Gobierno chileno promulga nueva ley migratoria que facilita las deportaciones
El instrumento legal decretado tras ocho años de tramitación en el Congreso, reemplaza a una ley que data de 1975, en plena dictadura de Augusto Pinochet
Polémica en Chile luego de que el presidente austral, Sebastián Piñera, promulgara este domingo una nueva ley migratoria que busca regular el ingreso ilegal de extranjeros, que cobra notable relevancia tomando en cuenta la gran cantidad de venezolanos que procuran llegar por cualquier vía a ese país, una normativa que ha generado críticas desde la oposición y de organizaciones promigrantes, que plantean que la norma impone una mayor «rigidez» fronteriza y procura agilizar las deportaciones.
El instrumento legal, decretado tras ocho años de tramitación en el Congreso y que reemplaza a una ley que data de 1975, estipula que los extranjeros que quieran radicarse en el país deberán solicitar una visa para este fin en los consulados chilenos, al tiempo que crea el Servicio Nacional de Migraciones para estandarizar los procesos migratorios.
«El objetivo es poner orden en nuestra casa a través una política ordenada, segura y regular que permita la inmigración legal y combata la ilegal«, afirmó Sebastian Piñera sobre la normativa, que busca facilitar las deportaciones y exige obtener un visado en el país de origen, con el fin de evitar que extranjeros ingresen en calidad de turistas y cambien su situación migratoria para buscar trabajo.
Aumento del flujo migratorio
La promulgación de la ley se produce en un momento de auge migratorio, especialmente en la frontera norte, entre Chile y Bolivia, donde durante febrero y marzo se registró la entrada de miles de inmigrantes de manera irregular -en su mayoría venezolanos- que provocó el colapso de varias pequeñas localidades fronterizas.
Específicamente, en enero de este año, casi 4 mil venezolanos intentaron ingresar a pie desde Bolivia hasta Chile, principalmente por el paso fronterizo de Colchane, a más de 3.500 metros de altitud, soportando el clima duro del altiplano y la hostilidad de los habitantes de la zona.
El Ejecutivo de Piñera autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir el tráfico ilícito de migrantes en ese punto de la frontera, al tiempo que expulsó a 87 personas, incluyendo más de 40 venezolanos, que habían ingresado de manera irregular a territorio chileno
Reacciones
La ley ha provocado un amplio debate en el estamento político chileno: mientras que para el oficialismo esta nueva regulación es la vía para enfrentar el creciente fenómeno migratorio, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras desembocará en un aumento de migrantes que cruzan por pasos no habilitados.
«Esta ley supone un cierre de posibilidades para los trabajores migrantes y va en contra de los avances de los acuerdos bilaterales en la región«, aseguró Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile.
Asimismo, la directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes de Chile, Waleska Ureta, aseveró que la medida «deja un espacio muy amplio de discrecionalidad y sin control de la autoridad policial que está en frontera«, resaltando el particular perjuicio para los venezolanos.
«Las personas que provienen de Venezuela, que están viviendo una crisis humanitaria en su país, deben ser consideradas como sujeto de protección, más aún con las crisis sanitaria por el covid-19 que mantiene cerradas las fronteras«, sostuvo Ureta.
Según el Departamento de Extranjería y Migración chileno, hay 1,4 millones de migrantes en ese país, lo que equivale a más de 7% de la población. Los venezolanos son los más numerosos (se estima que sobrepasan los 500 mil), seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
