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Ecuador comienza el proceso para rescindir contrato con Petrobrás

Fernando Zurita, presidente de Petroecuador, hizo público hoy jueves en una conferencia de prensa que había enviado una notificación formal a Petrobras el 31 de marzo con el fin de que en el plazo de 10 días respondiese a los reclamos sobre lo que Ecuador considera supuestas violaciones a su contrato para la extracción de petróleo en la Amazonia.

La solicitud tuvo lugar tras el pedido que el procurador Xavier Garaicoa hiciera al gobierno, el mes de febrero pasado, en el sentido de que comience el proceso para cancelar el contrato con Petrobras, una responsabilidad de la estatal petrolera ecuatoriana como contraparte.

El ministerio de Minas y Petróleos es el juez en el caso.

Petrobras fue acusada de irregularidades en un proceso de transferencia de derechos de exploración a la empresa japonesa Teikoku Oil en el 2005.

En enero de dicho año, las petroleras brasileña y japonesa firmaron un acuerdo preliminar para transferir el 40% de los derechos de explotación de Petrobras en los campos petroleros que opera en la Amazonia.

Petrobras señaló al respecto a través de un comunicado que «la empresa ve esta acción como una oportunidad más para demostrar la legalidad de todos sus actos y entregará a Petroecuador toda la documentación e información solicitada en el plazo legal».

«Petrobras ratifica su estricto cumplimiento de la legislación ecuatoriana y reafirma su disposición de presentar las veces que sea necesario toda la información que las autoridades competentes del país requieran», agregó.

Petrobras produce alrededor de 35.000 barriles de crudo diarios.

Ecuador extrae unos 511.000 barriles de crudo diarios, que incluye la producción estatal y privada. El petróleo es la principal exportación del país.

El antecedente del caso es la salida del país de la petrolera norteamericana Occidental.

Ecuador rescindió el contrato en mayo del 2006, acusando a la compañía de incumplimientos contractuales. Los campos petrolíferos y todos los bienes de la empresa norteamericana pasaron a manos del Estado.

Por ese entonces, Occidental presentó una demanda de arbitraje contra Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo adscrito al Banco Mundial, en busca de que el país le restituya los campos petroleros que operaba en el país y le pague una compensación de 1.000 millones de dólares.

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