Apuntes para una discusión
Carlos Mendoza Pottellá
Una de las argucias que se han convertido en moneda de curso legal entre algunos de nuestros analistas petroleros es aquélla de calificar como "rentista y estatista" a la política petrolera tradicional venezolana de defensa de los precios y aumento de la participación fiscal. Esta política, que fue abandonada con resultados desastrosos en el quinquenio pasado y viene siendo rescatada desde el inicio de este gobierno, logrando la triplicación de los precios petroleros vigentes en febrero pasado, cobra nuevos bríos ahora, cuando se le ha otorgado rango constitucional al tradicional derecho soberano de la Nación sobre el subsuelo y los "bitúmenes y jugos de la tierra", establecido por ley (Real Cédula) desde la constitución de la Capitanía General de Venezuela.
La referencia histórica no es ociosa. Intento poner de bulto el reduccionismo de quienes pretenden que postular la defensa de la soberanía nacional sobre los recursos de hidrocarburos y su industria es una actitud política derivada de la persistencia en un enfoque teórico recientemente desfasado: estatista, paternalista, benefactor de los desposeídos, asistencialista, redistribuidor de los ingresos, promotor de la justicia social y no del desarrollo, originado por una mezcla indigesta de cepalismo, marxismo, keynesianismo y cuanta cosa "pasada de moda" se pueda uno imaginar.
Así, utilizando la transmisión al pasado de la ideología contemporánea que utilizan los autores de las comiquitas norteamericanas "Trucutú" y "Los Picapiedras", podríamos pensar que de alguna de esa desviaciones teóricas, características del siglo XX, ha debido sufrir el Rey Carlos III de España en 1783, cuando aplicó a la Capitanía General de Venezuela las normas del Fuero Viejo de Castilla en materia de minería y con ello, en su condición de soberano absoluto de las colonias americanas, se reservó para sí el usufructo privilegiado de las riquezas de esos subsuelos.
Todo esto viene a cuento, porque de lo que se trata en esta discusión es de una cuestión de ejercicio de la soberanía, no carente, desde luego, de intencionalidad ideológica, pero que no puede identificarse, como se pretende, con determinadas concepciones políticas venidas a menos en este último cuarto del siglo veinte. Por el contrario, sea cual sea nuestra posición en materia de política económica o nuestra condición social -Rey absolutista, empresario multinacional, economista neoliberal, obrero petrolero o recogelatas- todos tenemos posiciones, ambiciones y aspiraciones sobre la propiedad y usufructo de un bien que, por su magnitud y su perdurabilidad, algunos creemos que sólo debe ser aprovechado colectivamente y en el transcurso de varias generaciones.
En este debate, que ya lleva varios años, los partidarios de la privatización petrolera han venido utilizando regularmente un recurso argumental muy manido pero efectivo: poner al adversario a sostener estupideces para luego rebatirlo a placer. Atribuirle al contrario toda clase de dogmatismos y fundamentalismos para hacer gala de moderna racionalidad. Si además, se hace mención de estar utilizando los postulados de alguna novedosa escuela de pensamiento, se habrá demostrado que quien habla es un actualizado ser que utiliza los últimos adelantos de la ciencia para enfrentar a hordas de fanáticos ignaros.
Tal es el caso del Dr. Luis Carlos Palacios en su artículo "El contenido económico del proyecto de Constitución", aparecido en la edición correspondiente a la primera semana de diciembre de Venezuela Analítica y cuyas apreciaciones fueron reproducidas editorialmente por el diario El Mundo pocos días después. El Dr. Palacios, apelando a los preceptos de la "nueva economía institucional", critica al proyecto constitucional por ser "rentista y estatista". Al hacerlo, identifica al "esquema rentista" como aquél que sostiene "que la explotación de los recursos petroleros naturales debe ser reservada al Estado o regulada de manera tal, que buena parte de los ingresos que se derivan de esta actividad se trasvasen al colectivo social a través del Estado". (Lugar citado)
Ante esta formulación, mi única observación se refiere al calificativo de "esquema rentista", endilgado a lo que, como ya dije, es simplemente un problema de soberanía, de propiedad sobre un bien que hasta ahora es inconmensurable. Por el contrario, la presunción de una voluntad redistributiva en la reivindicación de la reserva al Estado del control y administración de esos recursos es correcta, en tanto que quienes sostenemos esa posición consideramos que se trata de una propiedad colectiva y que su usufructo debe tener también esa característica colectiva, pero no lo hacemos por irracional romanticismo justiciero y socialistoide, sino por una cuestión de derechos ancestrales que hasta nuestros días han sido convertidos en letra muerta.
