Roberto Blum

(AIPE)- El terremoto de 1985, el huracán Paulina y las inundaciones de 1999 produjeron daños desproporcionados a la realidad objetiva de esos desastres naturales. Una gran parte de los daños la produjo la corrupción y la falta de previsión oficial. Atrás de esos cientos o miles de muertos y millones y millones de pesos en pérdidas esta la fea cara de la corrupción nacional. Una corrupción que algunos creen, falsamente, consustancial a nuestra cultura nacional.

Efectivamente, la corrupción ha sido endémica a nuestro país. La venta de plazas en el gobierno y la mordida, por ejemplo, tienen una tradición de siglos en México y de milenios en Europa. En el imperio Romano, la reforma del emperador Dioclesiano a finales del siglo tercero formalizó la venta de plazas al mejor postor. El mecanismo era sencillo. El gobierno requería una cantidad determinada de dinero para cubrir su presupuesto. Así pues, vendía mediante un pago adelantado una jurisdicción territorial a un individuo -o sindicato de individuos- que se encargaría de cobrar los impuestos en ese territorio. El comprador asumía los riesgos, pero a cambio podía quedarse con los excedentes cobrados. El padre de la química moderna, Antoine Lavoisier, perdió su brillante cabeza durante la Revolución Francesa por dedicarse a tan riesgoso negocio.

En México, la administración prebendaria -tal es el nombre de este antiguo tipo de administración pública- tiene sus orígenes en el siglo XVI. Los reyes Don Carlos y Don Felipe autorizaron la venta de plazas para sufragar los gastos de la Corona. Sin duda éste no es el mecanismo más eficiente para recaudar impuestos, pero hace 500 años era común y más o menos aceptable. Los flujos de dinero requeridos por el rey subían mediante un esquema de vasos capilares. El resto del efectivo se quedaba en los diferentes niveles de la burocracia colonial que así se mantenía. El problema de este sistema de administración prebendaria es su gran ineficiencia recaudatoria. Sólo llegaba a la Corona un poco menos de la mitad de lo recaudado.

Las organizaciones financieras internacionales iniciaron en los últimos años una cruzada mundial contra la corrupción. Su propósito no es moral sino de desarrollo. El daño que produce a los países que toleran la corrupción es enorme. Miles y miles de millones de dólares se fugan de esas economías y sirven para engrosar las cuentas bancarias particulares en paraísos fiscales. Algunos analistas calculan que los mexicanos mantienen recursos en el extranjero por mas de 200.000 millones de dólares como resultado de la inseguridad cambiaria y la corrupción.

Otros especialistas afirman que las rentas del mercado de las drogas ilícitas en el mundo son unos 500.000 millones de dólares al año, que circulan por el planeta corrompiendo a funcionarios y políticos. Las recientes inundaciones sufridas en Hidalgo, Puebla, Tabasco, Veracruz y Oaxaca causaron pérdidas calculadas en unos 2.000 millones de dólares. Este es el tamaño de los recursos que la corrupción desperdicia y desvía del esfuerzo del desarrollo nacional. La modernización y el desarrollo de México requiere que enfrentemos la corrupción que nos agobia y que durante años nos ha desangrado. Con discursos puramente moralistas no llegaremos a ninguna parte. El problema no es de cultura ni mucho menos de moral pública. "La corrupción no somos todos" como perversamente se quiso hacernos creer hace pocos años. Es obvio que la mejor defensa de quienes se benefician de las instituciones productoras de la corrupción es hacernos a todos cómplices, descalificarnos moralmente para evitar que forcemos los cambios necesarios. Y esa "cantaleta moralista", repetida durante años, ha hecho que no veamos las verdaderas fuentes de este problema: nuestros arreglos institucionales.

Desregular, privatizar, disminuir el tamaño del gobierno, limitar las acciones discrecionales de los funcionarios y sobre todo, democratizar la vida pública son las reformas que pueden cortar de tajo la corrupción. Estas reformas modernizarían a México y promoverían su crecimiento económico. El país ya no puede seguir pagando el alto costo de la corrupción, son demasiadas las vidas perdidas y los recursos que se escapan para beneficiar de unos pocos.

Investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo AC.
roberteblum@compuserve.com