Bolivia desestima siete decretos económicos promulgados por Áñez
Un total de siete decretos económicos promulgados bajo la administración de la expresidente interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fueron anulados por el gobierno que preside Luis Arce, tras considerar que las medidas “favorecían a grupos de poder”, además de no estar bien fundamentadas.
A través de su cuenta en Twitter, el mandatario boliviano sostuvo que decidió abrogar esos decretos que se fueron promulgados en tiempos de pandemia, con el pretexto de “favorecer a ciertos sectores y grupos de poder con ventajas impositivas y otros beneficios».
Asimismo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro indicó que la anulación de estas normas también se debe a que contenían una serie de “errores en su diseño, además de no estar bien fundamentadas”, dado que no tienen recursos y presentan además errores de implementación.
Las normas anuladas estaban enfocadas a reactivar la economía del país en medio de la pandemia de la covid-19, indicó Montenegro.
«Hemos establecido que no tenía ningún sentido que sigan presentes si no han funcionado y vamos a ir elaborando otras normativas que tengan sentido para la reactivación económica«, manifestó el ministro.
Entre los decretos anulados está uno que liberaba las exportaciones al dejar sin efecto un certificado de abastecimiento interno y precio justo creado en el Gobierno del expresidente Evo Morales y que se exigía a los empresarios para las ventas al exterior.
Montenegro aseguró que durante los 14 años del gobierno previo del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Arce y Morales, «siempre se ha privilegiado el mantenimiento de la seguridad alimentaria y el abastecimiento oportuno de la demanda interna» y que la norma que dejó sin efecto esa certificación «no privilegia aquel efecto».
«Hemos decidido abrogar este decreto para restituir este certificado del abastecimiento interno a precio justo para la exportación de productos sensibles en el mercado nacional e internacional«, sostuvo.
El ministro señaló que estas normas anuladas han significado «un sacrificio fiscal muy grande» y que se tiene pendiente una deuda tributaria equivalente a unos 286 millones de dólares.
Bolivia estima cerrar el año con un 8,4 % de contracción de su Producto Interno Bruto (PIB), por encima del 6,2 previsto anteriormente aunque menos del 11,1 % adverso alcanzado a mitad de año.
