Declaración de Teodotro Petkoff

En vista de las tremendas presiones que el gobierno ha venido ejerciendo sobre la familia Capriles López y habida cuenta de que las razones de tal presión tienen que ver con mi condición de Director del vespertino El Mundo, hemos decidido, de común acuerdo, mi separación de ese cargo.

Durante varios meses, en un intento de mantener un clima de convivencia, siempre respondí negativamente, tanto a medios nacionales como internacionales, a la pregunta de si estábamos sufriendo alguna forma de presión. Pero ahora puedo decirlo abiertamente: el gobierno ha venido extorsionando a la familia Capriles López, para forzar un cambio de orientación en El Mundo. Puesto que el pretexto para el chantaje ha sido el problema patrimonial que envuelve a la familia Capriles López, la "solución" que hemos encontrado espero que permita también la restitución de la legalidad en el manejo de los asuntos sucesorales por parte del gobierno y que cese el chantaje del cual es víctima esta familia. Temo, en cambio que la libertad de expresión no salga bien parada de este episodio. Como es obvio, no tengo arte ni parte en el litigio que envuelve a la familia Capriles López. Abusando de su confianza, porque poseo información privilegiada, la voy a utilizar porque lo que está en juego es muy grande y no creo que deba reservármela, pero me parece necesario relatar el modo como ha sido presionada esta familia recientemente, a fin de que se comprenda bien cómo un gobierno inescrupuloso, igual que en algunas ocasiones del pasado que persistentemente se denuncia, puede, utilizando los formidables resortes del poder, doblegar taimadamente a los medios de comunicación, sin desmedro de que, farisaicamente, sus voceros continúen dragoneando de defensores de la libertad de prensa y expresión.

Las presiones comenzaron cuando, sin venir a cuento, puesto que se trata de un litigio privado, la Procuradunía General de la República solicitó de la Corte Suprema de Justicia un avocamiento totalmente improcedente puesto que, solicitado por la otra parte, ya había sido rechazado en dos ocasiones anteriores por la misma Corte. Lo singular del caso es que el documento de la Procuraduría, en una muestra del dudoso sentido ético de Elechiguerra, fue copiado hasta con los errores ortográficos, de uno similar introducido por la otra parte del pleito. La razón aducida por la Procuraduría fue la de su obligación de velar por los intereses del Fisco en relación con los impuestos sucesorales a pagar. Impuestos que, por cierto, aún no habían sido liquidados por el SENIAT de modo que no había razón para presumir que ello no iba a ocurrir. Como en efecto ocurrió: una vez producida la liquidación sucesoral por parte del SENIAT, casi inmediatamente, la familia Capriles López canceló el monto de 19 mil millones de bolívares que se le estableció por concepto de esos impuestos. (Anexo l). De seguidas el ministro de Finanzas dirigió una comunicación al Procurador ordenándole desistir de su acción ya que los intereses de la República habían sido satisfechos. (Anexo 2). Pasadas dos semanas, durante las cuales, "inexplicablemente" no se produjo tal desestimiento, lo que tuvo lugar fue una segunda carta del ministro de Finanzas al Procurador, ordenándole dejar sin efecto la anterior y pidiéndole que continuara con su acción. (Anexo 3). ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Qué ordenes recibió José Rojas para tan extraño proceder? Esta vez el argumento utilizado fue el de que se debían intereses sobre los impuestos, por una cifra idéntica a la de éstos, es decir, 19 mil millones. Cosa evidentemente absurda, pero más absurda aún si se toma en cuenta que se pretendía cobrar esos intereses desde la fecha de la muerte del señor Miguel Angel Capriles Ayala y no desde la fecha de la liquidación de la planilla sucesoral, pago al cual, por cierto, no se ha negado la familia Capriles López y para lo cual ha constituido garantías por 35 mil millones, lo cual cubre varias veces la suma que se pudiera adeudar. Pero lo interesante es que para la fecha de la segunda comunicación de Rojas a la Procuraduría, aún el SENIAT no había determinado la existencia de estos intereses, (que de haber existido no se entiende porque no fueron incluidos de una vez en la planilla sucesoral inicial). De modo que Rojas ordenó proseguir la acción de la Procuraduría aún sin saber que existían tales intereses. A este nuevo mecanismo de presión se añadió la insólita pretensión de la Procuraduría y del ministerio de Finanzas de hacer anular la venta de las acciones de la Electricidad de Caracas realizada por la familia Capriles López. A tal fin, José Rojas telefoneó repetidamente a la presidenta de la Comisión Nacional de Valores, doctora Aída Lamus. La doctora Lamus se negó a ello, dada la naturaleza completamente legal de la operación efectuada. Pero como el respeto a la legalidad no es precisamente el fuerte del gobierno, cada discusión la terminaba Rojas aduciendo que se trataba de "ordenes del presidente Chávez". La celeridad que no han tenido para, por ejemplo, los procedimientos ordinarios de la administración pública, les sobra para los abusos.

A todas estas, la familia Capriles López y yo mismo, mantuvimos numerosas conversaciones con Ignacio Arcaya, José Vicente Rangel y Luis Miquilena. Luis Miquilena, (cuya hija Sonia ha estado involucrada directamente en el asunto, como una suerte de "agente" de la otra parte del litigio), llegó a decirme en una oportunidad, que a ellos más bien les interesaba una oposición y que él mismo podía hacerme llegar datos para denunciar casos de corrupción. Expresión cuyo cinismo no es necesario subrayar. Arcaya terminó franqueándose: "el problema es Teodoro" dijo. Debo decir que lo expresó con la impotencia de quien siente que no puede hacer nada. ¿Entonces, la libertad de expresión es un problema? Una noche fui testigo de una conversación telefónica entre Rangel y Miguel Angel Capriles, en la cual no sólo reclamaba algunas referencias, suavemente críticas, por cierto, que a unas declaraciones suyas había hecho yo en un editorial (lo cual me hizo pensar que, en el fondo no quieren ninguna oposición) sino que utilizó la expresión "es que Teodoro no ayuda".¿A qué debía "ayudar" yo? ¿7ortarme bien" para qué el derecho a expresarse libremente pudiera ser mediatizado sin que nadie se diera cuenta y sin costo alguno para el gobierno? ¿A quedarme callado para que cesara la presión sobre los Capriles López? Desde luego, no tengo duda alguna de que esto tratará de ser desmentido, pero la contundencia de los hechos es demasiado grande. El primero de todos es que ya no soy Director de El Mundo. Y, pueden creerme, no es ni por mi propia voluntad que me voy del cargo ni por la de la familia Capriles López, la cual ".guapeó" hasta que ya no pudo más.

Bien, estos son los hechos. Creo que la interpretación de ellos no es difícil. La mía es muy sencilla. Creo que este caso demuestra hasta que punto la defensa de la libertad de expresión obliga a una vigilancia permanente y a una indeclinable actitud de rechazo a la continua pretensión de los gobiernos de reducir o eliminar las voces críticas. Pero, puesto que, tal como lo he expresado tantas veces en mis editoriales, confío mucho en la cultura democrática del país y en su capacidad para impedir peores desaguisados, tomo esto como un episodio más de una larga lucha, en la cual "percances" como este deben reforzar la voluntad de quienes se sienten dolientes de la democracia y la libertad.

Declaración leída por Teodoro Petkoff en la rueda de prensa realizada el martes 21  de diciembre de 1999