Carlos Sabino
Podrá parecer un poco extraño presentar las cosas así, como si la nueva constitución venezolana fuera creación o pertenencia de Hugo Chávez, pero el proceso que actualmente vivimos en el país no deja dudas al respecto. Nuestra nueva constitución es prácticamente el designio de un solo hombre, la expresión de su voluntad, la obra política con la que pretende justificarse y mantener su liderazgo nacional... por largos años. Es cierto que una Asamblea Nacional Constituyente ha trabajado en ese texto durante tres o cuatro meses, que ha habido discrepancias y puntos encontrados, y hasta algunos aspectos de detalle que no parecen satisfacer del todo a nuestro gobernante.
Pero hay que recordar que la Asamblea, por el peculiar modo de votación escogido, está compuesta de más de 90% de seguidores incondicionales de Chávez, que la constitución se redactó sobre la base de su proyecto, que él discutió e impuso algunos artículos que le parecían esenciales y que -motivado por obvias razones políticas- apresuró hasta el máximo la elaboración de la nueva carta magna para que el referéndum aprobatorio pudiera hacerse en el curso de este año, mientras conserva todavía buena parte de su popularidad. El éxito de Chávez, en todo esto, ha sido completo e irrestricto.
Si la nueva constitución se aprueba el 15 de diciembre, como todo parece indicar, tendremos en Venezuela un nuevo ordenamiento legal que otorgará al ejecutivo poderes casi absolutos, sin contrapeso significativo de los otros órganos estatales, y que le dará al presidente un período de seis años con opción a una inmediata reelección. Chávez, mediante hábiles maniobras, podrá así consolidar una especie de dictadura pero con una fachada legal, como es necesario en estos tiempos de globalización y respeto internacional a los valores democráticos. La victoria, sin embargo, podrá resultarle más ajustada o más efímera de lo que parece.
Una constitución tiene valor, antes que nada, por el consenso que logre concitar, por la adhesión espontánea que, como norma superior e intangible, pueda suscitar entre la gran mayoría de una nación. Y la constitución de Chávez, por la forma en que ha sido aprobada y por su propio contenido, presenta debilidades profundas que pronto habrán de expresarse en toda su magnitud. Es, en primer lugar, un texto estatista y centralista que provoca la natural respuesta negativa en muchos sectores de un país acostumbrado a vivir en democracia. Se parece, por otra parte, más a un programa de gobierno que a una norma universal: en ella están garantizados infinidad de "derechos sociales" que no son otra cosa que edulcoradas promesas colocadas allí para que la gente se ilusione con la esperanza de un futuro en que el gobierno resuelva todos sus problemas.
Y es, por esto mismo, inaplicable: presupone un Estado con recursos casi ilimitados y una administración de gran eficiencia -condiciones que no tenemos ni iremos a tener- y una economía en rápido y vigoroso crecimiento, objetivo imposible de lograr cuando el mismo texto constitucional restringe toda iniciativa privada y arrincona a las empresas frente a un Estado todopoderoso y discrecional. Crea, por otra parte, muchos más problemas de los que resuelve. Sólo mencionaremos uno, por razones de espacio, que sin embargo ha motivado ya la preocupación de muchos analistas: se reserva a los "pueblos" indígenas -que apenas si superan el 1% de la población y están prácticamente integrados al resto del país- un área patrimonial que alcanza el 48,8% del territorio nacional, alentando así la desintegración de Venezuela y añadiendo severas restricciones a la actividad económica.
Apenas si ha comenzado la campaña por el referéndum en el que el electorado habrá de pronunciarse sobre la nueva constitución, por lo que es prematuro aún pronosticar su desenlace. Por un lado el presidente, con toda su popularidad, tratará de rematar la obra política de la que depende su futuro; por otra parte amplios sectores empresariales, intelectuales y políticos, con cierto apoyo tácito de la Iglesia, procurarán impedir que se consume la consolidación de un régimen que, anacrónico y poco viable, sólo augura posteriores crisis y desencuentros. Las cartas están echadas y pronto podremos conocer hasta dónde llegan las reservas democráticas del país.