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Cabo Verde emitirá en una semana un veredicto sobre caso de Saab

De fallar a favor de Saab, según detalló su abogado en Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro, el caso volvería a tribunales locales de menor instancia

En una semana la Justicia de Cabo Verde emitirá un veredicto clave para el futuro del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y detenido desde hace mas de un año en ese país africano a raíz de una petición de extradición de los Estados Unidos.

Según explicó este viernes en una rueda de prensa virtual parte del equipo internacional que defiende a Saab, la decisión que salga de la vista que el Tribunal Constitucional celebrará el 13 de agosto podría ser «final» respecto a la extradición si la Justicia caboverdiana rechaza los recursos presentados por la presunta «inconstitucionalidad» de las circunstancias de su detención.

De fallar a favor de Saab, según detalló su abogado en Cabo Verde, José Manuel Pinto Monteiro, el caso volvería a tribunales locales de menor instancia para lidiar con las presuntas inconstitucionalidades.

Los representantes de Saab -que sostienen que su detención es ilegal porque presuntamente cuando el colombiano paró en Cabo Verde se encontraba viajando a Irán representando al Gobierno venezolano  con estatus diplomático-, alegaron en esos recursos que tanto la Policía caboverdiana al detenerlo como la Justicia local estuvieron violando los derechos del empresario colombiano.

Pinto Monteiro afirmó también que en los últimos tiempos la salud de Saab se vio «agravada» por una «dolencia» que padece y para la que no pudo estar siendo tratado durante la detención, ni examinado por equipos médicos adecuados.

Pese a ello, Saab aguarda la audiencia del próximo día 13 «confiado«, pero «nervioso«, precisó Pinto Monteiro, a la luz de las decisiones precedentes de la Justicia caboverdiana.

«Si el señor Saab es lamentablemente deportado, seguirá cubierto por la inmunidad diplomática», defendió, por su parte, su abogado en Estados Unidos, David Rivkin, quien apuntó que ese estatus debería suponerle igualmente su liberación inmediata para volver a Venezuela.

La «motivación política» impulsa el proceso, según garzón

Aunque no participó en esta rueda de prensa, el exjuez español Baltasar Garzón, que coordina la defensa internacional, remitió poco después un comunicado en el que recalcó las supuestas ilegalidades que rodearon este proceso, como presuntas torturas a Saab en Cabo Verde o la falta de indicios en EEUU para justificar la extradición.

«Cabo Verde y el Tribunal Constitucional están en una encrucijada. Si cede en el caso de la extradición de Alex Saab, en la que la motivación política es el único elemento constatable y permanente que trasciende, todo el proceso humilla al pueblo caboverdiano”, sostuvo Garzón en su comunicado.

Asimismo, tanto el exjuez español como los abogados que participaron en la rueda de prensa recordaron que Cabo Verde ignoró decisiones de instancias supranacionales que pidieron frenar la extradición y/o revisar el proceso, como el Tribunal de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) o el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU).

El arresto y las acusaciones contra saab

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, en cumplimiento de una petición de EEUU a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

Tras su detención, Venezuela aseveró también que Saab es un ciudadano venezolano y un «agente» del Gobierno, que se hallaba «en tránsito» en Cabo Verde, por lo que sus abogados argumentan que «tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela».

El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la Administración de Maduro.

Según el Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con «cientos de millones de dólares«.

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