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Archivan denuncia contra Correa por crímenes de lesa humanidad

AFP – La justicia ecuatoriana desestimó una denuncia penal contra el presidente Rafael Correa por crímenes de lesa humanidad a raíz de una rebelión policial el 30 de septiembre de 2010, que dejó varios muertos y heridos, informó este sábado la Fiscalía.

El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Richard Villagómez, desechó la acción y la calificó como «temeraria y maliciosa», según un boletín del organismo investigador, que había pedido el archivo del proceso.

Villagómez también ordenó que las autoridades continúen desclasificando la información relacionada con la revuelta para avanzar en las investigaciones.

Durante la audiencia, el fiscal general, Galo Chiriboga, señaló que tras nueve meses de indagaciones «no se encontró la existencia de fundamentos que permitieran deducir una imputación por las conductas punitivas señaladas por los denunciantes, mucho menos un delito penal como es el de lesa humanidad», indicó el reporte.

La acusación fue presentada el pasado 4 de agosto por el congresista Cléver Jiménez y otros dirigentes opositores, quienes manifestaron que lo hacían por formalismo, pues su objetivo es llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI).

Los denunciantes aseguran que Correa ordenó al Ejército disparar contra un hospital donde estuvo retenido varias horas durante la insurrección policial. Diez personas murieron durante la jornada, cinco de ellas en Quito, donde tuvieron lugar los mayores desmanes.

El 30 de septiembre de 2010, cientos de policías se sublevaron por un reclamo salarial y cercaron el hospital donde el mandatario se refugió tras ser agredido por uniformados cuando intentaba aplacar la protesta.

El gobernante, quien fue rescatado de allí en un operativo militar, denunció que la sublevación fue instigada por policías corruptos que estaban bajo investigación y opositores que intentaban derrocarlo e incluso asesinarlo.

Jiménez pidió la renuncia del presidente poco después de iniciada la insubordinación.

Un informe de las Fuerzas Armadas asegura que el rescate fue concertado con el mandatario al determinarse que estaba en «peligro inminente» por las amenazadas de muerte lanzadas a través de la radio policial.

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