Carlos Eduardo Ruiz
Desde que Hugo Chávez Frías lanzó su candidatura a la presidencia de la república, numerosas personas e instituciones comenzaron a expresar un alerta sobre la inconveniencia para el país, de que el teniente-coronel retirado tomase las riendas de la administración nacional. Esas opiniones no cesaron, sino que más bien se incrementaron y multiplicaron durante el proceso del referéndum del 15 de diciembre pasado. Las pruebas de que esas voces tienen la razón son abundantes; y se están multiplicando con creces ante la enorme tragedia causada por las lluvias en todo el país.
Ya casi nadie recuerda la arbitraria detención del Secretario de Gobierno y de varios oficiales de policía del estado Sucre y su sometimiento a la justicia militar, luego del incendio de la sede de la gobernación de ese estado por una turba de estudiantes; ellos fueron puestos a la orden de la jurisdicción civil sólo después de numerosas protestas contra este proceder del gobierno de Chávez. Pero esa no fue la única arbitrariedad. Los órganos de Justicia Militar desoyeron deliberadamente y desacataron las órdenes de los tribunales civiles de primera instancia y superiores de poner en libertad al abogado Eduardo Ramón Flores; detenido por acusar de corrupción al general de la Guardia Nacional Rubén Silva Ruiz. También, el propio Canciller tuvo que acudir personalmente a la DISIP para que se suspendiense la arbitraria detención del hijo del opositor al gobierno Lewis Pérez Daboín, por supuestamente estar conspirando para asesinar al presidente. También pareciera que hasta el Fiscal General de la República se ha olvidado de los ascensos militares realizados violando flagrantemente las leyes militares y la Constitución Nacional. La arbitrariedad gubernamental, no es la única faceta negativa del gobierno, su incompetencia administrativa es manifiesta y le está causando un enorme daño al país.
No tenemos espacio para comentar las relaciones colombo-venezolanas deterioradas enormemente por este gobierno; pero como son ampliamente conocidas, señalaremos otras tan importantes como esa. Todavía hay empleados públicos que no cobran el aumento salarial decretado para entrar en efecto el primero de mayo pasado. Ninguno de los estimados que poseía el gobierno de recaudación fiscal, basados principalmente en que con sólo “acabar con la corrupción” en las aduanas recabaría 4 millardos de dólares, se han materializado. El presupuesto para el año 2000 retirado del Congreso Nacional en una rabieta del gobierno acusándolo de obstrucción política, tampoco ha sido aprobado por la Asamblea Constituyente, por las mismas razones aludidas por el Congreso. Y después de acusar al Congreso de “perder un millón de bolívares por cada minuto de discusiones estériles” para aprobar la Ley Habilitante, el 25 de Octubre publica mediante una argucia legal la Gaceta Oficial Nº 36.814 donde menciona sólo el nombre de 29 leyes distintas “cuyos textos completos serían publicadas en futuras gacetas oficiales”, para poder ganar tiempo ante el vencimiento del plazo de la Ley habilitante que le otorgó el Congreso.
La incompetencia gubernamental se ha agravado recientemente. El 15 de diciembre la mayor preocupación del gobierno era que a las dos de la tarde aún no se habían instalado 40 centros de votación en el estado Vargas; ocasión en la que el presidente pronunció sus nefastas palabras emulando las de Bolívar ante el terremoto de 1812; por su mente, ni la de su gobierno, pasaron las graves necesidades que estaban sufriendo las comunidades azotadas por las lluvias.
Al conocerse la dimensión de la tragedia, mientras el gobierno trataba de entender lo que sucedía; fue la sociedad civil la que comenzó a responder organizándose para asistir a los afectados. Ante la ausencia de gobierno, la dirección de las labores de auxilio y rescate fue asumida por los medios de comunicación social, quienes eran los únicos que no sólo informaban, sino que le indicaban a las personas las medidas de precaución que deberían tomar para resguardar sus vidas, así como los lugares a los que podían presentarse como voluntarios o llevar ayuda a los damnificados. Al gobierno le tomó varios días organizarse. Especialmente para minimizar ante la opinión pública la magnitud del desastre, so excusa de no causar pánico; provocando con ello, la demora y subestimación de la ayuda internacional necesaria. El lunes 20, a cinco días de iniciarse el desastre El Nacional informa en su primera plana. que la capacidad del gobierno ha sido rebasada.
Un vice-presidente de la Asamblea Constituyente, en vez de exigirle al gobierno proporcionar la seguridad personal y patrimonial innegablemente urgente, y solicitada a gritos desde muchos lugares de Vargas y Miranda, le propuso suspender las garantías constitucionales. El vice-ministro de Relaciones Interiores dijo en cadena nacional que “seremos implacables con la aplicación de la ley a todas aquellas personas que consigamos infringiéndola y, por lo demás, también resguardamos la propiedad privada en las zonas afectas por la tragedia”. Cómo si en realidad estuviese en capacidad de hacer cumplir esas palabras; cosa altamente improbable como se derivaba de las imágenes transmitidas constantemente por las televisoras. El ministro de sanidad, hizo algo similar: una cadena para difundir palabras impartiendo instrucciones desde su despacho con aire acondicionado. Y el gobernador del Distrito Federal, acaba de prohibir el expendio de licores en su jurisdicción, perjudicando económicamente a miles de comerciantes, castigando injustamente a centenares de miles de sus gobernados; porque unos pocos desadaptados quienes supuestamente estaban protagonizando desórdenes en la capital bajo la influencia alcohólica.
Algo muy serio de lo que debemos estar muy pendientes, es de la orden presidencial mediante la cual supuestamente unidades de paracaidistas bajarían a rapel en zonas inaccesibles de Vargas con el propósito de localizar personas damnificadas para encargarse de su rescate vía rapel si no pueden caminar; o custodiarlos a través de la montaña hasta lugares seguros en caso de que puedan caminar; ya que si esto es así, muy probablemente, esos jóvenes soldados se sumarán en poco tiempo a los ya damnificados; ante esta visceral y nada profesional concepción de esta “operación militar”. No olvidemos, que el 4 de febrero de 1989 también movilizó paracaidistas hasta el Palacio de Miraflores con las consecuencias ya conocidas.
Es igualmente preocupante que el presidente en vez de estar reunido con su gabinete analizando y decidiendo sobre los asuntos que minuto a minuto se presentan en emergencias como las que nos enluta a todos los venezolanos, se uniforme para recorrer las zonas afectadas durante horas y horas del valiosísimo tiempo que debería estar empleando en tomar decisiones ante las propuestas de sus asesores y ministros; dejando al país sin dirección, ya que nadie va a asumir sus responsabilidades.
Los venezolanos se dan cuenta de esto, como lo puso de manigesto una humilde señora quien dijo a las cámaras de RCTV: "Yo sé que Chávez quiere estar con todos, pero ese helicóptero lo necesitan mucho más urgentemente, las personas que está a punto de perder su vida".