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EE UU pide a Twitter información de las cuentas de colaboradores de Wikileaks

Enésimo asalto de la Justicia contra Wikileaks y su entorno, mientras Estados Unidos aún se duele de la filtración de más de 250.000 cables diplomáticos enviados desde sus embajadas en todo el mundo al Departamento de Estado, con decenas de escándalos que han dejado al desnudo muchas claves de la política estadounidense en el resto del mundo.

El Gobierno de EE UU ha citado a la red social de micromensajes Twitter para que le haga entrega de los datos personales de usuarios que tienen vinculación con la organización fundada por Julian Assange -en estos momentos en libertad provisional en Londres y a la espera de que se decida su extradición a Suecia por un presunto escándalo sexual- y dedicada a la filtración de documentos.

Un juzgado del Estado de Virginia ha reclamado a Twitter que le haga entrega de nombres de usuario, direcciones de correo, detalles de conexiones realizadas, números de teléfono, tiempos de conexión y pagos realizados a través de Internet. Entre la lista de personas cuyas cuentas EE UU quiere escrutar están, por supuesto, la de Assange, y también la de una parlamentaria islandesa, Birgitta Jónsdóttir, quien ha reaccionado con incredulidad al conocer la petición.

Jónsdóttir, miembro del Parlamento islandés por el grupo El Movimiento, nacido al calor de la crisis económica que sufrió el país entre septiembre y octubre de 2008, simpatiza con el portal de filtraciones editado por el australiano Julian Assange y le ha prestado su colaboración en varias ocasiones.

Prueba de la sintonía con el proyecto Wikileaks -al menos con el primer equipo que puso en marcha la web-, la parlamentaria consiguió que la Cámara de su país aprobara la Iniciativa Islandesa de Medios Modernos (IMMI), un proyecto de ley que pretende, al hilo de la filosofía de Wikileaks, blindar la ley de prensa más fuerte del mundo. Tras lograr el respaldo de los diputados, la IMMI se encuentra en el Parlamento para su adaptación a la legislación nacional.

De acuerdo con la orden judicial emitida el 14 de diciembre por el juzgado estadounidense, la Oficina del Fiscal de EE UU ha presentado pruebas que muestran que la información requerida es «pertinente» y que ese material es importante «para una investigación criminal en curso». Cuando Twitter recibió la orden de revelar esos datos conoció también dos exigencias: la primera, que debía facilitar los datos en tres días, y la segunda, que no debía hacer público el requerimiento. Unas condiciones que se eliminaron, según cuenta la cadena pública británica BBC, el pasado miércoles.

Además de Assange y Jónsdóttir también se requirió una amplia información confidencial del soldado Manning, acusado de haber facilitado los documentos filtrados a Wikileaks y actualmente en prisión; del hacker holandés Rop Gonggrijp; y del programador estadounidense Jacob Appelbaum, estos dos últimos antiguos trabajadores de la organización dirigida por Assange.

El fundador de Wikileaks se ha referido hoy mismo a las intenciones de EE UU de recavar datos personales y secretos de Twitter: «Si el Gobierno iraní tratase de obtener esta información de los periodistas o activistas de las naciones extranjeras, grupos de derechos humanos de todo el mundo se habrían manifestado», señaló Assange en un comunicado.

La red social de mensajes cortos (140 caracteres) se negó a comentar la demanda y señaló que «para proteger los derechos de los usuarios es nuestra política notificar a los usuarios sobre el cumplimiento de la ley y de las solicitudes gubernamentales, para su información, a menos que se les impida por ley hacerlo».

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