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CPI responde la OEA: No permitiremos presiones externas acerca del caso venezolano

Rápida reacción ante las críticas. Así se comportó la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que respondió este jueves a la Organización de Estados Americanos (OEA) que «no permitirá que presiones externas dicten sus conclusiones» sobre la situación de Venezuela, en relación a los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por la gestión de Nicolas Maduro.

«La Fiscal y su Oficina no permiten que intentos externos, de ninguna fuente, interfieran con la independencia fiscal o el curso normal de la justicia” y se protege contra cualquier intento de politizar o ejercer presión sobre sus procesos judiciales«, dijo la institución en un comunicado, refiriéndose a Fatou Bensouda, la abogada natural de Gambia, fiscal general de la Corte Penal Internacional.

La institución informó que a finales de año publicará una actualización sobre todos los exámenes preliminares que está llevando a cabo, incluido el de Venezuela.

Reproches desde la OEA

El escrito es una respuesta a unas declaraciones del asesor especial de la OEA sobre la Responsabilidad de Proteger, Jared Genser, que este miércoles criticó que la CPI no haya abierto de momento una investigación sobre Venezuela, similar posición a la expresada por el secretario general del organismo, Luis Almagro quien pidió también celeridad de actuación a la Corte: «Un día de impunidad en Venezuela implica más violaciones de derechos humanos«, sentenció el uruguayo.

Investigación en curso

La Fiscalía de la CPI, cuya sede se encuentra en La Haya, Países Bajos, abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela, un paso previo a una eventual investigación, por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en cárceles donde pudieron haber sido maltratados presos opositores a la gestión de Nicolás Maduro.

«Ese examen en curso sigue su curso normal con estricto apego a los criterios legales aplicables instaurados por el Estatuto de Roma (la carta fundacional de la CPI) y los procesos establecidos«, dijo la Fiscalía de la CPI.

La institución judicial añadió que terminará el examen preliminar “en el menor tiempo posible” y que en este ya se ha concluido que existen «fundamentos razonables para creer» que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Justicia oficialista en entredicho

En la actual fase del examen preliminar, se le pide información a las autoridades venezolanas oficialistas para determinar si sus propias indagaciones y procesos judiciales sobre dichos delitos son fidedignos.

La CPI es una instancia de último recurso y se rige por el principio de complementariedad, es decir, no intervendría si la Justicia venezolana demuestra llevar a cabo auténticas pesquisas sobre los supuestos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad locales, una situación puesta en duda, dado la manifiesta sintonía entre los poderes Ejecutivo y Judicial en nuestro país.

«El proceso de exámenes preliminares garantiza una investigación independiente y sólida y brinda la oportunidad de que las víctimas, la sociedad civil y los Estados sean escuchados”, dijo la Fiscalía.

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