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Comisión pide medidas cautelares para proteger DD.HH. en poblado mexicano

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México pidió al gobierno del estado de Guerrero adoptar medidas para prevenir violaciones de DD.HH. a los habitantes de La Concepción, donde once personas murieron el domingo en choques armados.

La madrugada del domingo presuntos policías comunitarios y otros civiles armados se enfrentaron a tiros, dejando un saldo de ocho fallecidos. Tras el arribo de las autoridades para calmar la situación, tres personas más perdieron la vida.

El organismo nacional garante de los derechos humanos dijo que tuvo conocimiento de lo ocurrido en La Concepción, en el municipio de Acapulco, a través de reportes periodísticos.

«Se reportó que policías estatales, Policía Federal y personal del Ejército se encuentran actualmente en dicha comunidad, donde realizan un operativo para controlar la situación, lo que ha generado la detención de diversas personas», indicó.

La Comisión pidió al fiscal de Guerrero, Javier Ignacio Olea, que dicte instrucciones para garantizar que las diligencias se lleven a cabo con «estricto apego a derecho y respeto a derechos humanos».

Además, solicitó que «se implementen de inmediato las medidas que resulten necesarias para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la paz a los pobladores de La Concepción y comunidades aledañas».

En relación al fotoperiodista del diario local La Jornada que resultó herido, urgió a que se le brinde «atención médica integral» y que se llevan a cabo las diligencias necesarias para les sean entregadas a los reporteros dos memorias de computadora que les fueron decomisadas.

En los últimos años, han surgido diversas policías comunitarias en Guerrero, con el argumento de proteger a localidades afectadas por la violencia del crimen organizado.

Estos grupos vigilantes están conformados por miembros de las propias comunidades afectadas y operan con permiso de las autoridades.

Desde Amnistía Internacional exigieron a las autoridades de Guerrero una actuación inmediata para solucionar pacíficamente la situación y abrir una investigación sobre las once muertes.

«Las autoridades deben respetar los derechos humanos de las personas detenidas, incluyendo las garantías del juicio justo y permitir que tengan acceso a representación legal y servicios médicos», recordó Erika Guevara, directora para las Américas de la organización.

«Además las autoridades deben abstenerse de hacer un uso políticamente motivado del derecho penal y liberar a aquellas personas que no estén acusadas de algún delito», concluyó.

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