Actualidad Internacional

En el interior del campo-justicia

La sala de juicios 1A está en lo alto de una colina, en un edificio amarillo con torreón flanqueado por una inmensa bandera de EE UU. Desde allí se divisa todo Camp Justice, la peculiar ciudad de la justicia contra el terrorismo de la base militar estadounidense de Guantánamo, en la isla de Cuba. Hay una nave del tamaño de un estadio y una zona de máxima seguridad rodeada de alambradas. Las casas son decenas de tiendas de campaña con aire acondicionado y capacidad para seis personas alineadas como en un campamento del Ejército romano. Alrededor, iguanas, un paisaje casi desértico, un calor sofocante y el mar Caribe.

Podría ser cualquier lugar de cualquier isla de cualquier océano. El único rastro de civilización son unos molinos de viento que se divisan al fondo. Y sobrecoge pensar que, en algún lugar cercano, centenares de presos han sido y están siendo aislados, privados de cualquier derecho, algunos torturados.

Pero lo que está ocurriendo en la sala 1A, donde Estados Unidos celebra desde el lunes su primer juicio por crímenes de guerra en más de 50 años, no parece tener que ver con la barbarie.

Los muebles son de madera color caoba. Preside su señoría Keith J. Allred, un juez militar con toga de apariencia seria y concienzuda. A un lado se sienta el jurado, formado por cuatro hombres y dos mujeres, oficiales de alta graduación del Ejército. Hay un equipo de fiscales, otro de abogados defensores y una veintena de observadores entre periodistas y miembros de asociaciones de defensa de los derechos humanos. La sala entera se pone en pie cada vez que entra y sale el jurado.

El doble control de seguridad es el único elemento que recuerda que lo que allí está sucediendo no es del todo normal.

La escenografía judicial es impecable. El Gobierno del presidente George Bush sabe que, como dijo un juez federal la semana pasada, «los ojos del mundo están puestos en Guantánamo», así que se ha propuesto demostrar que los procesos contra los «combatientes enemigos ilegales» no son una farsa. El problema es que por debajo de estas formas aparentemente exquisitas subyace un fondo que no lo es. La persona a la que se está juzgando, el yemení Salim Ahmed Hamdan, ex chófer de Osama Bin Laden, ha sido privado durante años de los derechos más elementales.

«Aunque el juicio se parezca a los que se celebran en EE UU, en realidad no lo es», señala Steve David, uno de los letrados militares de la defensa de Hamdan. «Los presos de Guantánamo han pasado años sin asistencia jurídica, no se les aplican los derechos que tendría un prisionero de guerra normal y los abogados ni siquiera tienen acceso a todas las pruebas. Eso lo invalida todo».

El proceso está siendo sometido al escrutinio público. En Camp Justice hay en estos momentos una treintena de periodistas, que para dar paso deben ir escoltados. Pueden entrar en el juicio mediante un sistema de turnos rotatorios o verlo retransmitido en la sala de prensa con 20 segundos de retraso, por si alguno de los participantes dice algo que, según las autoridades, pueda comprometer la seguridad nacional. Los empleados de la base, hombres y mujeres muy jóvenes, son de una amabilidad casi ilimitada. Hablan de transparencia, pero las facilidades se interrumpen cuando se trata de visitar los campos de prisioneros. Los reporteros no pueden ir.

El primer día del juicio, Salim Hamdan, con ropa clara y un turbante blanco cubriéndole la cabeza, se declaró no culpable. Tiene unos 40 años -ni él mismo sabe con exactitud la fecha de su nacimiento-, esposa y dos hijos. Sigue las sesiones a través de auriculares con traducción simultánea. Parece cansado. Lo acusan de conspiración y «entrega de soporte material para terrorismo» y podría ser condenado a cadena perpetua. Sus abogados insisten en que no era más que un mero conductor que trabajaba para Osama Bin Laden en Afganistán por 200 dólares (126 euros) al mes.

El juez Allred tuvo que decidir el primer día hasta dónde había sido legal que los interrogadores presionaran a Hamdan. Y descartó como pruebas, por las «altamente coercitivas condiciones bajo las que fueron hechas», las declaraciones que éste hizo en las bases aéreas de Bagram y del valle de Panshir en Afganistán, donde fue trasladado después de su captura en 2001.

El magistrado no aceptó, sin embargo, rechazar en bloque los interrogatorios de Guantánamo, donde está desde 2002, a pesar de que sus abogados alegaron que aquí su cliente se había visto obligado a hablar después de estar sometido a aislamiento, privación de sueño y humillaciones sexuales. De hecho, ayer Hamdan pidió salir de la sala porque no quería ver el vídeo de uno de sus interrogatorios.

El juicio puede durar aún semanas. En los próximos meses habrá más, incluyendo el del presunto cerebro del 11-S. Pero sea cual sea el resultado de estos procesos, después de que el Tribunal Supremo decidiera hace semanas que los prisioneros de Guantánamo pueden defenderse ante los tribunales ordinarios, al Gobierno se le avecina una marea de demandas.

De los 800 presos que han pasado por la base quedan dentro casi 300, y todos ellos pueden pedir que un juez civil revise su detención. El presidente Bush, aunque siga enseñando orgulloso su campo-justicia, tendrá que decidir en los próximos meses cómo ordena este caos. Y los ojos del mundo estarán pendientes.

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