Exigen en Colombia castigo a responsables de trama de espionaje del Ejército

En medio de la pandemia del coronavirus que ha dejado en Colombia 358 fallecimientos y casi 8 mil casos de contagio, el escándalo por el espionaje del Ejército del vecino país a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos, sacude a toda la nación, que exige explicaciones al Gobierno y sanciones para los responsables.

La revista Semana reveló días atrás que el Ejército espió hasta hace pocos meses a por lo menos 130 personas, entre ellos periodistas nacionales y extranjeros que habitualmente cubren el conflicto armado y la corrupción militar.

Según el medio, el espionaje tuvo lugar entre febrero y diciembre de 2019 y además de los periodistas, los militares también hicieron seguimientos informáticos a «exministros, funcionarios de la Presidencia, generales, políticos y sindicalistas, entre otros», de quienes hacían perfiles que incluían hasta a familiares y contactos sociales.

Semana, que tuvo acceso a decenas de documentos y entrevistó a más de diez fuentes, denunció también que «las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera»-

Además, asegura que «parte de esos recursos terminaron utilizados para adquirir las herramientas para espiar las actividades de ciudadanos estadounidenses, en particular periodistas«.

Entre los periodistas que fueron objeto de seguimientos informáticos están varios estadounidenses, como el corresponsal del diario The New York Times, Nick Casey; el fotógrafo independiente Stephen Ferry, y Lynsey Addario, que ha trabajado para varios medios internacionales.

Duque promete castigo a responsables

A propósito de la trama de espionaje, el presidente Iván Duque calificó el hecho de «inadmisible» y prometió castigo para los responsables.

«Ese tipo de conductas frente a miembros de la prensa, frente a defensores de derechos humanos, pero también frente a funcionarios públicos y de la Casa de Nariño, son inadmisibles. Le he pedido al alto mando militar que tenemos que llegar hasta el fondo, con sanciones ejemplarizantes«, dijo el mandatario.

Asimismo, reiteró que su Gobierno tiene «cero tolerancia» con cualquier acción de miembros de la fuerza pública que se aparte de su misión constitucional.

«Por eso también transmitimos con mucha claridad que las funciones de inteligencia tienen que desarrollarse con total excelencia y con estricto apego a la ley y, sobre todo, para proteger a la ciudadanía. Y eso implica que sea utilizada esa capacidad para enfrentar la criminalidad«, manifestó el jefe de Estado.

Comisión investigará

Mientras tanto, la Comisión de la Verdad de Colombia pidió este lunes al Ministerio de Defensa que le entregue los documentos sobre el espionaje del Ejército a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos, entre otros, y aseguró que esas conductas ilegales amenazan derechos y libertades constitucionales.

La Comisión, presidida por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, subraya que la reiteración de los espionajes del Ejército «tiene que ser ocasión para que la sociedad y el sector defensa, cuya legitimidad nos importa a todos, lleguen hasta a las transformaciones necesarias que tocan el fondo del problema».

Agrega que toma con seriedad las denuncias de espionaje porque «la Comisión encuentra casos significativos en los que estas actividades dieron lugar a actos de violencia contra los señalados, procesos judiciales arbitrarios, y campañas de intimidación y desprestigio».

Fiscalía cita a general

Por su parte, la Fiscalía colombiana anunció este lunes que citará a interrogatorio al general en retiro Nicacio Martínez, comandante del Ejército entre 2018 y 2019, por el escándalo de espionaje.

Del mismo modo, la Fiscalía recordó que está investigando el caso desde enero pasado cuando Semana publicó otro reportaje en el que denunció que Martínez fue relevado como comandante del Ejército en diciembre de 2019 por las escuchas ilegales de militares a políticos, magistrados, generales y periodistas.

«Desde el 16 enero de 2020, con la información entregada por los medios de comunicación escritos, la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación abrió indagación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores», añadió.