Bolivia no negociará nuevos contratos petroleros si las empresas recurren a arbitraje
Así de tajante fue el Ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada. Por otra parte, el Ejecutivo de La Paz ha rechazado las recomendaciones del FMI sobre la nacionalización.
El Ministro hizo esta advertencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde ha ofrecido un informe sobre los alcances de la medida dictada por el presidente Evo Morales. «El primer requisito para quedarse en el país es reconocer la nacionalización», ha dejado claro Soliz entre los aplausos de los legisladores de una cámara donde el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), es mayoría. Según el ministro, las empresas petroleras se sentirán «obligadas e impelidas» a negociar nuevos contratos en 180 días, porque el decreto establece que si no acceden a ello deben abandonar el país.
Recomendaciones del FMI
Por otra parte, el Ejecutivo que dirige Evo Morales ha rechazado las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que negocie con las empresas petroleras afectadas por la nacionalización de los hidrocarburos. El FMI «no puede hacer ese tipo de sugerencias de política», ha afirmado el ministro boliviano de Hacienda, Luis Arce, en una rueda de prensa, en la que ha asegurado que es «una potestad del Gobierno boliviano efectuar o no efectuar las negociaciones con cualquier empresa».
El Fondo Monetario Internacional ha instado al Ejecutivo a negociar con las compañías extranjeras, y ha considerado que el diálogo debe abordar «la compensación como mínimo por los bienes nacionalizados y el carácter de los nuevos contratos de operación, y posiblemente un aumento de los precios para Brasil y Argentina» del gas boliviano. Del resultado de las negociaciones con las multinacionales podría depender «la disponibilidad de capital privado nacional y extranjero para invertir en el sector de hidrocarburos de Bolivia», ha advertido el portavoz del FMI.
Actualmente se encuentra en La Paz una delegación de expertos del FMI que estudia la situación económica de Bolivia, un proceso conocido como «Artículo IV» y que el organismo lleva a cabo con todos sus miembros normalmente una vez al año.
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