James R.Whelan
Saltillo, México (AIPE)- Para los internacionalistas, aquellos “hombres nuevos” a quienes la Marsellesa les produce más emoción que oír a su propio himno nacional, la Corte Penal Internacional nos conducirá a una nueva Era Dorada, donde los derechos humanos gozarán de protección absoluta, donde ningún transgresor, en ninguna parte del mundo, escaparía de la justicia certera de ese tribunal de tribunales.
Pero pisemos suelo y veamos la realidad. La creación de la Corte Penal Internacional fue acordada en Roma, el 17 de julio de 1998, por una votación de 160 de los 185 países miembros de las Naciones Unidas. Los estatutos fueron aprobados por 120 votos a favor, siete en contra (entre ellos, Estados Unidos, China, Israel, Irak y Libia), y 20 abstenciones. Entraría en vigencia cuando 60 países la ratifiquen formalmente.
El gobierno socialista británico de Tony Blair será el quinto en ratificarlos. Ninguna sorpresa. El rápido crecimiento de las instituciones supranacionales es una iniciativa eminentemente socialista, apoyada por una mezcla de tontos útiles, soñadores y cínicos. Forma parte de la histórica estrategia socialista de reemplazar el Estado-Nación por una amorfa comunidad internacional.
Si 60 países llegasen a ratificar los estatutos, la Corte sería un hecho para cada hombre, mujer y niño del planeta. Su mandato incluye: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión. Y según sus propagandistas, la Corte será absolutamente independiente, libre de la influencia de país alguno. Quien eso cree, no ha aprendido nada de la historia de las organizaciones internacionales. ¿Por qué suponer que la nueva Corte escaparía del mismo juego de intereses y manipulaciones que ha plagado crecientemente a las Naciones Unidas?
Según los estatutos, los 18 jueces serían seleccionados de todo el mundo. Pero ya existe el principio -consagrado en el Artículo 2 de los estatutos de la Corte Internacional de La Haya- que los jueces, además de competentes y honrados, deben "representar las formas principales de la civilización y de los principales sistemas de justicia del mundo". Eso podría incluir sistemas poco civilizados que hoy rigen las vidas de decenas de millones de seres humanos y así no podría haber un "cuerpo de ley" establecido, sino la improvisación total. En el caso de La Haya, el problema no ha surgido aún porque se hace caso omiso del Artículo 2.
Los norteamericanos se oponen a la Corte en parte por razones de “realpolitik”: no quieren ver limitado su radio de acción bélica. Y tampoco quieren cambiar la Constitución escrita más antigua del mundo (y un ejemplar sistema de justicia) por otro donde las convenciones sobre derechos humanos son vagas y mal definidas, sujetas no sólo a interpretaciones infinitas, sino interpretadas por jueces emanados de ámbitos legales radicalmente distintos. Objetan también que para enmendar Tratados el proceso es harto complicado, mientras reformar las leyes dentro de un país es relativamente fácil.
Por su parte, los defensores dicen que la Corte es "complementaria" y no va a sustituir a los tribunales nacionales. Pero, los estatutos mantienen que la Corte puede intervenir cuando la justicia de un país está imposibilitada para actuar o cuando se considera que no es capaz de ejercer una justicia eficaz, independiente e imparcial. Si el Caso Pinochet ha mostrado algo es la elasticidad con que la “comunidad internacional" está dispuesta a desconocer la legitimidad de un sistema de justicia en un país democrático como Chile y con una larguísima tradición de jurisprudencia, privilegiando los convenios internacionales
Otro problema siempre ha plagado el concepto de "justicia internacional": ¿Cómo hacer cumplir los fallos? En un estado-nación, el juez manda el alguacil a apresar al culpable. ¿A quién puede mandar la Corte Internacional de Justicia (La Haya)? Han sido muchos los casos en los que el país perdedor simplemente se niega a someterse al veredicto. ¿Qué hacer? ¿Declarar la guerra? En nuestro hemisferio vimos hace poco cómo Perú reaccionó frente a un veredicto desfavorable de la Corte Interamericana: Dijo primero que no aceptaba el veredicto y luego, simplemente, se retiró del sistema.
Pero esos tribunales dirimen sólo disputas entre estados. La Corte Penal juzgaría individuos. Es instructivo, entonces, consultar el caso de Sadam Hussein, quien se ha burlado de cualquier cantidad de resoluciones de la ONU y sigue campante en el poder.
Basta de piruetas legalistas. ¿Existe, acaso, persona sana que crea que la Corte Penal sometería a juicio a Boris Yeltsin por sus atrocidades en Chechenia? ¿O a Bill Clinton y Tony Blair por Kosovo, donde sus "cohetes inteligentes" destrozaron hospitales, escuelas, edificios de departamentos, etc., dejando gran cantidad de muertos y mutilados? ¿O a Jiang Zemin, presidente chino? ¿O algún miembro de la familia real de Arabia Saudita, año tras año en la lista de los 13 peores países en materia de derechos humanos según Freedom House, pero protegidos por 261 mil millones de barriles de reservas de petróleo?. ¿O, también de la misma lista de los trece peores, a Fidel Castro, el consentido de España y otros paladines de los derechos humanos?
La lista de los intocables es kilométrica. Vale decir que la Corte Penal aplicaría su sintética versión de "justicia" internacional básicamente a los ciudadanos de los países indefensos. ©
Periodista e historiador estadounidense, residenciado por muchos años en América Latina.