El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, recibió este martes el visto bueno de los eurodiputados para convertirse en el próximo alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, cargo que ocupará a partir del 1 de noviembre.
Fuentes parlamentarias confirmaron que solo el ultraderechista Identidad y Democracia (ID) votó en contra de Borrell. En la jrnada anterior el jefe de la diplomacia española anunció que de ser seleccionado para estas funciones intentaría imprimir a la Política Exterior del club comunitario más ambición para convertirla en un actor global.
«El alto representante debe tener una actitud propositiva (…) Iré más allá del mínimo común denominador», dijo Borrell, una actitud que para muchos demuestra su ambición de llevar a la UE a resolver sus problemas de «identidad, posicionamiento y métodos» para convertirse en un verdadero actor global, al nivel de Estados Unidos o China, contando siempre con el apoyo de las capitales.
Igualmente, aseguró que dirigirá su atención a las reformas y procesos de integración de los Balcanes occidentales, y en concreto anunció que su primer viaje de trabajo sería a Pristina.
Reconoció, asimismo, que Rusia «es un país con el que tendremos que tratar en el futuro» y que «no todo se puede resolver a golpe de sanciones» a Moscú.
Borrell también se refirió a la tensión en el estrecho de Ormuz que enfrenta a EEUU e Irán y al acuerdo nuclear con Teherán, cuya continuidad la UE seguirá defendiendo en un momento en el que «estamos entrando en una época de inestabilidad nuclear» con la supresión de tratados de no proliferación.
Preguntado por la situación en Venezuela, se mostró a favor de las sanciones que la UE aplica selectivamente a autoridades y que no afectan a la población civil.
Borrell también respondió en la audiencia de tres horas ante los eurodiputados a preguntas sobre la sanción a la que hizo frente en España por vender acciones de Abengoa cuando era consejero de esa compañía.
Aclaró que se trató de una operación por 9.000 euros que representaba el 7 % de sus activos, mientras que retuvo el 93 % restante, que le acarreó pérdidas de unos 300.000 euros«, lo que a su juicio demostró que no utilizó ninguna información privilegiada.
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