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Alex Saab se enfrenta a delitos de lavado de dinero y sobornos en Estados Unidos

Se complica aún más el panorama para Alex Saab. El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa al empresario colombiano señalado por ser presunto testaferro de Nicolás Maduro, de haber cometido ocho delitos en territorio estadounidense, siete de ellos por lavado de activos y uno por conspiración para cometer lavado de activos, circunstancia por la cual Saab es pretendido en extradición por este país.

Un documento del despacho de Justicia de EE. UU., que va acompañado de un informe policial que resume los elementos clave de la acusación, revela que Saab fue imputado el 25 de julio de 2019 «por su presunto papel en el lavado de ingresos por violaciones de Ley Contra la Práctica de la Corrupción en el Extranjero (FCPA) junto con un esquema de pago de sobornos para aprovechar el tipo de cambio controlado por la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela».

Esquema de corrupción

La denuncia detalla que Saab obtuvo un contrato con el Gobierno de Maduro en noviembre de 2011 para construir viviendas de interés social, una negociación que habría sido aprovechada por el colombiano de origen libanés «para beneficiarse del tipo de cambio controlado por el oficialismo, bajo el cual se podrían obtener dólares estadounidenses a una tasa favorable, mediante la presentación de documentos de importación falsos y fraudulentos de bienes y materiales que nunca fueron importados a Venezuela».

Asimismo, explica el documento del Departamento de Justicia que en este proceso supuestamente se sobornó a entidades gubernamentales venezolanas para aprobar estos documentos. Según la Fiscalía, esta presunta actividad ilegal fue un esquema de soborno que violó las normas de la FCPA e involucra delitos de cohecho contra Venezuela.

Estados Unidos tiene jurisdicción en el caso porque las reuniones de pago de sobornos tuvieron lugar en Miami. Posteriormente Saab transfirió el dinero relacionado con el plan a cuentas bancarias en Florida (también en EE. UU.). «Como resultado del esquema, la demanda alega que Saab transfirió aproximadamente $ 350 millones de Venezuela, a través de los Estados Unidos, a cuentas que poseía o controlaba en el extranjero», apunta el documento de la Justicia estadounidense.

Juicio contra «emisarios»

Entretanto, la Fiscalía de Cabo Verde ordenó abrir un proceso contra los dos supuestos emisarios que, en nombre del Gobierno del país africano, viajaron a Venezuela para presuntamente tratar con Nicolás Maduro el caso de Alex Saab.

En un comunicado emitido este martes, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la apertura de una causa contra el empresario Fernando Gil Évora y Carlos Dos Anjos, un exdirector de Turismo y Transporte dl archipiélago africano.

La PGR determinó que debe abrirse una «investigación judicial» por la «existencia de hechos susceptibles de integrar la práctica de un delito de usurpación de autoridad».

Gil Évora y Dos Anjos deberán responder ante los tribunales del archipiélago del supuesto delito, por el que podrían ser condenados a penas de entre uno y cinco años de prisión.

El Ministerio Público emprendió esa acción después de tener «conocimiento de las noticias publicadas en los medios de comunicación nacionales y extranjeros» sobre el viaje a Venezuela, «y la declaración del Gobierno caboverdiano alegando que no había enviado a nadie a ninguna misión a ese país».

Gil Évora negó que él y Dos Anjos se entrevistaran con Maduro y alegó que el objetivo del viaje «fue solo comercial» debido a un contrato de consultoría sobre «vuelos y visados» con los abogados de Saab en Cabo Verde.

Tormenta politica

Tras salir a la luz el polémico viaje, Gil Évora fue destituido como presidente del consejo de administración de EMPROFAC, compañía estatal de distribución de medicamentos en el país africano.

El viaje desató una tormenta política en Cabo Verde, donde Janira Hopffer Almada, líder del Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde (PAICV), primera fuerza de la oposición, acusó al Gobierno de «violar el principio de la neutralidad que siempre ha guiado la política exterior caboverdiana».

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