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Fiscalía española apoya extraditar a exviceministro venezolano a EEUU

La Fiscalía española apoyó este jueves la extradición a Estados Unidos del exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela, Javier Alvarado Ochoa, investigado en el estado norteamericano de Texas por blanqueo y sobornos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.

La Audiencia Nacional celebró este jueves la vista judicial para decidir sobre la entrega a las autoridades estadounidenses de Alvarado Ochoa, quien denunció ser objeto de una persecución política.

El mismo tribunal español decidió recientemente extraditar a EEUU por delitos de narcotráfico al exgeneral chavista Hugo Armando Carvajal, quien se encuentra en paradero desconocido y también argumentó que había un trasfondo político en la petición estadounidense.

Según el acta de arresto de Alvarado Ochoa, el exviceministro presidió Bariven, la filial de compras de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y en 2011 «se involucró en una conspiración con un grupo de directivos de alto nivel» de la corporación para pedir sobornos a proveedores de la petrolera, algunos con sede en Estados Unidos.

Alvarado, que tras ser cesado en Bariven en 2013 se trasladó a España, cuenta con la nacionalidad española desde 2017, pero la Fiscalía denunció que la obtuvo de forma «fraudulenta para intentar eludir la acción de la Justicia» de su país de origen, ya que España no extradita a sus ciudadanos a Venezuela.

El exviceministro aprovechó la nueva nacionalidad española para invertir el orden de sus apellidos, otro intento, según la Fiscalía, de entorpecer las investigaciones, aunque Alvarado Ochoa argumentó que fue un «regalo» en honor de su madre, que tiene 93 años.

Alega persecución política

Según su relato, desde 2010 ha mantenido contactos con un alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. y en marzo pasado este lo invitó a una reunión en la Embajada estadounidense en Berlín. Se negó y poco después se ordenó su detención.

«Quieren mi información, quieren mis expedientes», indicó Alvarado Ochoa, cuyo abogado insistió en que EE.UU. lo reclama «no por cuestiones penales, sino por información, pura y simplemente».

Pero la Fiscalía discrepa «absolutamente» de que se le persiga por cuestiones políticas y dice que lo hace simplemente por un «delito común»: sobornos, organización criminal y blanqueo.

Argumentó, además, que la causa en los tribunales españoles se centra en el blanqueo de los presuntos sobornos obtenidos por un entramado societario radicado en Texas entre 2011 y 2013.

La investigación se inició antes en EE.UU. y aquel país está «mejor posicionado» para enjuiciar los hechos, según la Fiscalía, sin perjuicio de que la entrega pueda ser temporal o aplazarse hasta que se diriman sus responsabilidades en España.

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