Tenemos una nueva Constitución, pero no un nuevo proyecto de país. El diseño de una nueva sociedad ha sido el empeño que, junto con mucha gente del pueblo organizado, hemos buscado a lo largo de estos años de crisis. Hemos abogado por un proceso constituyente que refunde la convivencia social y la República en un proyecto de relaciones más justas, democráticas y solidarias. Con dolor debemos decir que el nuevo proyecto constitucional no satisface nuestras expectativas.
Críticas reaccionarias
Es importante aclarar que queremos decir "nuestro no" frente a "otros tantos no" con los cuales no nos identificamos, porque buscan desesperadamente conservar privilegios.
Hay críticas provenientes de empresarios, sindicatos y partidos políticos, que simplemente rechazan el nuevo orden propuesto porque no tienen cabida en él. Es un no reaccionario, que defiende privilegios clientelares, que no apuesta por ninguna novedad, que no se aventura a salir del pasado. Aunque las razones de las críticas hechas en sí mismas sean muy válidas, en el fondo sólo luchan por sus propios intereses. Hay sectores organizados que sólo han criticado el nuevo proyecto constitucional en cuanto que uno de sus artículos les afecta directamente, haciendo caso omiso del resto. Para estos no existe país, sólo existen ellos.
Nuestras razones para decir no
Tenemos delante una nueva propuesta de Constitución en donde la concentración del poder se ha impuesto, más allá de las viejas formas establecidas a lo largo de estos últimos años. Esperábamos una real transformación del poder político en estructuras de servicios y de oportunidades para la sociedad. Lo que nos ofrece el nuevo proyecto es un Estado centralizado en manos de un solo hombre.
Se ha bloqueado la oportunidad de un auténtico proceso constituyente, de un enriquecedor debate donde todos los venezolanos nos comprometiéramos en un esfuerzo mancomunado por un futuro deseable y posible. A pesar del desequilibrio original en la conformación de la ANC, en la primera discusión de las propuestas constitucionales se promovió la confrontación de ideas, afloraron los conflictos no resueltos de la Venezuela que vivimos, y con ello se despertó un movimiento de opinión y consulta en todos los sectores de la población, prueba del interés de todos por construir un nuevo país. Todo este esfuerzo se marginó ante la premura y presión del acelerador presidencial. Así el llamado a la participación de la sociedad en el diseño de la nueva Constitución no pasó de los buenos deseos y algunos intentos de intereses particulares.
El proyecto propuesto a consulta popular responde a la talla y exigencias de la nueva fuerza emergente: Chávez y la policromía de adhesiones que conforman el chavismo. Para muchos esto es natural, siempre ha sido así, pues una minoría organizada y emocionalmente estimulada conquista el poder para imponerse sobre el conjunto social. Está más que probado que esta visión puede construir un "partido", pero no construye un nuevo país. La historia está repleta de ejemplos de regímenes que proclamaron su existencia hasta el fin de los siglos. ¿Dónde quedaron estos regímenes? Y no es por incapacidad; al contrario, Chávez, con inteligencia y sagacidad, entendió el 4 de febrero que el país quería cambio, pero en democracia, y por ello sustituyó la violencia de la imposición, al menos temporalmente, acogiéndose al proceso electoral democrático.
La insistencia en un proceso constituyente expedito y "entubado" parece responder a la creación de las bases para afianzar el poder político de la nueva fuerza, desestimándose la diversidad y aspiraciones de amplios sectores de la población. Por ello, son cuestionables los siguientes puntos: la reelección presidencial con presión para la extensión del período constitucional, la concentración en el Poder Ejecutivo, la ruptura de la subordinación del poder militar al poder civil, la transferencia de las delegaciones legislativas al Poder Presidencial, la eliminación de la doble vuelta, entre otros. Esta necesidad de afianzar el poder político, contra viento y marea, explica la premura por imponer sus candidatos en todos los cargos de representación popular y el decretar la conformación de decisiones electorales que lo garanticen. Todo ello, se siente como burla al compromiso de cambio que el país desea y entorpece la visión del país democrático y participativo al que aspiramos.
Y no es que no haya nada salvable
El proyecto reconoce y consagra de manera amplia los derechos humanos, aspiración de largos años de lucha de la sociedad civil. También, se recogen diversos principios normativos para reformar el Poder Judicial, probablemente el núcleo más importante del deterioro institucional democrático. Sin el fortalecimiento de un Poder Judicial autónomo y eficiente, ningún derecho puede estar garantizado. Por ello, es un logro importante su inclusión en el quehacer constitucional. Así mismo, se consagra la participación popular en diversos campos, especialmente en el ejercicio de la soberanía popular. Sin embargo, lamentamos que estos logros resulten desarticulados y "remiendos bonitos en un viejo vestido arrugado". Veamos por qué.
