Kofi A. Annan
DENTRO de un mes quedará atrás el siglo XX. En la primera parte de este siglo el mundo se vio casi destruido por la guerra, parcialmente por consecuencia de la división del planeta en bloques comerciales rivales. En la segunda parte asistimos a una expansión sin precedentes del mercado mundial que ha producido asímismo un crecimiento económico nunca visto en los siglos anteriores.
La reunión de la Organización Mundial del Comercio esta semana en Seattle y otras reuniones que se efectuarán en los próximos años pueden ser cruciales para determinar si el siglo XXI se parecerá a la primera parte del XX (seguramente peor), o a la segunda parte del mismo (con seguridad, mejor).
Después de la Segunda Guerra Mundial, estadistas cautelosos construyeron deliberadamente un orden político y económico de posguerra, gobernado por leyes que posibilitaran el libre comercio y, en consecuencia, disminuyeran la posibilidad de guerras en el futuro. En términos generales, tuvieron éxito, porque lograron un período de amplio consenso sobre la función del Estado en la provisión de empleo para todos, en la estabilidad de precios y en el establecimiento de redes de seguridad social; concretaron también economías nacionales distintas, representadas por estados capaces de controlar los negocios entre sus ciudadanos y de manejar los controles fronterizos.
El mundo actual es muy diferente. Las redes productivas y financieras se han librado de las barreras nacionales y han llegado a ser realmente universales. Pero el resto del sistema ha quedado rezagado. Los estados-naciones y las instituciones que los representan no pueden seguir dictando los términos del intercambio internacional por el simple comercio de unos con otros. La vida económica ya no está incrustada en un amplio marco de valores compartidos y prácticas institucionalizadas. La economía se ha tornado global pero la política sigue siendo principalmente local.
El resultado ha sido que, aunque haya elecciones libres en más y más países, las gentes sienten que no tienen control sobre las decisiones que afectan sus vidas. Los individuos y los pueblos se sienten vulnerables e impotentes. Creo que este sentimiento se esconde detrás de muchos de los argumentos que escuchamos en favor del empleo de la política comercial para el fomento de acciones benéficas. Quienes argumentan de esta manera, expresan temores y ansiedades sobre los efectos de la globalización.
Tienen pleno derecho a preocuparse por su empleo, por los derechos humanos, por el trabajo de los niños, por la contaminación del medio ambiente y por la comercialización de la investigación médica y científica. Principalmente, tienen derecho a preocuparse por la desesperante situación de pobreza en la que viven tantas personas de los países en desarrollo.
Pero no debe utilizarse la globalización como chivo expiatorio para las fallas de la política nacional. El mundo industrializado no debe tratar de solucionar sus problemas a expensas de los pobres. Raras veces es razonable el empleo de restricciones comerciales para atacar problemas que no provienen del comercio sino de otros sectores de la política. Al aumentar la pobreza y obstruir el desarrollo, estas restricciones empeoran los problemas que pretenden solucionar.
La experiencia práctica demuestra que el comercio y la inversión no sólo fomentan el desarrollo económico sino que, además, perfeccionan las normas de derechos humanos y protegen el medio ambiente. Todos estos beneficios se obtienen al mismo tiempo cuando los países adoptan políticas e instituciones adecuadas.
Por tanto, no hay que sorprenderse de que los países en desarrollo desconfíen de quienes afirman que les están ayudando cuando introducen condiciones comerciales nuevas o restricciones al comercio. Les han repetido, una y otra vez, que el libre comercio es un beneficio para ellos, que deben abrir sus economías; y ellos lo han hecho, a veces con un costo muy alto. Tal vez no han hecho lo suficiente, ya que muchos conservan barreras muy altas en forma de tarifas que restringen la competencia e impiden importaciones fundamentales para sus propios productores. De esa manera retardan el crecimiento.
Sin embargo, la verdad es que los países ricos han reducido sus tarifas menos que los países pobres. Parece que se sienten felices exportándose mutuamente productos manufacturados, pero a los países en desarrollo les piden sólo materia prima y no productos terminados. Como consecuencia, el promedio de las tarifas que les imponen a los productos manufacturados procedentes de los países en desarrollo es cuatro veces más alto que el impuesto a los productos que llegan de otros países industrializados. No sólo se utilizan tarifas sino cuotas y multas «anti-dumping» para impedir que las importaciones del tercer mundo lleguen al primero, sobre todo si se trata de sectores tales como agricultura, textiles y confecciones en los que los países más pobres tienen una ventaja competitiva. Parece que en algunos países ricos se cree que las economías de los países en desarrollo son incapaces de competir honestamente y, si producen algo a precios competitivos, se les acusa automáticamente de «dumping».
En realidad, son los países industrializados los que están invadiendo los mercados mundiales con los alimentos que les sobran (estos sobrantes se producen con 250 billones de subsidios anuales) y están amenazando la subsistencia de millones de campesinos pobres de los países en desarrollo que no pueden competir con las improtaciones subsidiadas.
No se necesitan más obstáculos para el mercado mundial sino mayor determinación de los Gobiernos para abordar en forma directa las cuestiones políticas y sociales. El mercado mundial libre, así como los mercados nacionales libres, deben estar apoyados sobre valores compartidos y deben asegurarse con instituciones efectivas. El liderazgo firme que hemos derrochado en defensa de la propiedad intelectual lo debemos exhibir también a favor de los derechos humanos, las normas laborales y el medio ambiente. Para eso existen las Naciones Unidas, su Programa del Medio Ambiente, su Comisionado para los Derechos Humanos y sus órganos especializados tales como la Organización Internacional del Trabajo.
Pero necesitamos la ayuda del sector privado. Las compañías transnacionales han sido las primeras que han recibido los beneficios de la glogalización; deben aceptar la parte de responsabilidad que les corresponde para hacerles frente a sus efectos. Por eso, a principios de este año, presenté la propuesta de un Pacto Global entre el sector comercial y las Naciones Unidas para ayudar a las corporaciones en la tarea de poner en práctica los principios de derechos humanos, normas laborales y protección ambiental que se han aceptado internacionalmente.
El comercio es mejor que la ayuda. Si los países industrializados hacen un mayor esfuerzo para abrir sus mercados, los países en desarrollo pueden llegar a exportar billones de dólares anuales, y esto es mucho más de lo que actualmente reciben en ayuda.
En realidad, los países industrializados podrían estar haciéndose un favor. La Unión Europea, por ejemplo, de acuerdo con un estudio, gasta ahora entre el seis y el siete por ciento de su producto Nacional Bruto en diversas medidas de protección comercial. Sin duda que algunos grupos de habitantes de Europa están recibiendo los beneficios, pero deben existir, con seguridad, medios más baratos y menos nocivos para proporcionarles ayuda a los conciudadanos.
En este momento, deben disminuirse substancialmente las tarifas y demás restricciones que pesan sobre las exportaciones de los países en vías de desarrollo. A los países menos desarrollados se les debe eximir totalmente de impuestos y cuotas. Este nuevo ciclo de negociaicones comerciales debe ser el «ciclo del desarrollo». El mundo necesita un sistema comercial libre pero igualmente justo.
Secretario General de las Naciones Unidas
ABC (España), 30 de noviembre de 1999