Dictan secreto sumario en caso de la «Ruta del dinero K»
El juez federal Sebastián Casanello impuso el secreto de sumario en la causa conocida como «Ruta del Dinero K», que investiga por presunto lavado de dinero al empresario Lázaro Báez, que era cercano a la familia Kirchner, confirmaron fuentes judiciales.
Además, según informó la agencia estatal de noticias Télam, Casanello ordenó 15 allanamientos en todo el país.
En la causa por la que Báez -principal adjudicatario de obras públicas en Santa Cruz, bastión kirchnerista y excolaborador del expresidente Néstor Kirchner-, está detenido desde principios de abril y en la que ya hay varios procesados, el fiscal Guillermo Marijuan también pidió ese mes indagar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Sin embargo, hasta el momento el juez Casanello no ha llamado a declarar a la exmandataria.
El magistrado investiga supuestas maniobras a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas mediante el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública.
También hoy, la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Báez y su hijo Martín y el de Jorge Chueco, Julio Mendoza y Claudio Bustos, vinculados al empresario, por el delito de lavado de dinero por el reingreso al país de 32,8 millones de dólares a través de la venta de bonos de la deuda pública.
No obstante, el tribunal confirmó también la prisión preventiva de Baez y Chueco, únicas que fueron dispuestas por el juzgado de primera instancia, y los montos de los embargos trabados a los procesados.
El empresario alegó por última vez el pasado 6 de julio en un escrito que no existen «pruebas concretas» contra él y que la acusación del juez «no deriva de un acto de conocimiento» sino de un «relato» de lo que podría haber sucedido, alimentado por las noticias periodísticas.
Además, por el caso fueron también llamados a declaración indagatoria varios de sus hijos, investigados tras detectarse que poseen 25 millones en cuentas de Suiza, supuestamente procedentes de operaciones ilegales.
Ya en abril y mayo, Casanello ordenó varios allanamientos de propiedades de Báez, que se valoraron en más de 749 millones de pesos (unos 52 millones de dólares).
A principios de este mes, la Cámara Federal ya había ratificado el procesamiento contra Báez y ordenó a Casanello investigar a Fernández en la misma causa, al remarcar que las denuncias contra Báez apuntan a la obra pública.
«El más elemental sentido común torna necesario que se avance sobre las sospechas que vinculan a la procedencia ilícita de los bienes, con la larga lista de adjudicaciones de obras públicas que beneficiaron a empresas de Lázaro Báez, en forma paralela a las relaciones -cuanto menos- personales y comerciales que lo unían con las más altas autoridades del Poder Ejecutivo», indicaron los jueces de ese tribunal.
La causa contra Báez comenzó hace tres años a raíz de un informe periodístico, y tomó impulso en marzo pasado cuando se difundió un video de 2012 que muestra a Martín, hijo de Báez, en una financiera contando miles de dólares.