El nuevo proyecto constitucional y el viejo país
La excesiva concentración del poder fortalece el agotado esquema de funcionamiento de la sociedad venezolana. En la Constitución de 1961, el Estado es el promotor y artífice de lo público, de la vida en común, de la organización de la sociedad, el proveedor de los recursos, los servicios públicos y de los espacios institucionales. El nuevo proyecto agudiza esta situación al otorgarle al Estado mayores obligaciones, mayores responsabilidades de asistencia directa, que exigen recursos ilimitados. Puede decirse que el proyecto recoge como un recuento las necesidades del país y el Estado asume todo el pliego de conflictos. Aun cuando se plantean mayores posibilidades de intervención popular, su ejercicio se mediatiza en un Estado más distribuidor que antes. En consecuencia, más paternalista, más estatista. No se admite corresponsabilidad.
El diseño institucional demuestra un desequilibrio en los Poderes Públicos. Empecemos por el ámbito representativo. La eliminación de la bicameralidad y la disminución del número de miembros en la instancia legislativa, elimina cualquier posibilidad de contrapeso en la representación, tanto regional como de la diversidad de aspiraciones de la sociedad. Igualmente, en el recién inaugurado Poder Ciudadano, que sustituye al tan invocado Poder Moral, prevalece la mayoría designada por el Ejecutivo. El Consejo Federal también minimiza la representatividad al estar integrado por mayoría del Poder Ejecutivo, en este caso presidencial.
Preocupa en los mecanismos de participación, la eliminación del financiamiento de los partidos políticos, ya que el gobierno dispondrá de los recursos oficiales para hacer elegir a sus candidatos. Ello es un retroceso palpable. La disolución de la Asamblea Nacional y de las instancias regionales y locales, también quedan en manos presidenciales. El Poder Presidencial podrá legislar sin consulta, a través de decretos-ley, porque las delegaciones establecidas son genéricas. Y en cuanto a la figura del plebiscito, el Poder Electoral se atribuye la discrecionalidad para establecer lo que es de interés público, con lo que toda la vida nacional queda a su merced.
Durante años Venezuela ha ido desarrollando mecanismos para equilibrar las organizaciones tradicionales en el país. El resurgimiento y discusión de los fueros militares demuestra que es un conflicto no resuelto en la sociedad venezolana. Ya no sólo el problema del voto, sino los ámbitos de excepción, que implican un poder militar estamental: Unidad orgánica de las Fuerzas Armadas, manejo de recursos y contraloría propia, ascensos militares dentro de sí mismos, dejando sin balance cualquier disentimiento y reforzando las cúpulas internas, lo que se complica con unas Fuerzas Armadas deliberantes. Preocupa el resurgimiento de las ya periclitadas políticas de seguridad nacional, cuando observamos que el poder y el desarrollo nacional se asumen dentro de las exigencias de la Seguridad y Defensa del Estado. Así se entiende la estatificación de la educación, de las actividades culturales y petroleras.
¡Vote, usted decide!
La constituyente que acaba de terminar su trabajo presenta grandes contrastes y contradicciones con lo que nos habíamos imaginado.
Aunque se proclama una República Federal, la realidad nos impone el centralismo en un megaestado nacional.
Frente al presidencialismo se simplifica y debilita el Poder Legislativo.
Ante la búsqueda de integración y cohesión de la sociedad venezolana, se fortalecen las tendencias estamentales, esto es, los cotos cerrados con derechos y privilegios especiales fuera del control de la sociedad, como el gremialismo educativo, el fuero de la educación superior en las universidades nacionales y el de las Fuerzas Armadas.
No podemos decir otra cosa: es una aberración social.
Cuando más se requiere la corresponsabilidad para enfrentar la transformación educativa, sanitaria, productiva del país; cuando nuestro reto fundamental es enfrentar la pobreza y la exclusión social, se refuerza un "estado omnipotente" sin capacidad de experimentación o para crear respuestas a la complejidad del mundo en que vivimos.
Rechazamos la propuesta estamental de la sociedad, la colcha de retazos sin relación alguna con una visión de tejido social, la concentración de poder y la centralización, por ser ingredientes explosivos para el autoritarismo, la frustración y por negar la apertura y consolidación de la participación popular que consagra el discurso del texto constitucional.
Queremos una sociedad pluralista, tolerante, representativa y participativa de un esfuerzo y proyecto común.
Con el amor del Niño Jesús, seguiremos luchando por un país distinto.
Ventura y Paz en el año 2000
Editorial Revista SIC Dic.99
rsic@etheron.net