Gustavo José Linares Benzo
Terminó. Ya hay un proyecto de Constitución que será sometido al pueblo en referendo el próximo 15 de diciembre. Un documento, un grupo de palabras, que pretenden regir supremamente la sociedad venezolana en los años por venir, y que seguramente recibirá la aprobación en esa consulta popular. Con la misma premura con que se discutió el texto, habrá que formarse criterio para decidir si aceptamos su yugo tanto nosotros, los que hoy vivimos, como los que vendrán lo que es más grave.
Ensayemos un análisis preliminar de los puntos más importantes del proyecto. Por primera vez en nuestra historia, republicana o no, la Fuerza Armada, como ahora se la denomina, está absolutamente dejada a sí misma, sin ningún control del poder civil. Eliminado el escrutinio del Congreso sobre los ascensos, el poder de fuego castrense se ha convertido en un Estado dentro del Estado, que deja de ser obediente y no deliberante para convertirse en una instancia política. Por el simple hecho de su monopolio de la violencia, se ha construido un árbitro con última palabra en todos los asuntos del país, a imagen de Chile durante el régimen de Pinochet y después. Es la negación más radical, no ya de la democracia, sino del gobierno civil, el gran logro venezolano de mediados del siglo XX luego de centuria y media de represión e incompetencia militar en el gobierno.
El Poder Ejecutivo de la nueva Constitución es el más poderoso del hemisferio occidental. Los controles parlamentarios normales dentro de cualquier régimen de derecho se han llevado al mínimo, eliminando así el principal contrapeso político del Leviatán. Sobre todo, la reducción anacrónica de los poderes de los estados, al tacharse lo que el propio Presidente propuso en su librito de ideas para la Constitución impuestos a la gasolina y una porción del IVA mantiene a los gobiernos regionales como apéndices financieros del poder central, con poquísima o ninguna capacidad de interferir en sus decisiones. La muerte del Senado, por su parte, saca del juego político a los estados menos poblados, como Barinas (!) o Sucre, transformándolos en convidados de piedra en una Asamblea Nacional que será feudo de las regiones más ricas y populosas.
La disposición transitoria 11a obliga a que la mitad de los directores del BCV sean nombrados por el Ejecutivo. El manejo de la sangre económica del país, las divisas y su distribución a través de la política monetaria, también estará en manos del todopoderoso presidente de la República, en contra del propio proyecto de Chávez y de lo que sucede ya en prácticamente todos los países: la independencia del instituto emisor. La economía queda así en manos del gobernante de turno, en una especie de Recadi constitucionalizado que permite el chantaje sobre cualquier iniciativa empresarial venezolana, sea grande, mediana o pequeña.
El artículo 59 del proyecto mantuvo el calificativo de veraz para la información. Se coloca bajo la sombra del Big Brother criollo el pensamiento venezolano, pues se ha apoderado de potestades acerca de la expresión de las ideas que serían la envidia de Stalin.
Sin que nos diéramos cuenta, el artículo 29 del documento establece que 'las violaciones graves a los derechos humanos' no prescriben. Todo puede ser una grave violación a esos derechos, desde el homicidio hasta el abigeato, con lo cual se ha eliminado la prescripción del Derecho Penal Venezolano y se han reabierto cualesquiera causas criminales que sean del interés del régimen.
El período presidencial se alarga a seis años con posibilidad de reelección sin doble vuelta, en contra de nuevo del proyecto original del jefe de Estado. Nos hallamos, simplemente, ante la posibilidad real de un caudillo que aplaste temporalmente a toda una generación, lo que produce la necesidad de sacarlo del poder por otros medios, como enseña la historia. Grave amenaza para el flamante orden constitucional.
El cambio de nombre del país parece dar lugar únicamente a bromas y chanzas. Sin embargo, de acuerdo con la Disposición Transitoria 14a, todos tendremos que pasar por las taquillas del sistema oficial para cambiar la cédula y el dinero, con lo cual se ha puesto en manos del Gobierno la posibilidad de dar muerte civil y financiera a los desafectos, simplemente negándoles los documentos o la moneda.
El poder sólo se detiene ante el poder. El proyecto de Constitución ha cancelado esa limitación al dárselo todo al jefe de turno, con una sumisión de la mayoría de los constituyentes que es un baldón para ellos y para nuestra historia. La Constitución bolivariana es un insulto al Libertador, muestra de los afanes totalitarios de Chávez que se denunciaron en este lugar desde el maldito momento en que dijo 'por ahora', y una cortina de humo para lo que ya es el gobierno más inepto que registran las crónicas. No.
El poder sólo se detiene ante el poder