Oscar Mago Bendahán
DIA 1 de la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana (de algún mes del año 2000).
Mafiondo Corruptel ha estado montando un guiso con funcionarios de varias instituciones del Estado venezolano. Se ha enterado que el Diario XY está realizando una investigación de la que ya publicó la primera entrega titulada "Crónica de una corrupción".
DIA 2. Oficinas de Mafiondo. Sus abogados lo asesoran. Idean. Se reúnen. Hablan. Se confabulan. Redactan. Van a ver a un Juez amigo.
DIA 3 Jefatura de Redacción del Diario XY. 8 de la mañana Se presenta un tribunal para citar al Director del periódico y advertirle que Mafiondo Corruptel han presentado una Acción de Amparo Constitucional para proteger su sagrado derecho a la información veraz, el cual, alegan, se lo está violando el diario. Se le notifica al Director que debido a una medida preventiva del tribunal, le está prohibido volver a publicar más nada al respecto, hasta tanto demuestren la veracidad de lo informado.
DIA 4. Cementerio del Este. Los consternados amigos de la democracia acompañan el sepelio para darle cristiana sepultura a la libertad de prensa.
Así termina la libre investigación periodística y una de las funciones básicas de la prensa libre, que es sacar a la luz la corrupción (o "destapar ollas", en criollo), para dejar que sea el peso de la opinión pública el que combata la corrupción organizada.
Galileo Galilei estuvo a punto de ser quemado en 1633 por no dar información veraz sobre el funcionamiento del sistema solar.
Si hubiera existido el derecho a la novedosa información veraz que acaba de inventar la Constituyente, en los Estados Unidos la prensa no hubiera podido ayudar a acabar con la mafia de "Boss Tweed" que infiltró el famoso Tammany Hall y corrompió el gobierno de Nueva York en 1865. Tampoco en este siglo hubiera explotado Watergate ni David Yallop hubiera podido publicar su audaz y valiente investigación "Por voluntad de Dios", (Ed. Sudamericana, 1984), sobre el Vaticano y el presunto asesinato de Juan Pablo I.
Ya no hace falta temerle al censor con su temido bolígrafo rojo. Ahora hay métodos más refinados y "totalmente legales".
La única garantía contra una información no verdadera y que dañe, es el derecho de replica por el afectado, y a obtener por los tribunales una indemnización o un desagravio justo, por los daños y perjuicios, si se le causaren. Eso está en nuestras leyes desde 1942 (Código Civil, art. 1196), pero solo falta un poder judicial independiente y honesto que lo haga efectivo y esa es la lucha que hay que dar, no la de abrir las puertas a nuevos tipos de censura.
Quienes han inventado este curioso tipo de libertad de prensa condicionada a la veracidad, deberían leer el histórico juicio al periodista J. Zenger, en los Estados Unidos, cuando el jurado declaró por primera vez en la historia, que la expresión no podía ser coartada, porque era libre, ¡y eso fue nada menos que en época del gobierno colonial británico en 1734!.
Para gatear en los terrenos de la libertad, como estamos haciéndolo, con doscientos sesenta y seis años de retraso, hacía falta que la Constituyente abriera las rejas del corral de su bebé, para que pudiera caminar, pero en sustitución le ha comprado un par de muletas. Tarde o temprano el niño, cuando crezca, habrá de decir, emulando a Galileo: ¡eppur si muove!.
Profesor de Derecho Constitucional (UCV)