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Chile expulsa a un grupo de venezolanos varados en la frontera con Bolivia

El Gobierno de Sebastián Piñera anunció que en los próximos meses continuarán con el proceso de expulsión de las personas que han ingresado de manera irregular a territorio austral

Más padecimientos para los venezolanos que salen de nuestro país buscando en otros territorios mejores condiciones de vida. Y es que el Gobierno de Chile expulsó este miércoles a 138 migrantes, entre ellos un grupo de venezolanos, que se encontraban varados en la frontera norte con Bolivia, una medida que fue rechazada por Julio Borges, comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores del Gobierno interino, quien apuntó que la decisión no se ajusta a los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de protección a refugiados.

Hablan las autoridades locales

En declaraciones desde la pequeña localidad de Colchane, próxima a la frontera con Bolivia, el ministro del Interior chileno, Rodrigo Delgado, manifestó que «estamos en presencia del primer vuelo que sale desde el norte y da cuenta de un proceso de expulsión, en su mayoría personas que ingresaron de forma clandestina hace menos de tres meses«. La mayoría de los expulsados son de nacionalidad venezolana y colombiana.

El funcionario señaló además que este es el primer vuelo de varios que se van a producir mensualmente, tanto de las Fuerzas Aéreas chilenas como otros que están en proceso de licitación de carácter comercial, pero que los va a administrar el Gobierno presidido por Sebastián Piñera para el proceso de expulsión.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, informó que este primer vuelo está coordinado con la Cancillería colombiana y con las autoridades consulares de Venezuela. «Estamos trabajando en forma coordinada con los países limítrofes para sacar adelante estas iniciativas«, añadió.

El Gobierno chileno ha autorizado el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, donde son habituales los «coyotes» o «pasadores«, que cobran a los interesados por guiarlos para cruzar de un país a otro.

Paso en condiciones extremas

Lo cierto es que la entrada en los últimos días de más de tres mil migrantes -la mayoría venezolanos- generó la semana pasada tensión en Colchane, un municipio de apenas 1.700 habitantes, que se encuentra muy próximo a la localidad boliviana de Pisiga, a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar.

La zona se ha convertido, pese a la crisis sanitaria del covid-19 y las extremas condiciones climáticas (mucho calor durante el día y heladas de madrugada) en un paso de migración irregular.

La ola migratoria provocó desabastecimientos y enfrentamientos entre autoridades y grupos de extranjeros, además del colapso del sistema sanitario por la pandemia, lo que obligó a instalar campamentos para mantener en cuarentena preventiva a los refugiados.

La tensión en este paso fronterizo se agravó con el fallecimiento de Ricardo Vladimir Godefroy Araujo, un venezolano de 69 años, que intentaba ingresar a Chile. También las autoridades locales informaron el deceso de una persona de nacionalidad colombiana.

Testimonios

En una nota publicada por el medio Meganoticias Chile, un joven venezolano denunció que fue separado de su esposa embarazada, que fue dejada en una residencia sanitaria y él resultó expulsado. «Por lo menos deberían dejarme viajar con ella«, pidió a las autoridades australes.

Otro venezolano que venía a reencontrarse con su hijo, que está legal en Chile, refirió que «nos engañaron, nos dijeron que después de cumplir la cuarentena iniciaría un proceso para reencontrarnos con la familia. Hoy nos expulsan«, se lamentó.

Chile tiene una de las leyes migratorias más antiguas de Latinoamérica, diseñada en 1975 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando apenas recibía migrantes, aunque el Gobierno busca aprobar una nueva normativa que facilitaría las deportaciones.

Gobierno interino se pronuncia

Frente a esta penosa situación, el comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores del Gobierno interino, Julio Borges, escribió en Twitter que «la decisión del Gobierno chileno de deportar a un grupo de venezolanos no es cónsona con la conducta asumida por los gobiernos democráticos venezolanos que recibieron a centenares de chilenos que huían de las dictaduras más brutales y que hicieron de ntro país su segunda patria«.

Asimismo, consideró que la medida no se ajusta «a los acuerdos internacionales suscritos por Chile en materia de protección a refugiados. Este drama humano no se frena con restricciones que exponen más la vida de los venezolanos, la solución no es deportar, es multiplicar esfuerzos para lograr la salida de Maduro«, sentenció Borges.

Rechazo en Chile

Y desde la propia Chile, el Servicio Jesuita de Migrantes [email protected] rechazó la expulsión de los 138 migrantes, argumentando que tal como lo ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, la situación de estas personas se enmarca dentro de la definición de refugiados, por lo que se les debe otorgar la protección que de acuerdo con la ley corresponde aplicar.  

Sostiene la organización que las expulsiones «no se condicen con la voluntad declarada de apoyar a la población venezolana, ni cuentan con un fundamento legal de debido proceso y sentencia judicial previa«, al tiempo que apuntan que pasos como el dado por el Gobierno colombiano, de otorgar a los venezolanos un Estatus de Protección Temporal, debe ser la manera de afrontar esta crisis migratoria.

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