Aunque parezca lo contrario, lo que yo estoy reivindicando es mi derecho particular, privado, pero compartido con otros 23 millones de venezolanos, de tener acceso al disfrute de una riqueza descomunal y, más allá, garantizarle a mis descendientes de las próximas y lejanas generaciones una herencia también colectiva. Creo que el único medio efectivo que tengo yo -hijo de obrero ascendido socialmente por virtud de la renta petrolera a la condición de profesor de una mendicante universidad estatal- para garantizar esas aspiraciones privadas e individuales, es manteniendo semejante riqueza bajo el control de un administrador colectivo: el Estado.
No se trata de que el Estado bondadoso me esté "trasvasando" algo, a manera de la beneficencia pública. Se trata de mis legítimos derechos como venezolano, como titular de un respetable acervo patrimonial. Y lo que defiendo es mi derecho a no ser despojado de mi propiedad y a que no se desherede a mis descendientes.
Desde luego, hay algunos venezolanos, miembros de la élite que durante ocho décadas estableció, consolidó y usufructuó el viejo modelo parasitario-clientelal de reparto de la renta petrolera, quienes, en consecuencia, poseen mayores y mejores medios que el 90 por ciento de sus coterráneos y quienes, por ende, podrían aplicar con ventaja el dicho común entre los que alguna vez disfrutáramos del plebeyo placer de sorber cucuruchos de harina de maíz Cariaco tostado- según el cual, "el que tiene más saliva traga más harina". Esos venezolanos no están preocupados por el escenario privatizador, por el contrario, lo promueven: competitivos al fin y al cabo, sueñan con que, a diferencia de los habitantes de Carapita o Barrio a Juro, ellos sobrevivirán indemnes y aún más opulentos a la masiva adquisición de acciones de PDVSA a precios de gallina flaca, que será organizada por sus fraternales socios del capital petrolero internacional después del cándido y equitativo reparto inicial. [Valga una digresión para decir que cada quien es libre de soñar lo que le dé la gana, pero en mi opinión, estos "venezolanos competitivos" saldrán tan chasqueados como todo aquél que hace pactos con el diablo]
Ahora bien, hasta aquí podría considerarse que la discusión versa sobre una diferencia de enfoques, producto de posiciones ideológicas y sociales divergentes. Pero hete aquí que aparece en el artículo comentado la apelación al recurso de atribuir sandeces al adversario:
"Esta fuente de recursos sería capaz de financiar en forma amplia tanto servicios como gastos para dinamizar la economía: gasto corriente o transferencias (amplias y relativamente indiscriminadas), servicios sociales subsidiados, apoyo a otras actividades productivas y gasto fiscal de inversión. La idea central es que la actividad que genera este ingreso excepcional no debe quedar bajo la égida del sector privado y que el Estado debe y puede funcionar como un benefactor honesto, eficiente y benevolente." (L.C. Palacios, lugar citado)
Tales afirmaciones, llevadas a los límites del absurdo, no son sostenidas por ningún agente o factor político actuante en la Venezuela contemporánea, pero son bien útiles para redondear la posición del Dr. Palacios, quien de seguidas procede a demostrar lo obvio: que los futuros recursos generados por la industria petrolera no alcanzarán para cubrir semejante gula redistributiva. De hecho, y cuando ya estábamos concluyendo estas líneas, aparece en Venezuela Analítica de la tercera semana de diciembre la referencia a la existencia en "Analítica Research" de un nuevo trabajo del Dr. Palacios, preñado de estadísticas y escenarios: "El aumento de los ingresos petroleros puede no ser suficiente para superar la crisis". La gran pregunta es ¿quien sostiene lo contrario?
