Cejil condena que el TSJ de Venezuela deje al Parlamento sin competencias

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que le permite atribuirse las competencias de la Asamblea Nacional de ese país, «rompiendo con esta decisión la separación de poderes».
«El fallo del 29 de marzo (día que el TSJ emitió la sentencia) es contrario al espíritu de la Carta Democrática Interamericana que consagra expresamente en el artículo 3 como elementos fundamentales de la democracia representativa, entre otros, ‘el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, […] y la separación e independencia de los poderes públicos'», indicó en un comunicado publicado a través de su página web.
A continuación, el texto completo:
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra preocupación por la decisión del Tribunal Superior de Justicia venezolano de arrogarse facultades legislativas rompiendo con esta decisión la separación de poderes.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) venezolano decidió —en una sentencia del pasado 29 de marzo de 2017— que la “Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por [dicha] Sala o por el órgano que ella disponga”. Dos días antes de esta sentencia, el TSJ realizó un pronunciamiento declarando inconstitucional el respaldo a la Carta Democrática Interamericana, por parte de la Asamblea General, y estableciendo que sus miembros incurrieron en el delito de traición a la patria, despojándolos de su inmunidad parlamentaria.
El fallo del 29 de marzo es contrario al espíritu de la Carta Democrática Interamericana que consagra expresamente en el artículo 3 como elementos fundamentales de la democracia representativa, entre otros, “el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas, […] y la separación e independencia de los poderes públicos”.
Desde CEJIL exhortamos al Estado venezolano a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y a restablecer el Estado de derecho en el país.