Corte Suprema de Chile ratifica medida de expulsión contra migrantes venezolanos
El máximo tribunal rechazó tres de cuatro recursos de amparo interpuestos en favor de los inmigrantes expulsados el pasado 10 de febrero
Otra noticia negativa para la diáspora venezolana que busca por cualquier vía abandonar el país. Y es que luego de que el Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Iquique dejara sin efecto la medida de expulsión para 23 migrantes venezolanos, la Corte Suprema de Chile, ratificó la deportación de un grupo de personas que ingresaron a la nación austral por pasos inhabilitados en la frontera chileno-boliviana.
El máximo tribunal rechazó tres de cuatro recursos de amparo interpuestos en favor de los inmigrantes expulsados el pasado 10 de febrero desde Iquique, capital de la región de Tarapacá, a más de 1.500 kilómetros al norte de Santiago. Con esta medida, la Corte Suprema se pronunció a favor del Ejecutivo que lidera Sebastián Piñera, que a través de un mediático operativo anunció la deportación de un total de 138 personas por mar y tierra durante los primeros días de este mes, abarcando a quienes hayan llegado a Chile por vías no habilitadas durante los últimos tres meses.
El dictamen
Según consta en los tres fallos revocados por la Segunda Sala del Supremo, integrada por Manuel Antonio Valderrama, Raúl Eduardo Mera, Jorge Luis Zepeda, Miguel Eduardo Vázquez y Jorge Lagos, el Gobierno actuó dentro de sus atribuciones al ordenar la salida de Chile de los migrantes.
Cabe destacar que la decisión fue 3 a 2, ya que Zepeda y Vázquez votaron en contra. Asimismo, la Corte Suprema sí decidió ratificar el recurso de amparo ante el Tribunal de Iquique presentado por parte de un ciudadano venezolano que cuenta con vínculo familiar estable en Chile.
Argumentando su voto en contra, Zepeda recordó que «la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 2/18 sobre Migración Forzada de Personas Venezolanas, se ha referido expresamente acerca de la diáspora como consecuencias del atropello de los derechos humanos que afecta a los naturales de esa nacionalidad«, apuntando que «el citado instrumento es un antecedente internacional suficiente para entregar el reconocimiento del principio universal de acoger a los amparados en Chile, en base a los efectos de los Principios de No Retorno y No Devolución en Frontera«, informó el medio local El Mostrador.
Sobre el dictamen, el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, apuntó que «creemos especialmente relevante comunicar a aquellos ciudadanos extranjeros que la forma de ingresar a nuestro país es hacerlo regularmente, quienes lo hacen clandestinamente arriesgan su patrimonio y su vida muchas veces, pero además obligan a Chile a iniciar procesos de expulsión«.
Complicado periplo
Los inmigrantes entraron a Chile por pasos clandestinos que cruzan la frontera con Bolivia, zona que durante las primeras semanas de febrero vivió una crisis migratoria que desbordó a varias localidades fronterizas.
Pese a la inclemencia de las condiciones desérticas, con temperaturas extremas sumadas al riesgo latente producto de la pandemia del coronavirus, el paso fronterizo entre la pequeña localidad de Colchane (Chile) y Pisiga (Bolivia), zona andina a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, se convirtió en ruta para que extranjeros lleguen a Chile de manera irregular.
Los poblados fronterizos afectados, donde se instalaron campamentos de apoyo para contener el colapso de los servicios sanitarios, fueron escenario de grave tensión.
En los primeros días de febrero incluso se reportó el fallecimiento de dos personas, una de ellas el venezolano de 69 años Ricardo Godefroy Araujo, quien quería reencontrarse con su hijo que reside en Chile,
La nación austral posee a la fecha 1,4 millones de migrantes, lo que equivale al 7% de la población total. Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos, según el Departamento de Extranjería y Migración (DEM).
En 2018, Sebastián Piñera puso en vigencia una visa de responsabilidad democrática para los venezolanos que quieran establecerse legalmente, pero se han aprobado solo cerca de un 27% de las solicitudes.
