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Colombia rechaza violencia contra Asamblea Nacional y TSJ

El Gobierno de Colombia expresó «su rechazo» a los ataques contra el Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional en Venezuela, y llamó a las partes a dialogar para encontrar soluciones a la delicada situación que vive el país.

Así lo aseguró en un comunicado divulgado por la Cancillería colombiana este miércoles, en el que reitera «la importancia del cumplimiento del calendario electoral, la liberación de los presos políticos y el respeto a los mandatos constitucionales de la Asamblea Nacional».

Este pronunciamiento se debe a que un agente del Cicpc robó el martes un helicóptero desde el que lanzó granadas contra la sede del TSJ en Caracas, lo que el Ejecutivo de Nicolás Maduro describió como un acto «terrorista».

Por otro lado, opositores denunciaron el lanzamiento de objetos y explosivos contra la sede de la Asamblea Nacional, desconocida por el Gobierno de Maduro, por parte de grupos oficialistas.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, expresa su rechazo por los hechos acontecidos en Venezuela el 27 de junio contra el Tribunal Superior de Justicia, así como las agresiones verbales y físicas cometidas por la Guardia Nacional contra diputados y periodistas que se encontraban en el recinto de la Asamblea Nacional», dice el comunicado de la Cancillería colombiana.

Igualmente, Colombia manifestó su preocupación «por los continuos ataques verbales y descalificaciones contra el Ministerio Público en cabeza de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, situación que atenta contra la autonomía y libre ejercicio de un poder público como el que representa dicha funcionaria».

El Gobierno colombiano también considera que «el proceso de convocatoria de la Asamblea Constituyente en este momento no contribuye a la cohesión social de Venezuela».

Desde hace tres meses Venezuela vive manifestaciones opositoras casi diarias para exigir la salida del poder de Maduro, al que los convocantes responsabilizan de la escasez de alimentos y medicamentos y acusan de atropellar el Estado de derecho.

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