En el 2010 hubo 7.200 muertes por sicarios

Al menos el 47 por ciento de los 15.400 asesinatos registrados en el país durante el 2010 fueron cometidos por sicarios. Eso es lo que dicen los estudios de la Policía Nacional, que ubican la llamada ‘violencia instrumental’ (es decir, que el asesino cumple órdenes de un tercero) como la primera causa de homicidios en Colombia.

Según reveló el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, en el conversatorio ‘Desafíos criminales y acción del Estado’, realizado en Bogotá, casi cuatro de cada diez muertes tienen que ver con riñas (intolerancia); un cinco por ciento, con violencia en hurtos y un 1,3 por ciento, con violencia intrafamiliar. Las muertes por el conflicto son cada vez más marginales. No llegan al 4 por ciento.

Aunque no hay estadísticas concretas, las vendettas y ajustes de cuentas entre narcos siguen representando el motor de las muertes por encargo en Colombia.

Ciudades como Cali y Medellín tienen las cifras más altas de crímenes cometidos por sicarios, así como las más poderosas ‘oficinas de cobro’, que mueven sus asesinos a otras zonas y al exterior. De hecho, esta semana, en un foro sobre criminalidad en Houston (EE. UU.), se dio una alerta por la presencia de sicarios colombianos trabajando para narcos de México, Venezuela, Ecuador y Panamá.

El más reciente caso en Bogotá ocurrió el martes en la tarde. Las autoridades creen que el atentado contra la abogada Lina Piedad Sierra Ariza, atacada por dos sicarios en moto y quien recibió varias heridas, tiene que ver con las actividades del interno que acababa de visitar en La Picota: un señalado testaferro del capo Daniel ‘el Loco’ Barrera.

«Las ciudades se han visto afectadas por el sicariato y el traslado a lo urbano de la guerra por el control de territorios para tráfico y microtráfico», dice el general José Roberto León, director de
Seguridad Ciudadana.

En el Valle hay por lo menos 10 grandes bandas de sicarios que trabajan para los narcos del Pacífico y cuyo rastro criminal llega hasta España (ver notas anexas). En Medellín, los capos de la ‘Oficina de Envigado’ siguen siendo el eslabón más alto en una cadena criminal que empezó como ‘oficina de cobro’ y que ahora se perfila como uno de los grandes carteles del país.

Pero además de las bandas de asesinos de los narcos, hay una proporción importante de crímenes que corresponden a ajustes de cuentas personales, líos económicos y pasionales que ejecutan asesinos que se venden hasta por sumas irrisorias. «Hay casos en los que se mata por 50 mil pesos», afirma el general León.

En el centro de Bogotá, indigentes son usados como sicarios por quienes pelean el control de las ollas, pero el grueso de asesinatos por sicariato es de las bandas.

La preocupación es tan grande que en los proyectos de seguridad que el Gobierno presentó al Congreso hay dos medidas claves para frenar a los sicarios: el aumento de penas para menores (el año pasado fueron capturados casi 500 por homicidio) y para los que los utilizan; y el aumento de la pena hasta 12 años para porte ilegal y fabricación de armas, que hoy son excarcelables.

‘Los Tres Puntillas’, banda en 8 países

La banda de sicarios ‘los Tres Puntillas’, cuya existencia fue revelada por EL TIEMPO en el 2007, tuvo el año pasado su capítulo en España, con la captura en Madrid de Henry Norberto Valdés Marín, ‘Pollo’. Este hombre es señalado de ser el jefe logístico de la banda, que, según la Policía, envía sicarios a 8 países. En Colombia se le atribuyen al menos 200 crímenes.

‘Bandas pueden ponernos en jaque’

El director de la Policía, general Óscar Naranjo, reiteró ayer que las bandas emergentes, de las que hacen parte desmovili-
zados, son hoy la mayor amenaza para la seguridad en Colombia. «Si no las paramos ya, podrían ponernos en jaque», agregó.
Recordó que esos grupos cometieron el año pasado 14 masacres y que hacen presencia en 152 municipios. Insistió en que no son paramilitares y que por lo tanto sus miembros solo deben ser sometidos a la justicia. «Sería un gran error premiar a los narcos dándoles ropaje político», dijo. Volvió a recordar que la lucha del Estado a la producción de coca ha debilitado a la mafia y que, al desmejorar su capacidad exportadora, está incentivando el consumo interno. «El microconsumo es el macroproblema».

En Medellín y Cali usan menores

Medellín y Cali. En la capital de Antioquia las autoridades reconocen que las bandas más organizadas ya disponen de escuadrones de hombres destinados a la extorsión, el fleteo, control de plazas de vicio y al ‘ajuste de cuentas’ por encargo. En Medellín hay una estrecha relación entre bandas, homicidios y narcotráfico que es alimentada por un mercado negro de armas cortas y largas que son alquiladas por los mismos jefes de las bandas para ‘vueltas’.

En esa ciudad y en Cali, hay preocupación por el uso de menores como asesinos. Los llaman ‘carritos’ y algunos de ellos aseguran que reciben pagos de hasta dos millones de pesos por cometer los crímenes, por los que muchas veces no son procesados.

Restricción de motos en Barranquilla tiene que ver con violencia

Barranquilla. Que en el 46 por ciento de los delitos cometidos en Barranquilla los autores se movilizaran en motocicletas fue uno de los argumentos del alcalde Alejandro Char para defender un decreto distrital que amplía las restricciones para estos vehículos.
Bajar el sicariato fue uno de los objetivos de las medidas iniciales.

Entre otras cosas, el nuevo decreto aumenta el número de zonas con restricción para el tránsito de motos, les mantiene prohibida la circulación entre las 11 de la noche y las 5 la mañana y restringe el parrillero a familiares del conductor, que obligatoriamente debe ser el dueño del vehículo.

Las medidas han provocado protestas de los motociclistas desde el pasado viernes y ayer incluyeron vandalismo. Por lo menos 55 han sido capturados, acusados de atacar con piedras 4 buses articulados del sistema Transmetro, a vehículos de las empresas de transporte urbano y a varias Supertiendas Olímpica, de propiedad de la familia del alcalde Char.

En Barranquilla y su área metropolitana ejercen el mototaxismo 25.000 motociclistas. El director de la Fundación Nacional Centro Integral del Motociclista (Funalcim), Mario Martínez, califica el decreto como «descabellado» y cuestiona que no haya sido concertado. Los motociclistas alegan, además, que si bien entre el numeroso grupo de conductores hay mafias y que hay quienes utilizan estos vehículos para cometer delitos, por ellos no pueden pagar los que se ganan la vida ejerciendo el mototaxismo.

A pesar de las protestas, Char atribuye la disminución de un 50 por ciento de los homicidios en los primeros días de este año, al comparar con el mismo periodo del 2010, a las medidas que se han tomado y que incluyen las restricciones para las motos.

La Alcaldía y la Policía dicen que mientras en los primeros días del 2010 hubo 34 homicidios, en los del 2011, 17.