Simón Alberto Consalvi
Lo menos que se puede pensar de la Constitución de 1999 que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó contra viento y marea, y sometió al referéndum del 15 de diciembre, es que se trata de un texto carpetovetónico, contradictorio y confuso en su concepción general de la sociedad, y absolutamente anacrónico. Carpetovetónicos llamaban a unos antiguos pueblos españoles (carpetanos y vetones) que se oponían a toda influencia extranjera, y consideraban que sólo sus principios arcaicos eran válidos; por extensión se le aplica a todo aquello que proclama el desconocimiento de lo contemporáneo, y convierte en dogma el aislamiento.
El texto constitucional no ha pasado desapercibido en el mundo; la gran prensa lo ha analizado con sorpresa. El País de Madrid hizo, entre otras observaciones, una muy pertinente: el sistema, tan radicalmente estatista, alejará las inversiones privadas, de modo especial las extranjeras, mientras el Estado no será capaz, bajo ninguna circunstancia, de responderle a la sociedad en todas las obligaciones que teóricamente asume.
De este texto pueden derivarse diversas alternativas: seremos una isla en el mundo contemporáneo; un testimonio del militarismo del siglo XIX, y un país anclado en las políticas que, casi todo el mundo, ha ido dejando atrás. Más pronto que tarde, los venezolanos confrontaremos la realidad: la Constitución de 1999 será una tela de araña de la cual no será posible escapar. No será, al final de cuentas, cuestión de enmiendas más o de enmiendas menos. Toda la concepción constitucional es anacrónica, desde la Asamblea Nacional unicameral hasta la facultad presidencial de disolverla. La eliminación del senado no tiene justificación alguna, como lo alegó con lucidez y conocimiento el ex-Decano Boris Bunimov Parra en El Nacional.
La consagración de privilegios a las Fuerzas Armadas (ahora en singular) y con un solo comandante, la vuelta a los fueros militares por los que se sublevaron contra el presidente Vargas en 1835, a los ascensos discrecionales, al divorcio entre el poder militar y el poder civil, y la exclusión absoluta de éste, afectará inevitablemente a las propias fuerzas armadas. En ningún país de América Latina rigen privilegios semejantes; menos ahora, cuando los propios militares reflexionan sobre el papel que deben cumplir en sociedades democráticas. El voto de los militares es una responsabilidad de implicaciones impredecibles. Votar sin deliberar es una contradicción. Pero, además, la FAN se convierte en un superpoder; el art. 329, del Cap. III, reza así: "La Fuerza Armada Nacional podrá ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la ley". Al criticado régimen de los ascensos, se le sustituye ahora otorgándole al presidente de la República el monopolio unipersonal de su manejo, "a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y nombrarlos para los cargos que les son privativos".
No es posible glosar los 350 artículos del texto constitucional. Pero el capítulo V, puede dar una pauta. Trata "Del Consejo Federal de Gobierno". Allí se dice (y se transcribe de manera escrupulosa, respetando, incluso, el uso arbitrario de mayúsculas, etc.) que es el "órgano encargado de la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los estados y Municipios. Estará presidido por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva e integrado por los Ministros y Ministras, los gobernadores y gobernadoras, un alcalde o alcaldesa por cada Estado y representantes de la sociedad organizada, de acuerdo con la ley". Continúa así: "El Consejo Federal de Gobierno contará con una Secretaría, integrada por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, dos Ministros o Ministras, tres gobernadores o gobernadoras y tres alcaldes o alcaldesas". Valdría la pena transcribir su texto completo. Su única función: encargarse del Fondo de Compensación Interterritorial, "destinado al financiamiento de inversiones públicas dirigidas a promover el desarrollo equilibrado de las regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas entidades públicas territoriales, y apoyar esencialmente la dotación de obras y servicios esenciales en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. El Consejo Federal de Gobierno, con base en los desequilibrios regionales, discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria a las cuales se aplicarán dichos recursos". (Tomado de El Correo del Presidente, No. 84).
Esas son las grandes facultades del bombástico Consejo Federal de Gobierno. Observaremos un disparate y dos olvidos: consagrar en la Constitución asuntos como la "transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios" equivale, ni más ni menos, a pensar que vamos a pasar todos los 100 años de la 5ta. República "transfiriendo competencias". Se olvidó especificar de dónde vendrán los recursos para el Fondo, y quién va a nombrar al gran Consejo Federal de Gobierno. O cómo se determina quiénes y cuántos serán los representantes de la "sociedad organizada". En el camino se arreglan las cargas…
No menos decorativo es el cargo del "Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva" que no es exactamente vicepresidente de la República. Podrá presidir el Consejo de Ministros, "previa autorización del presidente". El presidente lo pone y lo quita, a su leal saber y entender; pero si quien lo destituye es la Asamblea Nacional otro gallo cantará. El texto dice: "La remoción del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva en tres oportunidades dentro de un mismo periodo constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al Presidente o Presidenta de la República para disolver la Asamblea Nacional". Esta alternativa resulta excesiva para un cargo de tan relativa jerarquía. Los enemigos de la Constitución carpetovetónica no están en la calle: son quienes la aprobaron en la ANC (sin haberla leído), pero con la señal de costumbre, encubriendo en una prodigalidad de derechos y promesas, su verdadero carácter.