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Corte Suprema votará si procede o no el indulto a Alberto Fujimori

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú decidió este lunes que votará, en un plazo de 48 horas, su resolución sobre la apelación que la defensa del ex presidente Alberto Fujimori presentó contra la anulación del indulto que le fuera otorgado el año pasado y que lo obliga a regresar a prisión.

La apelación alega que el indulto, otorgado la víspera de la Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue dado por este en uso de sus facultades constitucionales y se apega a la legalidad peruana, por lo que no puede ser revocado.

La sala, formada por los jueces Jorge Salas Arenas, Araceli Baca Cabrera y José Neyra Flores, anunció tras escuchar por tres horas tanto a la defensa de Fujimori como a los representantes de los deudos y las víctimas de los casos de violaciones a los derechos humanos por los que el ex mandatario fue condenado, que tomará su decisión dentro del plazo que marca la ley, es decir, en 48 horas.

Si los jueces aceptan la apelación, el polémico indulto que el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori en la Navidad de 2017 volvería a quedar vigente y éste no estaría obligado a regresar a prisión.

En caso contrario, deberá reingresar en prisión a cumplir los 14 años de pena que le restan de los 25 que le fueron impuestos en 2009 como autor mediato (dominio de hecho) de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en el contexto de la lucha del Estado peruano contra el terrorismo de Sendero Luminoso.

Decisión política

El indulto fue anulado el 3 de octubre por el juez de la Corte Suprema, Hugo Núñez, por las irregularidades que hubo en su proceso y tras un recurso presentado por los familiares de las víctimas de los crímenes de Fujimori.

La medida en favor de Fujimori fue dictada como humanitaria, pero después se descubrió que fue materia de un acuerdo político que impidió por unos meses la destitución del ex gobernante por graves indicios de corrupción, refirió Prensa Latina.

Pedro Pablo Kuczynski, Foto: AFP

En tales términos, la gracia se convertía en una decisión política, lo que es legalmente inviable por compromisos jurídicos internacionales peruanos que prohíben medidas de ese tipo a favor de condenados por crímenes de lesa humanidad como las dos matanzas por las que Fujimori (1990-2000) fue sentenciado.

El juez argumentó que el indulto era incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, «de la que forma parte el Estado peruano».

Ese mismo día, Fujimori fue hospitalizado aduciendo una descompensación y desde entonces sigue en la unidad de cuidados intermedios de una clínica privada en Lima.

Kuczynski otorgó el indulto bajo severas sospechas de tratarse de un acuerdo político, ya que le otorgó la libertad apenas tres días después de haber sido salvado por un grupo de diputados fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, de ser destituido por el Congreso.

Otras causas contra Fujimori

La gracia, que lo eximió de la prisión, de la reparación civil y de ser incluido en otros procesos legales ya en marcha, fue otorgada bajo el supuesto de que Fujimori sufre una supuesta enfermedad grave y degenerativa que se agudizaba en la cárcel, sin que especificara exactamente de cuál se trataba.

Fujimori tiene pendientes otros dos juicios en los que es señalado como autor mediato de otras dos matanzas de sospechosos de terrorismo, perpetrada, como las dos que lo llevaron a prisión, por un grupo militar de inteligencia que dependía de una cadena de mando en cuya cúspide estaba el entonces Presidente.

Por su parte, Carlos Rivera, uno de los abogados de los deudos de las víctimas, defendió que la anulación del indulto obedece al «derecho a la Justicia» de sus defendidos y que por eso debe sostenerse.

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