Guido Grooscors
El presente comentario aparece en fecha coincidente con la realización del referendo que ha servido para que el electorado, o mejor, el "soberano", decida respecto al proyecto de Carta Constitucional que, en caso de ser aprobada, pasa a ser el máximo instrumento jurídico que dará legitimidad al proceso de cambios institucionales que viene reclamando el país desde hace ya bastante tiempo.
Independientemente de los resultados que haya arrojado la consulta, es pertinente señalar que la sociedad venezolana se está jugando su futuro inmediato como consecuencia de esa determinación, pues la inclinación del electorado, sea en uno u otro sentido, debiera mover al régimen para asumir un comportamiento democrático, signado por la amplitud y la tolerancia, en relación con la indispensable gobernabilidad que debe ser una de sus metas principales por alcanzar si es que, efectivamente, se propone ejecutar un programa de gobierno que beneficie a todos los venezolanos, cualquiera sea su posición política.
A tal respecto, crecen las dudas no sólo en la porción del electorado que se manifestó comprometido con la opción negativa sino también en muchos de quienes votaron por la afirmativa a desgano, por estimar que el proyecto constitucional presenta numerosas debilidades que contribuirán a imprimirle carácter de transitoriedad a gran parte de sus disposiciones, por lo que, de una vez, es fácil vaticinar que el texto constitucional aprobado no está en capacidad de superar la prueba de mantener su vigencia más allá de la gestión presidencial del actual jefe del Estado. Por otro lado, la gobernabilidad, para ser efectiva, requiere, entre otros fundamentos, del consenso necesario entre los diferentes actores políticos para acordarse en la tarea común de contribuir, cada uno en su esfera y campo de acción, a la construcción del país, quizás mejor: reconstrucción.
Y, en ese sentido, la duda cobra mayor fuerza puesto que nada en la actitud gubernamental sobre este particular, permite esperar un cambio que, obstinadamente rechaza el primer magistrado, al persistir en su prédica maniquea de excluir del importante compromiso de reingeniería institucional que está planteado, a un crecido segmento de la población, agredido y vejado, bajo el argumento falaz de tratarse de venezolanos corruptos, "negativos" y "realistas", por añadidura. A lo anterior cabe agregar que el panorama político para el entrante trimestre será de intensa actividad electoral ya que el proceso de relegitimación de autoridades se extiende a diferentes ramas del poder público (nacional, regional, local) y ello supone participación directa del presidente de la República en cada una de las campañas que se lleven a cabo para tal efecto, por lo cual es punto menos que imposible que llegue a prosperar ninguna clase de entendimiento entre los dos bandos, al parecer irreconciliables conforme a la óptica presidencial, en los que el alto magistrado ejecutivo ha dividido al país y que, seguramente, procurará sostener, por lo menos verbalmente.
Las perspectivas, pues, de acuerdo con lo comentado, no son nada halagüeñas y, más bien, se presentan sombrías, como cabe esperarlo de un proceso político dominado por el autoritarismo, la demagogia y el populismo.