Chávez gobierna a golpe de decreto
Es habitual escuchar a los opositores del presidente Hugo Chávez afirmar que el mandatario venezolano ya no les sorprende. Pero tal idea es básicamente falsa. Sin ir muy lejos, la mañana del 1 de agosto, unos cuantos se llevaron la sorpresa del año.
El jefe del Estado aprovechó los minutos finales del último de los 545 días durante los cuales estuvo facultado para legislar, y disparó 26 decretos ley que dejaron estupefactos a unos adversarios supuestamente vacunados contra la sorpresa.
Tanto fue el efecto, que han tardado varios días en reaccionar, aunque en los medios de comunicación abundan los llamamientos a la desobediencia civil y a las manifestaciones en las calles. Pero más de una semana después del anuncio, no han logrado articular una protesta digna de reseñar.
El paquete decretado por Chávez incluye leyes que refuerzan el poder presidencial sobre la economía, especialmente en el campo de la producción de alimentos. Otro de los textos permite al jefe de Estado designar autoridades de enlace con las regiones, lo que, según los críticos, debilitará la autonomía de las gobernaciones de los Estados.
A principios de 2007, Chávez fue autorizado por la Asamblea Nacional a modificar leyes sin seguir el procedimiento parlamentario. Este mecanismo es legal y se ha utilizado con frecuencia en Venezuela durante el último medio siglo. Tanto la anterior Constitución (que databa de 1961) como la actual (aprobada en 1999) autorizan al Parlamento a cederle al jefe del Ejecutivo su facultad legislativa mediante la aprobación de un texto jurídico conocido como Ley Habilitante. Chávez ha disfrutado tres veces de este privilegio a lo largo de los casi diez años que ha gobernado. Anteriores presidentes también lo usaron, aunque por periodos más cortos y con una agenda predeterminada de las leyes que serían aprobadas o modificadas por decreto.
En esta ocasión, Chávez tuvo discrecionalidad total para emitir los decretos «con rango, valor y fuerza de ley», como señala la Constitución. En total, dictó 65.
En 2001, amparado en otra Ley Habilitante, Chávez emitió 49 decretos ley. La historia contemporánea registra ese hecho como el detonante de una ola de inestabilidad política que causó incluso el derrocamiento del Gobierno durante 47 horas en abril de 2002.
Los venezolanos se acostaron la noche del 31 de julio en un país y amanecieron el 1 de agosto en otro, al menos semánticamente. Por ejemplo, hasta el último día de julio, la institución militar se llamaba Fuerza Armada Nacional (FAN) y estaba integrada por el Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional. Como quinto componente aparecían la Reserva Nacional y la Guardia Territorial. Después de la sorpresa nocturna, la nomenclatura ha cambiado: Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ejército Bolivariano, Marina Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana. Esto, según el abogado Gustavo Linares, «es como si se le llamara Fuerza Armada Chavista, porque en la actualidad, bolivariano es sinónimo de chavista».
«En ningún momento se está cambiando el nombre de la institución, ni tampoco sus funciones o estructura organizativa. Simplemente, se le añade el término bolivariana para reconocer el legado histórico que tiene la FAN en la defensa de la patria y los ideales del libertador Simón Bolívar», respondió la procuradora (fiscal) general de la República, Gladys Gutiérrez.
Más que el nombre, a los opositores les preocupa que la reserva haya cedido paso a la Milicia Nacional Bolivariana. No es un cambio cosmético, dicen los rivales políticos del Gobierno. La oposición está convencida de que esa milicia será una especie de guardia de corps de Chávez, quien no dudará en emplearla contra la población civil o contra los componentes profesionales de la Fuerza Armada en un eventual momento de efervescencia política.
De la Milicia Nacional Bolivariana forman parte hombres que cumplieron el servicio militar y civiles que han recibido rudimentos de defensa. Portavoces del Gobierno han dicho que será una pieza clave si Venezuela se ve envuelta en una guerra contra «una potencia imperialista invasora».
La idea de un grupo armado y entrenado aterroriza a la clase media opositora, aunque quizá no tanto como un fantasma que ha reaparecido: las amenazas contra la propiedad privada.
Varias de las leyes aprobadas por Chávez, gracias al poder que le otorgó el Parlamento, se refieren a los temas agrícola y alimentario, y plantean la posibilidad de medidas de expropiación que eventualmente afectarán a productores del campo y agroindustriales.
«Ésta es la vía hacia el comunismo: hay que salir a las calles a pelear por la democracia, los derechos humanos y la propiedad individual», clama el empresario agroindustrial Rafael Alfonzo Hernández, quien en 2004 formó parte de la coalición opositora Coordinadora Democrática.
Otros representantes de la patronal y de los partidos opositores coinciden con Alfonzo en que las leyes aprobadas por Chávez sin discusión parlamentaria son, en la práctica, la concreción de la reforma constitucional que la mayoría del electorado rechazó el 2 de diciembre de 2007. La campaña en contra de esa reforma se basó precisamente en el argumento de que se pretendía atentar contra el derecho a la propiedad privada.
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales emitió un comunicado en el que asegura que el conjunto de leyes modifica de facto la Constitución y va en contra de los resultados del referéndum del año pasado.
El vicepresidente de la República, Ramón Carrizález, ha rechazado tales críticas argumentando que, por el contrario, las leyes apuntalan derechos ciudadanos fundamentales, como la seguridad alimentaria y el derecho a la vivienda. «Es por eso por lo que las atacan los sectores privilegiados. Por supuesto que establecen regulaciones, porque la seguridad alimentaria del país no puede estar en manos de los caprichos de unos particulares», dijo.
