Bolivia: Fuerza Armada resguarda sitios estratégicos y Evo Morales es acusado de genocidio
Bolivia cumplió este lunes ocho días de protestas en contra del aplazamiento de las elecciones, cuyos efectos ponen más en riesgo en plena pandemia su precario sistema de salud, en una jornada en la que el Gobierno interino de Jeanine Áñez ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía resguardar los convoyes de insumos médicos, servicios públicos e infraestructura estratégica, mientras la Fiscalía boliviana presentó cargos penales por terrorismo y genocidio contra el expresidente Evo Morales.
Los sectores movilizados a instancias de la Central Obrera Boliviana (COB) y el llamado Pacto de Unidad, que agrupa a sindicatos de campesinos e indígenas afines al partido MAS de Morales, mantienen cortadas varias rutas bolivianas, tras dos intentos fallidos de diálogo que hubo el fin de semana.
Los bloqueos con neumáticos, piedras o escombros se mantienen en regiones donde la tensión es más notoria como la central Cochabamba, en lugares estratégicos que conectan con Santa Cruz, la mayor ciudad de Bolivia y capital financiera del país, o La Paz, sede del Gobierno y del Parlamento bolivianos.
Los manifestantes reclamaron elecciones en la fecha antes prevista del 6 de septiembre, en vez de posponerlas al 18 de octubre, aunque también hubo voces que pidieron la renuncia de Áñez, contrariando al propio Morales, que recomendó no enarbolar esta demanda, apuntando que el objetivo esencial es la pronta realización de elecciones presidenciales, en la que el candidato de su formación política, Luis Arce, es el favorito para obtener la victoria.
Fuerza Armada en la calle
Entretanto, el Gobierno interino ha denunciado que los bloqueos impiden el paso de cisternas y camiones que llevan oxígeno medicinal, insumos médicos e incluso alimentos, aunque los movilizados aseguran que les están permitiendo avanzar.
Para contrarrestar esta situación, el Ejecutivo interino ordenó este lunes a la Fuerza Armada y Policia proteger los servicios públicos, infraestructura estratégica y convoyes de insumos médicos, luego de una semana de cortes de rutas a lo largo del territorio boliviano.
Asimismo, las autoridades han establecido un puente aéreo para trasladar el oxígeno a las regiones donde hace falta, en un momento en el que los médicos han advertido de que este elemento se agota, circunstancia que pone en riesgo a los enfermos con el covid-19 y otros pacientes.
Incluso, según el Gobierno, la falta de oxígeno -por el bloqueo de rutas- causó la muerte la semana pasada de 31 enfermos de coronavirus.
Hasta el momento el país del altiplano acumula más 91 mil personas contagiadas por el coronavirus, con 3.712 víctimas mortales.
La Justicia apunta a Morales y Arce
Las protestas han derivado en una nueva denuncia penal contra Evo Morales, sus copartidarios Luis Arce y David Choquehuanca, el dirigente sindical Juan Carlos Huarachi y ocho personas más, por los supuestos delitos de genocidio, terrorismo, sedición, delitos contra la salud, los servicios básicos, destrucción del ornato público y delitos contra el medio ambiente.
El fiscal del caso, Alexis Vilela, señaló que algunos de los denunciados participaron en los bloqueos recientes, en rechazo a la postergación de las elecciones para el 18 de octubre, los que afectaron las rutas más importantes del país e impidieron la circulación normal del transporte de oxígeno a centros de salud que atienden pacientes con covid-19 y causaron daños a bienes del Estado.
Se avecina escasez
Por otro lado, los bloqueos de rutas han puesto contra las cuerdas a productores agrícolas y ganaderos, cuyos productos están parados en las carreteras, echándose a perder sin poder llegar a destino en las ciudades, donde ya se advierte la falta de algunos alimentos como la carne.
La desesperación y el enojo llevaron a los lecheros de Cochabamba a arrojar varios litros de leche que no han podido distribuir en el edificio de la Gobernación y en la sede de la Central Obrera Departamental.
