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Caso Uribe: Supremo de Colombia deja en manos de jueza eventual libertad del expresidente

Se escribe otro capítulo en el caso de Álvaro Uribe Vélez y esta vez es a su favor. Y es que la Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó que una jueza de Bogotá es la que debe decidir sobre la libertad del expresidente y dijo que el proceso en su contra por presunto fraude procesal y soborno de testigos debe seguir en el sistema penal acusatorio, un punto que su defensa venía pidiendo desde cuando el político renunció a su curul en el Senado y con la cual busca que Uribe pueda salir en el corto plazo en libertad.

De esta forma, la Corte Suprema devolvió el caso a la jueza 30 de Control de Garantías de Bogotá, Clara Salcedo Duarte, quien el pasado 22 de septiembre se declaró competente para definir la petición de libertad de Uribe, en detención domiciliaria desde hace dos meses, pero al mismo tiempo pidió al alto tribunal que se pronuncie sobre cuál régimen debe aplicarse en el proceso.

La jueza tiene la palabra

«La Corte Suprema ratifica competencia de jueza 30 de Garantías de Bogotá para resolver la petición de libertad del exsenador Álvaro Uribe dentro del proceso por soborno y fraude procesal. Diligencias que deberán continuar por sistema acusatorio o Ley 906 de 2004«, manifestó este lunes la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria.

Lo cierto es que tras la decisión de la Corte Suprema, la jueza Salcedo deberá fijar la fecha para una nueva audiencia en la que decidirá si concede o no la libertad a Uribe.

Largo proceso

Desde el pasado 4 de agosto, Uribe Vélez cumple prisión domiciliaria luego de que los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia evaluaran el expediente que argumentaba las reiteradas ocasiones en las que quien fuera presidente de Colombia desde 2002 hasta 2010, intentó obstruir la Justicia el vecino país. Se presentaron al menos una docena de testigos que habrían recibido prebendas a cambio de rendir falsas versiones favorables sobre el exsenador.

Del mismo modo, en 2012, el senador izquierdista del Polo Democrático y ferviente opositor de Uribe, Iván Cepeda, inició el proceso para demostrar supuestos vínculos del expresidente con el paramilitarismo.

En aquella oportunidad, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por fraguar un complot en su contra. El vuelco se dio el 14 de julio de 2018, cuando la misma instancia se abstuvo de procesar al senador y pidió investigar al exmandatario por manipulación de testigos contra Iván Cepeda.

Y ante esta nueva resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia colombiana, Cepeda manifestó que la decisión del alto tribunal no significa que haya «libertad para el procesado», sino que, por el momento, debe continuar con su detención domiciliaria, que Uribe cumple en su hacienda de El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba.

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