A mi manera de ver, tal descubrimiento del agua tibia es el resultado de no haber tomado en cuenta lo que al respecto ya había sido expuesto por Juan Pablo Pérez Alfonzo en un año tan lejano como 1971, cuando alertaba sobre la tendencia declinante de la participación fiscal petrolera y la incapacidad de tales ingresos para reproducirse: "la imposible siembra". Ello quedó documentado en varios de sus trabajos posteriores:
"Actualización de hechos y cifras muy trajinados pero frecuentemente olvidados. II.- Venezuela: la siembra imposible" Prensa Petrolera, Documentos No. 3, Caracas Diciembre de 1974. Recopilado en Hundiéndonos en el excremento del diablo, Editorial Lisbona, Caracas, 1977. Págs. 203-242.
"Peligros del petróleo, el efecto Venezuela", Le Monde, 31 de octubre de 1975. Recopilado en Hundiéndonos en el excremento del diablo, Editorial Lisbona, Caracas, 1977. Págs. 19-31.
"Venezuela se acerca a la debacle" Caracas 1978. Recopilado en Petróleo y Ecodesarrollo de Venezuela. Dorothea Metzger, compiladora. Coedición ILDIS Editorial del Ateneo de Caracas, Caracas 1981. Pags. 85-179.
Años después, ya en los 80 y con la industria petrolera nacionalizada, algunos de los discípulos de J.P. Pérez Alfonzo, con Francisco Mieres como mentor principal, identificábamos el problema en cuestión como "una tendencia estructural a la declinación de la capacidad generadora de excedentes de la producción petrolera". Por sostener tal caracterización y advertir de sus consecuencias, algunos fueron catalogados por el entonces Presidente de la República, Luis Herrera Campíns, como profetas del desastre hasta que sucedió el viernes negro venezolano de febrero de 1983
Debo decir, finalmente, que la técnica del boxeo de sombras contra escenarios absurdos es una rutina argumental, muy propia del moderno expansionismo privatizador petrolero, a la cual he denunciado en trabajos anteriores. De manera particular, en mi libro "El Poder Petrolero y la Economía Petrolera", (CDCH-UCV, Caracas 1995), hice referencia a soliloquios similares contenidos en las "Guías Corporativas 1993-1998" de PDVSA, material confidencial que pretendía sustentar teóricamente los faraónicos planes de expansión de la producción petrolera propuestos y adelantados ruinosamente por esa corporación para el quinquenio mencionado. Veamos:
"El [escenario, n.n.] primero, al cual llamaremos PRODUCTOR, supondrá que se dan las condiciones políticas y fiscales para la expansión de la Industria en función de nuestra base de recursos de hidrocarburos. En contraposición, un segundo escenario al cual llamaremos RENTISTA, supone que dichas condiciones dan pie a un nivel de desarrollo de la Industria que estaría por debajo del potencial que brinda la base de recursos existente"
"en el escenario PRODUCTOR, el desarrollo del sector petrolero permitiría realizar la transición de una economía petrolera rentista hacia una economía menos petrolera y definitivamente no rentista, donde el petróleo apuntalaría el desarrollo de otros sectores económicos"
"El escenario RENTISTA, por su parte, representa otro extremo, la ausencia de acción, la simple explotación de la base actual de recursos con su agotamiento paulatino. La consecuencia sería la prolongación, por quince años más, de un cuadro de crisis y estancamiento." (Guías Corporativas citadas)
Huelga decir que los autores de ambos escenarios los adoban convenientemente y el resultado es siempre el esperado por ellos. No importa que, por ejemplo, no existan los sostenedores del escenario rentista ni se puedan identificar sus supuestos en ningún escrito o discurso público o privado... lo que importa es que el escenario que yo defiendo siempre gana. Pero cuando un tercero hace ejercicios imparciales con tales escenarios aparecen sorprendentes contradicciones" (Mendoza P., lugar citado).
Hoy en día, vistos los catastróficos y lamentables resultados del expansionismo petrolero, que en esas "Guías Corporativas 1993-1998" defendía el Economista Jefe de PDVSA, Ingeniero Ramón Espinasa, no es necesario hacer "ejercicios imparciales", basta simplemente con constatar la realidad de los años 1997-1998 y su espectacular reversión a partir de febrero de 1999. Lo lamentable a estas alturas es la persistencia en el error de algunos analistas ¿Error? Nos remitimos al título que encabeza estas líneas.
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