El chavismo se fractura en la Asamblea
El chavismo que controla todo el Parlamento de Venezuela sufrió ayer una clara fisura cuando el partido Podemos (centroizquierda) exigió pruebas de la acusación que los legisladores hacen al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por presunta usurpación de funciones.
El diputado oficialista de Podemos Juan José Molina deploró que su colega Carlos Escarrá acusara que «los 32 magistrados del TSJ eran unos delincuentes».
El deslinde del líder de Podemos ocurre una semana después de que el pleno aprobara por unanimidad acusar al Poder Judicial de usurpación de funciones al eliminar el pago del impuesto sobre la renta por ingresos distintos al salario, como bonos, lo que impediría al Estado percibir unos $280 millones.
»Exigimos pruebas, doctor Escarrá, de las denuncias que usted hizo. Exigimos que vayamos a los tribunales con esas pruebas y que dejemos de hablar aquí tonterías», afirmó Molina ante el pleno del Parlamento.
El legislador y constitucionalista Escarrá respondió que Molina defendió a los magistrados porque Podemos sería la »nueva oposición» en la Asamblea Nacional.
Ese partido ya ha sido calificado por el presidente Hugo Chávez como una fuerza »casi en la oposición», luego de que junto con el Patria para Todos (PPT, obrerista) y el Partido Comunista (PCV), que le dieron 1,7 millones para su reelección en diciembre se resisten a disolverse en el marco de un Partido Socialista Unido de Venezuela.
Escarrá refirmó que »los magistrados debían ser investigados y, de comprobarse los delitos, ir presos. Primero hay que hacer una investigación», matizó.
El líder de Podemos dijo que desde la tribuna del Parlamento »se agredió, insultó y humilló de manera desconsiderada e impertinente» a los magistrados de la Sala Constitucional del máximo tribunal del país.
En la misma sesión, el vicepresidente del Parlamento, Roberto Hernández, que preside la comisión especial que investiga la presunta usurpación de funciones por parte del TSJ, llamó a los legisladores a reformar de nuevo el artículo modificado para «ratificar la facultad privativa de legislar de la Asamblea Nacional».
Cuando Escarrá la emprendió por primera vez contra el tribunal, calificó la sentencia como «una puñalada al corazón de la revolución».
»Un magistrado hasta hace dos meses ganaba 32 millones de bolívares ($14,800) y tenía un conjunto de bonos; ahora se redujo el sueldo a 16 millones de bolívares y se aumentó los bonos, pero qué casualidad para la interpretación del Artículo 31», que excluye los bonos del pago de impuestos, ilustró.
