Detenciones sin garantías en Bolivia
La detención de dos individuos presuntamente implicados en el complot para asesinar al presidente Evo Morales ha levantado una polvareda en el país por las condiciones en que al parecer se produjo su traslado de Santa Cruz a La Paz. Los dos presuntos terroristas, Alcides Mendoza y Juan Carlos Gueder, fueron trasladados con los ojos vendados con cinta adhesiva de embalaje, la cabeza cubierta con un paño y las manos atadas a la espalda con el mismo adhesivo.
El propio ministro del Interior, Alfredo Rada, dijo que «no era correcta» la forma en que fueron tratados estos ciudadanos, detenidos bajo la acusación de proveer de armamento al ciudadano boliviano-croata Eduardo Rozsa, que fue abatido el pasado 16 de abril junto a otros dos individuos. Rada anunció sanciones y afirmó que un detenido pierde su libertad, pero no su dignidad ni sus derechos humanos.
Ajeno a las protestas, el presidente Morales, que ayer participó en una marcha con motivo del 1º de Mayo, advirtió del riesgo que supondría para el país un magnicidio. «Si me mataran, yo creo que habría un gran levantamiento del pueblo. Grave sería eso. Eso es a lo que tengo miedo: un levantamiento del pueblo», afirmó durante un congreso de mujeres campesinas en Cochabamba.
Morales había señalado previamente que «estaban preparándose para matarme», en alusión a los tres presuntos terroristas muertos el pasado 16 de abril. El presidente advirtió a los empresarios que dictará un decreto para confiscar todos los bienes de aquellos que hubiesen financiado la llegada y estancia del grupo de Rozsa en Bolivia.
Las protestas no se han hecho esperar y la Confederación de Empresarios de Bolivia ha señalado que si hay una persona, empresario o funcionario público, boliviano o extranjero, que «ha obrado contra la legalidad, debe ser procesada respetando todos sus derechos constitucionales» y que las acusaciones deben estar «comprobadas debidamente, con todas las garantías constitucionales y el derecho a un proceso justo».
Mientras, el panorama político boliviano depara nuevos sobresaltos. Ayer presentó su dimisión «irrevocable» el presidente de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, José Luis Exeni. La renuncia a su cargo se debe, según la carta enviada al presidente Evo Morales, a «motivos estrictamente familiares» y se produce cuando quedan solo siete meses para las elecciones generales, previstas para el 6 de diciembre.
La Corte Electoral se encuentra inmersa en la elaboración de un nuevo padrón biométrico y la organización, por primera vez en la historia, del voto de los bolivianos en el exterior, otra novedad de esos comicios.
