|
Noticias Económicas
Analítica Research
El contexto económico venezolano ha estado
enmarcado por la discusión en torno al proyecto de
Constitución, el comportamiento positivo de los precios del
petróleo y la discusión en torno al presupuesto para el año
2000.
La nueva Constitución. El proceso
constituyente sigue generando incertidumbre y expectativas
negativas en el ámbito económico. Existía mucha
preocupación por temas claves, como la posibilidad de que
de una u otra manera se volviera al viejo sistema de
Seguridad Social, la reducción de la jornada laboral, la
acentuación del estatatismo, incluyendo los aspectos
relacionados con PDVSA, las disposiciones en materia
educativa y las aparentes restricciones que existirían para
el sector privado, o las disposiciones de control sobre el
Banco Central o la politización de este ente y la
posibilidad de que en los aspectos tributarios se marche a
mecanismos que podrían calificarse de "terrorismo
tributario". Aparentemente, según el resultado, se
cumplieron buena parte de las apreciaciones negativas que
existían sobre el proceso, aunque la versión final del
proyecto es mejor que la aprobada en la primera discusión.
Sin embargo, podrían aparecer modificaciones positivas al
desarrollar los instrumentos legales que precisen el
proyecto de Constitución.
Las decisiones respecto a la Seguridad
Social. Las disposiciones aprobadas con respecto a la
Seguridad Social no son positivas. Aparentemente se vuelve
al principio de la retroactividad de las prestaciones, la
Seguridad Social funcionaría básicamente como un sistema
de reparto y se dificultaría la participación del sector
privado en los fondos de pensiones y del subsistema de
salud. Además las disposiciones aprobadas incentivan de
manera clara la no-contribución al sistema, al garantizar
los servicios del mismo a los no contribuyentes. Todos estos
aspectos preocupan, pero básicamente resaltan dos
elementos. En primer lugar, el sistema es inviable desde el
punto de vista fiscal, aún según las mismas estimaciones
del gobierno, como lo han manifestados públicamente voceros
autorizados, y en segundo lugar, se reduciría en forma
importante una potencial fuente de ahorro doméstico, los
fondos de pensiones, que sería clave para el crecimiento de
largo plazo, a través de la posibilidad de conformar un
circuito doméstico ahorro-inversión.
Decisiones relativas al BCV. A pesar de
que este aspecto no ha tenido en el gran público una difusión
importante, este es un elemento trascendente. Lo aprobado en
el proyecto definitivo de Constitución es superior a lo
aprobado en la primera discusión. Sin embargo permanecen
dudas importantes. Los objetivos y funciones del BCV que
aparecen en el proyecto de Constitución son excesivos y
potencialmente contradictorios. La coordinación entre el área
monetaria y fiscal que aparece en el proyecto de Constitución
no permite establecer responsabilidades claras ni para el
BCV ni para el Ministerio de Finanzas, y por último, la
disposición que permite que la Asamblea Nacional remueva de
sus funciones al Directorio del Banco Central si no se
cumplen las metas y objetivos inicialmente planteados por
causas no justificadas, puede conducir a la inestabilidad
institucional en la autoridad monetaria.
Es conveniente recordar que estas
disposiciones aparecen en un capítulo donde no existe una
regla clara de solvencia o sostenibilidad fiscal
intertemporal, aunque los promotores del proyecto así lo
crean. La norma fiscal en la cual aparentemente se incluiría
el concepto de solvencia fiscal indica que los "gastos
ordinarios" deben ser financiados con ingresos
ordinarios, pero en la legislación venezolana no está
definido el concepto de "gasto ordinario" de carácter
fiscal, lo cual implica que no existiría una regla de
solvencia clara y que debe definirse posteriormente.
La disposición que permite la remoción del
Directorio del BCV por incumplimiento de metas aumentan el
control político sobre el BCV en forma totalmente
desproporcionada. La economía venezolana, por su carácter
petrolero, es extremadamente vulnerable a shocks externos
"reales" (términos de intercambio) y nominales,
no controlables por las autoridades, por lo que puede ser
común que no se cumplan metas previamente establecidas.
Dejar en manos de la Asamblea Nacional, un ente básicamente
político (la representación política de la voluntad
popular), la evaluación del cumplimiento de metas de carácter
macroeconómico, con la facultad de remoción a los
dirigentes de la política monetaria, puede crear un grado
importante de inestabilidad institucional en entes claves
para dirigir la marcha de la economía.
En síntesis, el conjunto de disposiciones
del proyecto de nueva Constitución relativas al Banco
Central reduce la autonomía del BCV y puede ser una fuente
adicional de inestabilidad.
Presupuesto del año 2000 y precios
petroleros. La discusión del presupuesto del año 2000
continua. Según los parámetros de precios petroleros y
volumen de exportación incluidos en el proyecto de
presupuesto, US$ 15 dólares por barril y 2,7 millones de
barriles diarios de exportación, los ingresos fiscales de
origen petrolero estarían sobre-estimados, a menos que no
implique nuevo endeudamiento bruto por parte de PDVSA. Así
mismo estarían sobre-estimados los ingresos fiscales no
petroleros. La tasa de aumento del gasto nominal es alta,
aproximadamente entre 35%-40% el aumento del gasto primario,
lo cual ratifica la intención de estimular la economía
aunque puede que este volumen de gasto no sea consistente
con la inflación objetivo. Sin embargo, es posible que el
precio promedio de la canasta de exportación petrolera
venezolana del año 2000 sea superior a la estimación del
proyecto de presupuesto. Por ejemplo, si el WTI se coloca en
el año 2000 a un precio promedio de US$ 21/barril-US$
20/barril, la canasta venezolana podría colocarse alrededor
de los US$ 17/barril, dos dólares más a lo estimado en el
presupuesto, aproximadamente US$ 2.000 millones de dólares
más de exportación petrolera. En todo caso, se supone que
en el mes de diciembre y el primer trimestre del 2000, por
el efecto del invierno, la reducción de inventarios y la
restricción de la Opep, los precios del petróleo pueden
subir. En definitiva, el comportamiento del mercado
petrolero en el muy corto plazo depende en buena medida de
las decisiones de la Opep.
La impresión de que el presupuesto sería
ajustado el año 2000 tanto para adaptarlo a un nuevo
escenario petrolero o, por ejemplo, a nuevas disposiciones
constitucionales, por lo que el proyecto presentado es una
señal relativamente confusa. Uno de los problemas que en términos
macroeconómicos podría presentar el escenario fiscal del
2000 es la poca sostenibilidad intertemporal, si se
considera que los precios del petróleo del próximo año no
representan la tendencia de mediano y largo plazo. Así mismo, podrían presentarse
desequilibrios en el área cambiaria, un tipo de cambio real
efectivo alejado del nivel de equilibrio y en la cuenta de
capital de corto plazo.
Acuerdo salarial en PDVSA. Aparentemente
está en camino un acuerdo salarial entre Pdvsa y sus
trabajadores. Según la información existente, el posible
acuerdo puede tener repercusiones negativas para el control
de la presión salarial nominal, y en consecuencia sobre el
control de la inflación futura y el objetivo de reducir el
desempleo. El aumento podría ser de más del 100% (por dos
años), y ya se habría llegado a acuerdos en el área de
seguridad social para los trabajadores del sector
excesivamente onerosos para la empresa. Ello puede
desencadenar un efecto de contagio para el resto de los
sectores, incluyendo el aparato del Estado.
Para mayor información visite:
|
|