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CIDH está insatisfecha con respuesta de México sobre caso Ayotzinapa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no está satisfecha con las respuestas de México sobre el caso de los 43 estudiantes de la escuela Ayotzinapa desaparecidos en Iguala (Guerrero) en 2014 y pide una «respuesta mucho más rápida» del Estado.

A la pregunta de «si la Comisión está satisfecha con el resultado, con las respuestas, hasta la fecha sobre el funcionamiento del mecanismo, la respuesta es no», dijo hoy en una rueda de prensa el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

«Esperamos del Estado una respuesta mucho más rápida para avanzar especialmente en el tema de la ubicación de los desaparecidos y con el proceso judicial contra los responsables de la situación. Pasados mas de dos años, no tener noticias sobre localización y paradero de los demás estudiantes es frustrante», agregó.

Abrão indicó que, en cuanto a los procedimientos, México está respondiendo dentro de los plazos y que no ha puesto ninguna dificultad para las reuniones solicitadas por la CIDH en México.

La Comisión ha convocado una audiencia pública el 17 de marzo para analizar el funcionamiento del mecanismo especial de seguimiento del caso que acordó con México el año pasado después de que el Gobierno decidiera no prorrogar el mandato del grupo de expertos independientes de la Comisión que investigaba el caso.

Tras la salida de los expertos, pese a que las familias de los desaparecidos pedían que siguieran con sus pesquisas, es la CIDH la que se encarga de analizar si México está cumpliendo las recomendaciones del grupo de expertos.

La CIDH pide información al Gobierno mexicano sobre los ejes de «ubicación de los desaparecidos, proceso judicial, lucha contra la impunidad y atención y reparación a las víctimas».

«El mecanismo empezó en noviembre (pasado) y termina en noviembre de este año, no sabemos si continuará», indicó Abrão.

La audiencia sobre el caso Ayotzinapa es una de las más destacadas del 161 periodo de sesiones de la CIDH, que abordará casos de los 35 países americanos entre el 15 y el 22 de marzo en su sede de Washington.

De acuerdo con la versión oficial, rechazada por los familiares de las víctimas y cuestionada por los expertos internacionales, los 43 estudiantes fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías en el municipio de Iguala, en el estado sureño de Guerrero.

Fueron entonces entregados a una célula del grupo criminal Guerreros Unidos que los mató e incineró en un basurero en el municipio vecino de Cocula, antes de tirar sus cenizas a un río.

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