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El contexto económico venezolano ha estado enmarcado por la discusión en torno al proyecto de Constitución, el comportamiento positivo de los precios del petróleo y la discusión en torno al presupuesto para el año 2000.

La nueva Constitución. El proceso constituyente sigue generando incertidumbre y expectativas negativas en el ámbito económico. Existía mucha preocupación por temas claves, como la posibilidad de que de una u otra manera se volviera al viejo sistema de Seguridad Social, la reducción de la jornada laboral, la acentuación del estatatismo, incluyendo los aspectos relacionados con PDVSA, las disposiciones en materia educativa y las aparentes restricciones que existirían para el sector privado, o las disposiciones de control sobre el Banco Central o la politización de este ente y la posibilidad de que en los aspectos tributarios se marche a mecanismos que podrían calificarse de "terrorismo tributario". Aparentemente, según el resultado, se cumplieron buena parte de las apreciaciones negativas que existían sobre el proceso, aunque la versión final del proyecto es mejor que la aprobada en la primera discusión. Sin embargo, podrían aparecer modificaciones positivas al desarrollar los instrumentos legales que precisen el proyecto de Constitución.

Las decisiones respecto a la Seguridad Social. Las disposiciones aprobadas con respecto a la Seguridad Social no son positivas. Aparentemente se vuelve al principio de la retroactividad de las prestaciones, la Seguridad Social funcionaría básicamente como un sistema de reparto y se dificultaría la participación del sector privado en los fondos de pensiones y del subsistema de salud. Además las disposiciones aprobadas incentivan de manera clara la no-contribución al sistema, al garantizar los servicios del mismo a los no contribuyentes. Todos estos aspectos preocupan, pero básicamente resaltan dos elementos. En primer lugar, el sistema es inviable desde el punto de vista fiscal, aún según las mismas estimaciones del gobierno, como lo han manifestados públicamente voceros autorizados, y en segundo lugar, se reduciría en forma importante una potencial fuente de ahorro doméstico, los fondos de pensiones, que sería clave para el crecimiento de largo plazo, a través de la posibilidad de conformar un circuito doméstico ahorro-inversión.

Decisiones relativas al BCV. A pesar de que este aspecto no ha tenido en el gran público una difusión importante, este es un elemento trascendente. Lo aprobado en el proyecto definitivo de Constitución es superior a lo aprobado en la primera discusión. Sin embargo permanecen dudas importantes. Los objetivos y funciones del BCV que aparecen en el proyecto de Constitución son excesivos y potencialmente contradictorios. La coordinación entre el área monetaria y fiscal que aparece en el proyecto de Constitución no permite establecer responsabilidades claras ni para el BCV ni para el Ministerio de Finanzas, y por último, la disposición que permite que la Asamblea Nacional remueva de sus funciones al Directorio del Banco Central si no se cumplen las metas y objetivos inicialmente planteados por causas no justificadas, puede conducir a la inestabilidad institucional en la autoridad monetaria.

Es conveniente recordar que estas disposiciones aparecen en un capítulo donde no existe una regla clara de solvencia o sostenibilidad fiscal intertemporal, aunque los promotores del proyecto así lo crean. La norma fiscal en la cual aparentemente se incluiría el concepto de solvencia fiscal indica que los "gastos ordinarios" deben ser financiados con ingresos ordinarios, pero en la legislación venezolana no está definido el concepto de "gasto ordinario" de carácter fiscal, lo cual implica que no existiría una regla de solvencia clara y que debe definirse posteriormente.

La disposición que permite la remoción del Directorio del BCV por incumplimiento de metas aumentan el control político sobre el BCV en forma totalmente desproporcionada. La economía venezolana, por su carácter petrolero, es extremadamente vulnerable a shocks externos "reales" (términos de intercambio) y nominales, no controlables por las autoridades, por lo que puede ser común que no se cumplan metas previamente establecidas. Dejar en manos de la Asamblea Nacional, un ente básicamente político (la representación política de la voluntad popular), la evaluación del cumplimiento de metas de carácter macroeconómico, con la facultad de remoción a los dirigentes de la política monetaria, puede crear un grado importante de inestabilidad institucional en entes claves para dirigir la marcha de la economía.

En síntesis, el conjunto de disposiciones del proyecto de nueva Constitución relativas al Banco Central reduce la autonomía del BCV y puede ser una fuente adicional de inestabilidad.

Presupuesto del año 2000 y precios petroleros. La discusión del presupuesto del año 2000 continua. Según los parámetros de precios petroleros y volumen de exportación incluidos en el proyecto de presupuesto, US$ 15 dólares por barril y 2,7 millones de barriles diarios de exportación, los ingresos fiscales de origen petrolero estarían sobre-estimados, a menos que no implique nuevo endeudamiento bruto por parte de PDVSA. Así mismo estarían sobre-estimados los ingresos fiscales no petroleros. La tasa de aumento del gasto nominal es alta, aproximadamente entre 35%-40% el aumento del gasto primario, lo cual ratifica la intención de estimular la economía aunque puede que este volumen de gasto no sea consistente con la inflación objetivo. Sin embargo, es posible que el precio promedio de la canasta de exportación petrolera venezolana del año 2000 sea superior a la estimación del proyecto de presupuesto. Por ejemplo, si el WTI se coloca en el año 2000 a un precio promedio de US$ 21/barril-US$ 20/barril, la canasta venezolana podría colocarse alrededor de los US$ 17/barril, dos dólares más a lo estimado en el presupuesto, aproximadamente US$ 2.000 millones de dólares más de exportación petrolera. En todo caso, se supone que en el mes de diciembre y el primer trimestre del 2000, por el efecto del invierno, la reducción de inventarios y la restricción de la Opep, los precios del petróleo pueden subir. En definitiva, el comportamiento del mercado petrolero en el muy corto plazo depende en buena medida de las decisiones de la Opep.

La impresión de que el presupuesto sería ajustado el año 2000 tanto para adaptarlo a un nuevo escenario petrolero o, por ejemplo, a nuevas disposiciones constitucionales, por lo que el proyecto presentado es una señal relativamente confusa. Uno de los problemas que en términos macroeconómicos podría presentar el escenario fiscal del 2000 es la poca sostenibilidad intertemporal, si se considera que los precios del petróleo del próximo año no representan la tendencia de mediano y largo plazo. Así mismo, podrían presentarse desequilibrios en el área cambiaria, un tipo de cambio real efectivo alejado del nivel de equilibrio y en la cuenta de capital de corto plazo.

Acuerdo salarial en PDVSA. Aparentemente está en camino un acuerdo salarial entre Pdvsa y sus trabajadores. Según la información existente, el posible acuerdo puede tener repercusiones negativas para el control de la presión salarial nominal, y en consecuencia sobre el control de la inflación futura y el objetivo de reducir el desempleo. El aumento podría ser de más del 100% (por dos años), y ya se habría llegado a acuerdos en el área de seguridad social para los trabajadores del sector excesivamente onerosos para la empresa. Ello puede desencadenar un efecto de contagio para el resto de los sectores, incluyendo el aparato del Estado.

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