Corrupción en Brasil: hombres y parientes de Lula se complican más
Genivaldo da Silva, alias Vavá, hermano mayor de Lula, será acusado de los cargos de “tráfico de influencias y explotación de prestigio”, en favor del dueño varias de casas de bingo y de empresarios interesados en obtener contratos relacionados con el Estado. Esto se conoció en coincidencia con nuevas revelaciones que complican en diversos casos de corrupción al presidente del Senado, un hombre clave en el entramado de alianzas del oficialismo
Según la prensa, el Ministerio Público Federal, luego de analizar las investigaciones de la Policía Federal, se constituirá como parte ante el juez federal de Mato Grosso, Dalton Conrado.
En los autos presentados por la policía al Ministerio Público Federal, se afirma que Vavá da Silva, que no fue detenido, “vendía facilidades” a Nilton Cesar Neto, indicado como jefe de la banda, quien aún continúa preso.
El compadre de Lula da Silva, Dario Morelli, sería denunciado por la comisión de delitos, siempre de acuerdo con la prensa, como asociación ilícita y contrabando, entre otros cargos.
En el documento policial se subraya que si bien el nombre del presidente Lula da Silva es citado en algunas de las 617 grabaciones realizadas por los investigadores, en ningún caso se lo asocia con ningún delito.
Durante el “Operativo Jaque Mate” desplegado por la Policía Federal los días 4 y 5 de junio pasados, fue allanada la casa de Genival da Silva, en San Bernardo do Campo, en el cordón industrial de San Pablo.
El 4 de junio Lula declaró, desde India, que la policía debía seguir adelante con sus actuaciones y admitió que su hermano podría haber cometido algún ilícito. Días más tarde el mandatario consideró a Vavá como un “ingenuo”, sin competencia para realizar lobby.
En la citada operación Jaque Mate, fue descubierta una red delictiva de la que hacía parte empresarios, autoridades y policías: dos de cada tres comisarías de la ciudad de San Pablo, la mayor de Brasil, habrían recibido sobornos para dejar funcionar máquinas tragamonedas, prohibidas.
Otro hermano del presidente, José Ferreira, alias Frei Chico, también fue mencionado en el informe elaborado por la policía y luego analizado por el Ministerio Público pero no se le acusa de participar en la organización criminal.
A las acusaciones que pesan sobre los parientes de Lula se sumó ahora el presidente del Senado, Renan Calheiros, sospechoso de haber recibido favores económicos del lobbysta de una constructora.
El Consejo de Etica se disponía el viernes a archivar el caso, pero aplazó su decisión hasta el martes tras divulgarse un reporte televisivo que ponía en duda la veracidad de los recibos con que Calheiros justificó sus ingresos.
A través de su abogado, Mónica Veloso, ex amante del poderoso senador, desmintió ayer la versión de Calheiros en el Consejo de Etica del Senado y volvió a vincularlo con la empresa constructora Méndes Junior, que habría financiado parte de sus gastos familiares. La mujer aseguró que el lobbysta Claudio Gontijo es amigo de Calheiros y agregó que éste le entregaba una mensualidad en efectivo.
Además, una investigación de la televisora Globo parece demostrar que Calheiros fraguó boletas sobre la venta de ganado de su propiedad para justificar los miles de reales que abonó en concepto de manutención a Mónica Veloso y la hija de ambos. El Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece Calheiros, tiene 20 senadores que son fundamentales para el gobierno de Lula, pues junto con los 12 del PT y otros aliados logran una ajustada mayoría en la Cámara alta.
Sin condena
Brasil vive al ritmo de denuncias contra autoridades políticas, pero el tribunal a cargo de esos casos no condenó a nadie en los últimos 40 años, informó ayer el diario ‘O Globo’.
Desde 1968, el Supremo Tribunal Federal (STF) procesó a 137 responsables que se benefician de ese foro privilegiado, desde un presidente de la República hasta ministros, diputados y senadores federales, pero nunca pronunció condena alguna y muchos expedientes duraron más de una década sin tener veredicto.
Actualmente se tramitan en el STF 39 procesos criminales contra autoridades, uno de ellos parado desde hace cinco años.
También se alarga la decisión de iniciar un proceso: desde hace más de un año, el STF examina el pedido de juzgar a decenas de personas por presuntos sobornos pagados por el gobernante Partido de los Trabajadores a legisladores, sin llegar a una conclusión. Ese escándalo provocó la caída de los principales ministros y colaboradores del presidente.
Uno de los once jueces del STF, Joaquim Barbosa, atribuyó esa situación a la abundancia de trabajo de ese tribunal, que trata 100.000 casos por año.
Las instituciones brasileñas enfrentan un creciente desprestigio, que los analistas atribuyen a la percepción de que sus integrantes están por encima de la ley y a los reflejos corporativistas de éstos, como el que llevó el año pasado a los congresistas a otorgarse un aumento salarial de 98% (aunque luego dieron marcha atrás en su decisión).
Una encuesta del instituto Sensus reveló en abril pasado que las cuatro instituciones que menor confianza inspiran a la población son el Congreso (con apenas 1,1%), la policía (3,4%), el Gobierno Federal (5%) y la Justicia (9,5%).
