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Correa defiende intervención

La madrugada del martes las autoridades ocuparon sorpresivamente dos importantes canales de televisión -supuestamente relacionadas con el grupo Isaías- como parte de un proceso de liquidación de la quiebra del Filanbanco ocurrido en 1999. La operación abarca otras 193 compañías.

«Con ese dinero (se va a) pagar a los depositantes y resarcirse de todo el dinero que se puso en Filanbanco, dinero público», dijo Correa, quien negó que el estado tenga interés en controlar administrativamente medios de comunicación, sino reponer los US$600 millones que el gobierno asegura quedó debiendo Filanbanco.

Lea: Intervienen canales de TV ecuatorianos
«Lo que menos le interesa al gobierno es ser administrador de esos bienes», afirmó Correa durante la juramentación de su nueva ministra de Economía, Wilma Salgado.

«Lo que sí nos interesa es que finalmente se haga justicia, que los que atracaron al pueblo ecuatoriano en esa crisis bancaria que tanto dolor costó, finalmente respondan con sus bienes a sus depositantes», afirmó Correa.

La nueva ministra de Economía asumió el cargo luego de que Fausto Ortíz renunciara sorpresivamente. Aunque Ortiz no ha explicado las razones de su dimisión, medios de prensa ecuatorianos afirman que se debió a su desacuerdo con la incautación.

Al ser juramentada Salgado dijo que las empresas incautadas pasarán a un fideicomiso y tienen derecho a impugnar la decisión.

Caso Filanbanco
Gamavisión y TC Televisión, dos de las estaciones de señal abierta más populares del país, fueron ocupadas por la policía por órdenes de Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, que quiere comprobar si pertenecen al Grupo Isaías, propietarios de Filanbanco.

Filanbanco quebró una década atrás en medio de una fuerte crisis financiera y sus propietarios están prófugos en Miami, EE.UU.

En la nota de la AGD se asegura que la «incautación no vulnera ningún derecho laboral ni paraliza ninguna de las empresas en cuestión y el Estado ecuatoriano les garantiza seguridad y estabilidad».

Pese a ello, el colaborador de la BBC Mundo en Quito, Tomás Ciuffardi, explica que los trabajadores desconfían de las promesas oficiales.

«Los trabajadores dicen que no confían en la palabra del gobierno porque hace dos días dijo una cosa y ahora está sucediendo otra», explica Ciuffardi, recordando que el sábado pasado Correa prometió que no intervendrían estas empresas.

Libertad de expresión
Los vínculos entre el gobierno y la prensa han sido tensos desde que Correa llegara al poder en enero de 2007.

El gobierno asegura que los medios son parte de lo que llama la oligarquía que controló al país en las últimas décadas y que se oponen a su proyecto político.

Aunque se considera que Gamavisión no tiene una línea particularmente dura contra el gobierno de Correa, su presidente, Álvaro Dassum, aseguró que se quiere «callar a medios de comunicación que se han dedicado a decir la verdad».

El jefe de informativos de Gamavisión, Lolo Echeverría, quien habría sido destituido de su cargo, aseguró a BBC Mundo que al comunicársele verbalmente su dimisión los nuevos administradores le habrían dicho que «no están de acuerdo con la línea editorial de este canal».

«Hemos tenido un año y medio de gobierno de Correa con un acoso permanente a los periodistas, con amenazas e insultos. Y muy concretamente amenazas a los empresarios de quitarles las frecuencias», afirmó Echeverría.

Fuentes de la actual directiva de Gamavisión aseguraron a BBC Mundo que el canal no tiene vínculos con el Grupo Isaías, y que el caso judicial de Filanbanco no ha terminado, por lo que no hay órdenes de ningún tribunal para que se realice una incautación de bienes.

Cobro de deudas

Sin embargo, la prensa ecuatoriana no ofrece un juicio unánime sobre las razones del gobierno para intervenir los canales.

La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) expresó su respaldo a la decisión gubernamental y descartó que esté en riesgo la libertad de expresión por el procedimiento, que definen como «un cobro de deudas».

En un comunicado, la FENAPE en cambio expresa «preocupación por el tratamiento informativo que se dando a este acontecimiento, sin las contextualizaciones del caso».

Sin embargo advierten que las administraciones interventoras deben actuar con «responsabilidad social manteniendo independencia política, ideológica y económica de quienes administran el Estado» y garantizar la estabilidad laboral.

En un caso aparte, la Superintendencia de Telecomunicaciones cerró este martes a Radio Sucre en Guayaquil por supuestamente no cumplir con los requisitos para la renovación de su licencia.

Radio Sucre había sido muy criticada en las últimas horas por el presidente Correa por la decisión de la emisora de convocar a una marcha contra la inseguridad.

Jugada electoral
Algunos analistas ecuatorianos afirman que el procedimiento de incautación podría beneficiar la imagen del gobierno ante el eventual referéndum sobre la nueva constitución que aún redacta la Asamblea Constituyente.

Según la lectura que hacen algunos medios de las encuestas sobre intención de voto, el proyecto del presidente Correa estaría perdiendo apoyo entre la población.

De acuerdo con esa línea de análisis, la necesidad de recuperar ese terreno supuestamente perdido estuvo al centro de la reciente renuncia del presidente de la Asamblea, Alberto Acosta.

Pese a ser ficha cercana al mandatario, Acosta dejó el cargo el pasado 24 de junio por considerar que hacía falta extender el tiempo de deliberaciones y no a finales de julio, como está previsto y como desea Correa.

Pero este martes el presidente Correa adujo las explicaciones sobre los supuestos motivos electorales de las medidas de intervención a «la mala fe de los de siempre están tratando de desprestigiar al gobierno».

Sin embargo, pocos dudan que la medida caiga bien entre la mayoría de los ecuatorianos, quienes sufrieron los estragos de la crisis bancaria del 99 y que han expresado frustración por lo que consideran la ineficacia de la justicia al lidiar con los banqueros.

En los últimos días la Asamblea ha discutido la posibilidad de incluir un artículo en el texto que impida a grupos bancarios ser propietarios de medios de comunicación.

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