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Fiscalía española acusa de rebelión a Puigdemont y presidenta del Parlamento catalán

La Fiscalía General de España se querelló contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y todo su gabinete, y también contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros diputados regionales por rebelión, sedición y malversación por impulsar un proceso independentista.

El Ministerio Público solicitó una fianza conjunta de 6,2 millones de euros (cerca de 7,2 millones de dólares) para todos los querellados y, en su caso, «embargo de bienes» por sus posibles «responsabilidades pecuniarias».

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ordenó el viernes pasado el cese de Puigdemont y todo su equipo de gobierno, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución.

La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un «Estado independiente en forma de república».

En ambos casos, la Fiscalía demanda que los querellados sean citados urgentemente a declarar con vistas a una «eventual solicitud de medidas cautelares». En caso de incomparecencia, se pide la detención «inmediata».

Puigdemont busca ayuda en Bélgica

Según confirmaron fuentes del Gobierno español, Puigdemont se encuentra en Bruselas, aunque no explicaron los motivos del viaje, en el que iba acompañado por cinco de sus consejeros, y donde tienen previsto solicitar «asilo» político, según fuente independentistas.

En una comparecencia ante la prensa, el fiscal general español, José Manuel Maza, explicó que la querella contra los anteriores gobernantes catalanes se tramitará en la Audiencia Nacional porque ninguno de ellos dispone ya de fuero jurídico especial tras haber sido destituidos.

Los miembros de la Mesa del Parlamento regional deberán responder ante el Tribunal Supremo, añadió Maza, pues sí cuentan con ese fuero como parlamentarios.

Los delitos y los afectados

El fiscal general responsabiliza a los anteriores miembros del gobierno catalán de decisiones y actos que han producido una «crisis institucional» que culminó con la «declaración unilateral de independencia» por parte del Parlamento catalán con un «total desprecio» a la Constitución española.

En el caso de la presidenta y el resto de miembros de la Mesa del Parlamento, Maza argumentó que permitieron la tramitación, debate y votación de la resolución sobre la independencia, así como las leyes previas del referéndum de autodeterminación y de «fundación» de la «república» catalana.

La Fiscalía responsabiliza tanto a los exgobernantes como a la Mesa de alentar «una insurrección» y «un levantamiento violento» popular para celebrar ese referéndum ilegal el 1 de octubre pasado -declarado inconstitucional- y consagrar la independencia. Y los acusa así de un delito de rebelión «o cuanto menos de sedición».

Argumenta que la violencia que requiere el delito de rebelión no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas.

Es suficiente con que «el alzamiento, por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas» tenga «capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden».

Ese día se sucedieron varios altercados con heridos entre votantes y agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que trataban de impedir el referéndum por orden judicial.

El delito de rebelión está penado en España con entre 15 y 25 años de prisión para los jefes o instigadores, y hasta 30 si se han esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia.

La Fiscalía también los acusa de malversación por el «uso ilegal de fondos públicos» para permitir el referéndum.

Las querellas afectan a una veintena de dirigentes del proceso soberanista. De ellos, catorce eran miembros del gobierno cesado, incluido el exconsejero regional de Empresa Santi Vila, quien dimitió poco antes de que se votara la resolución sobre la independencia.

Los otros seis son diputados de la cámara legislativa catalana, cinco de ellos miembros de la Diputación Permanente, órgano representativo proporcional de la cámara cuando está cerrada.

La decisión de la Fiscalía ha contado con el respeto del Gobierno español, del oficialista Partido Popular (centroderecha) y del opositor Ciudadanos (liberales), mientras que los socialistas, también en la oposición, declinaron opinar.

Por el contrario, el partido separatista catalán PDeCAT, al que pertenece Puigdemont, rechazó la «ofensiva judicial» de la Fiscalía General.

Uno de los parlamentarios querellados, Joan Josep Nuet (coalición izquierdista catalana Catalunya Sí que es Pot) consideró que la querella es «un juicio político».

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