sería el de proponerlo en un referendum, en el cual los grandes capitales invertirían todos los recursos a su alcance para ofrecer villas y castillos a los venezolanos a cambio de la entrega de PDVSA.
Si existen poderosos capitales internacionales que quieren comprar a PDVSA, también existen grupos poderosos de venezolanos que quieren venderla y recibir por ello una buena ganancia personal. Tal fue el caso del gobierno anterior, donde se dieron todos los pasos necesarios en ese sentido, desde el envilecimiento de todos los instrumentos de percepción fiscal y la suscripción de convenios lesivos para el interés nacional, hasta el boicot a la OPEP mediante una masiva sobreproducción, lo cual propició la caída de los precios y con ellos, el del propio valor de PDVSA, faltando sólo el escalón final: la venta masiva de acciones. Por eso, para que no puedan reeditarse esas tentaciones antinacionales, es necesario blindar constitucionalmente a PDVSA.
Vender partes del capital accionario de PDVSA significa entregar parte de sus potestades, hasta ahora exclusivas y soberanas, de planificar y decidir las magnitudes y el sentido de sus operaciones de exploración, producción, manufactura y comercialización.
Repartir el capital accionario de PDVSA entre los venezolanos actuales equivale a desheredar a los venezolanos del futuro de un inmenso patrimonio, pues esas acciones serán negociadas para convertirlas en consumos inmediatos y terminarán inevitablemente en manos de los únicos que, además del Estado venezolano, tienen la capacidad financiera y técnica para manejar esa industria: el capital petrolero internacional.
Repartir el capital accionario de PDVSA equivale a repartir los ladrillos de una casa: se destruye la casa y nadie puede hacer algo productivo con un solo ladrillo, como no sea venderlo.
Petróleos de Venezuela es una unidad operativa que debe responder a un mando y una orientación estratégica acordes con el interés de sus propietarios colectivos. Se pueden establecer empresas mixtas y asociaciones estratégicas, para negociaciones específicas, tipo Orimulsión, petroquímica, mercadeo interno, etc., algunas de las cuales ya existen, como SINCOR y PetroZuata, pero no es necesario, ni conveniente al interés nacional, compartir las propiedad sobre el ente ejecutor por excelencia de la política petrolera pública.
Petróleos de Venezuela es una sociedad anónima con un único accionista, el Estado venezolano. Esa figura del dominio mercantil se le otorgó para permitir que fijara sueldos a los niveles vigentes entonces en la industria petrolera privada, que multiplicaban por diez a los determinados por la Ley de la Administración centralizada. Esto se hizo para evitar una "fuga de cerebros" con la que amenazaban los hombres de confianza de Creole y Shell que luego asumieron el comando de las operadoras nacionalizadas. Esa figura de sociedad anónima le otorga flexibilidad en sus actividades dentro del negocio petrolero, pero no niega su condición de empresa estatal.
En los gobiernos anteriores se liquidó la capacidad fiscalizadora del Estado sobre las actividades petroleras, convirtiendo al Ministerio de Energía y Minas en un cascarón vacío sin capacidad técnica que renunció a sus atribuciones de fijación de la política petrolera. Se envilecieron todos los instrumentos legales y reglamentarios que garantizaban la participación del Estado en el negocio petrolero, eliminando el Valor Fiscal de Exportación, disminuyendo en 33 puntos (de 67,5% a 34%) el Impuesto Sobre la Renta aplicable a los contratos operativos, asociaciones estratégicas y otros convenios con el capital petrolero internacional, en los cuales también se hizo casi desaparecer la Regalía, llevándola desde 16,66% hasta un 1%. Luego de cumplir estas "tareas", los anteriores dirigentes petroleros convocaron al capital internacional a una "apertura" en condiciones peores a las existentes en el período concesionario entre 1920 y 1975 y se suscribieron contratos operativos, asociaciones estratégicas y convenios de asociación bajo el esquema de ganancias compartidas, que garantizarán a las compañías extranjeras una parte sustancial de la producción petrolera venezolana futura, pues se estima que en esas asociaciones y contratos se producirá, en pocos años, más de dos millones de barriles diarios. Esto, mas la entrega a empresas privadas de actividades "no medulares", (como la generación de electricidad, las comunicaciones y la informática) bajo la figura del "outsourcing", conforman pasos decisivos hacia la privatización de PDVSA. La venta de acciones hubiera sido la santificación de un proceso en el cual ya llevábamos un largo trecho recorrido. Hasta la reestructuración interna de PDVSA, mediante la cual se eliminaron las tres operadoras Lagoven, Maraven y Corpoven, facilitaba las cosas: porque se redujeron los niveles de toma de decisiones y porque siempre será más fácil cortar una sola cabeza que cuatro. Todo estaba listo y, de haber triunfado la vieja política el 6 de diciembre, a estas alturas ya una parte de PDVSA habría sido vendida, los precios estarían todavía en el foso y el país en peores condiciones que las actuales. Eso no debe volver a suceder y para impedirlo es necesario blindar constitucionalmente la propiedad estatal sobre la empresa operadora y principal ejecutora la política petrolera venezolana.