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El contexto económico venezolano ha estado enmarcado por la
discusión en torno al proyecto de Constitución, el comportamiento positivo de los
precios del petróleo y la discusión en torno al presupuesto para el año 2000.
La nueva Constitución. El proceso constituyente sigue generando
incertidumbre y expectativas negativas en el ámbito económico. Existía mucha
preocupación por temas claves, como la posibilidad de que de una u otra manera se
volviera al viejo sistema de Seguridad Social, la reducción de la jornada laboral, la
acentuación del estatatismo, incluyendo los aspectos relacionados con PDVSA, las
disposiciones en materia educativa y las aparentes restricciones que existirían para el
sector privado, o las disposiciones de control sobre el Banco Central o la politización
de este ente y la posibilidad de que en los aspectos tributarios se marche a mecanismos
que podrían calificarse de "terrorismo tributario". Aparentemente, según el
resultado, se cumplieron buena parte de las apreciaciones negativas que existían sobre el
proceso, aunque la versión final del proyecto es mejor que la aprobada en la primera
discusión. Sin embargo, podrían aparecer modificaciones positivas al desarrollar los
instrumentos legales que precisen el proyecto de Constitución.
Las decisiones respecto a la Seguridad Social. Las disposiciones
aprobadas con respecto a la Seguridad Social no son positivas. Aparentemente se vuelve al
principio de la retroactividad de las prestaciones, la Seguridad Social funcionaría
básicamente como un sistema de reparto y se dificultaría la participación del sector
privado en los fondos de pensiones y del subsistema de salud. Además las disposiciones
aprobadas incentivan de manera clara la no-contribución al sistema, al garantizar los
servicios del mismo a los no contribuyentes. Todos estos aspectos preocupan, pero
básicamente resaltan dos elementos. En primer lugar, el sistema es inviable desde el
punto de vista fiscal, aún según las mismas estimaciones del gobierno, como lo han
manifestados públicamente voceros autorizados, y en segundo lugar, se reduciría en forma
importante una potencial fuente de ahorro doméstico, los fondos de pensiones, que sería
clave para el crecimiento de largo plazo, a través de la posibilidad de conformar un
circuito doméstico ahorro-inversión.
Decisiones relativas al BCV. A pesar de que este aspecto no ha
tenido en el gran público una difusión importante, este es un elemento trascendente. Lo
aprobado en el proyecto definitivo de Constitución es superior a lo aprobado en la
primera discusión. Sin embargo permanecen dudas importantes. Los objetivos y funciones
del BCV que aparecen en el proyecto de Constitución son excesivos y potencialmente
contradictorios. La coordinación entre el área monetaria y fiscal que aparece en el
proyecto de Constitución no permite establecer responsabilidades claras ni para el BCV ni
para el Ministerio de Finanzas, y por último, la disposición que permite que la Asamblea
Nacional remueva de sus funciones al Directorio del Banco Central si no se cumplen las
metas y objetivos inicialmente planteados por causas no justificadas, puede conducir a la
inestabilidad institucional en la autoridad monetaria.
Es conveniente recordar que estas disposiciones aparecen en un
capítulo donde no existe una regla clara de solvencia o sostenibilidad fiscal
intertemporal, aunque los promotores del proyecto así lo crean. La norma fiscal en la
cual aparentemente se incluiría el concepto de solvencia fiscal indica que los
"gastos ordinarios" deben ser financiados con ingresos ordinarios, pero en la
legislación venezolana no está definido el concepto de "gasto ordinario" de
carácter fiscal, lo cual implica que no existiría una regla de solvencia clara y que
debe definirse posteriormente.
La disposición que permite la remoción del Directorio del BCV por
incumplimiento de metas aumentan el control político sobre el BCV en forma totalmente
desproporcionada. La economía venezolana, por su carácter petrolero, es extremadamente
vulnerable a shocks externos "reales" (términos de intercambio) y
nominales, no controlables por las autoridades, por lo que puede ser común que no se
cumplan metas previamente establecidas. Dejar en manos de la Asamblea Nacional, un ente
básicamente político (la representación política de la voluntad popular), la
evaluación del cumplimiento de metas de carácter macroeconómico, con la facultad de
remoción a los dirigentes de la política monetaria, puede crear un grado importante de
inestabilidad institucional en entes claves para dirigir la marcha de la economía.
En síntesis, el conjunto de disposiciones del proyecto de nueva
Constitución relativas al Banco Central reduce la autonomía del BCV y puede ser una
fuente adicional de inestabilidad.
Presupuesto del año 2000 y precios petroleros. La discusión
del presupuesto del año 2000 continua. Según los parámetros de precios petroleros y
volumen de exportación incluidos en el proyecto de presupuesto, US$ 15 dólares por
barril y 2,7 millones de barriles diarios de exportación, los ingresos fiscales de origen
petrolero estarían sobre-estimados, a menos que no implique nuevo endeudamiento bruto por
parte de PDVSA. Así mismo estarían sobre-estimados los ingresos fiscales no petroleros.
La tasa de aumento del gasto nominal es alta, aproximadamente entre 35%-40% el aumento del
gasto primario, lo cual ratifica la intención de estimular la economía aunque puede que
este volumen de gasto no sea consistente con la inflación objetivo. Sin embargo, es
posible que el precio promedio de la canasta de exportación petrolera venezolana del año
2000 sea superior a la estimación del proyecto de presupuesto. Por ejemplo, si el WTI se
coloca en el año 2000 a un precio promedio de US$ 21/barril-US$ 20/barril, la canasta
venezolana podría colocarse alrededor de los US$ 17/barril, dos dólares más a lo
estimado en el presupuesto, aproximadamente US$ 2.000 millones de dólares más de
exportación petrolera. En todo caso, se supone que en el mes de diciembre y el primer
trimestre del 2000, por el efecto del invierno, la reducción de inventarios y la
restricción de la Opep, los precios del petróleo pueden subir. En definitiva, el
comportamiento del mercado petrolero en el muy corto plazo depende en buena medida de las
decisiones de la Opep.
La impresión de que el presupuesto sería ajustado el año 2000 tanto
para adaptarlo a un nuevo escenario petrolero o, por ejemplo, a nuevas disposiciones
constitucionales, por lo que el proyecto presentado es una señal relativamente confusa.
Uno de los problemas que en términos macroeconómicos podría presentar el escenario
fiscal del 2000 es la poca sostenibilidad intertemporal, si se considera que los precios
del petróleo del próximo año no representan la tendencia de mediano y largo plazo. Así mismo, podrían presentarse desequilibrios en el área
cambiaria, un tipo de cambio real efectivo alejado del nivel de equilibrio y en la cuenta
de capital de corto plazo.
Acuerdo salarial en PDVSA. Aparentemente está en camino un
acuerdo salarial entre Pdvsa y sus trabajadores. Según la información existente, el
posible acuerdo puede tener repercusiones negativas para el control de la presión
salarial nominal, y en consecuencia sobre el control de la inflación futura y el objetivo
de reducir el desempleo. El aumento podría ser de más del 100% (por dos años), y ya se
habría llegado a acuerdos en el área de seguridad social para los trabajadores del
sector excesivamente onerosos para la empresa. Ello puede desencadenar un efecto de
contagio para el resto de los sectores, incluyendo el aparato del Estado.
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